Las autoridades del municipio de Barrancabermeja, en el departamento fronterizo de Santander, le dieron un plazo de cinco días a la Unión Sindical Obrera (USO), para desmontar la polémica valla que fue instalada a finales de septiembre en la que aparece el mensaje: “No es persecución política. Tiene ese número por bandido” junto a la imagen del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La valla instalada en la carrera 11 del puerto petrolero, en la esquina del Ferrocarril, que menciona en letras negras “Sabemos quién dio la orden. Y en Barrancabermeja exigimos justicia”, y en la que aparece la fotografía de reseña del expresidente Uribe, deberá ser desmontada por la USO o de lo contrario deberán asumir sanciones legales, según el Inspector Urbano de Policía de esa ciudad.
Esta decisión se tomó luego que la Secretaría de Planeación del puerto petrolero compulsara información a la Inspección de Policía de Barrancabermeja, para que las autoridades ordenaran el desmonte de la valla por no contar con los permisos reglamentarios por la entidad.
“Revisando los archivos de la Secretaria de Planeación, se pudo verificar que no se registra solicitud de permiso para la exhibición de la valla. (...) No existe el permiso correspondiente para la publicidad de la valla en cuestión y la carencia de la misma se entiende como una infracción urbanística”, menciona el documento enviado a la USO conocido por El Tiempo.
La valla hace referencia a los murales instalados en Bogotá que tenían el mensaje “¿Quién dio la orden?”, junto a las caras de algunos comandantes del Ejército de Colombia con las cifras de las ejecuciones extrajudiciales que presuntamente se habrían cometido en sus años de comandancia y que fueron censurados.
La de Barrancabermeja, a su vez, enuncia “Detenido por soborno en actuación Penal y fraude procesal” y el numeral “QuePareElGenocidio”, debajo del número de reseña del expresidente Uribe.
<mark class="hl_orange">La polémica</mark>
El juzgado Tercero Civil de Barrancabermeja declaró improcedente una tutela presentada por un ciudadano de este municipio, que pretendía que la polémica valla fuera desmontada de su lugar, por lo que el anuncio siguió en su sitio por más de un mes.
Por otro lado, el partido de Gobierno, Centro Democrático, había anunciado su intención de demandar a los integrantes de la USO por los delitos de injuria y calumnia. En esa ocasión, el representante a la Cámara de Representantes por Santander Erwin Ballesteros había señalado que se respetaba la libre expresión pero no la difamación.
“Ya lo estamos adelantando dentro del marco desde luego que nos brinda la legalidad, para mirar si hay posibilidad de otro tipo de acciones para exigir el desmonte y la reivindicación de los derechos por parte de quienes los han vulnerado”, aseguró Ballesteros.
Por su parte, el presidente de la USO Edwin Palma Egea, respondió a los comentarios en su cuenta de Twitter que “la USO siempre ha estado involucrada en los asuntos políticos que definen los designios de toda una Nación. Siempre ha sido defensora de la paz, de la solución política del conflicto armado y ha mantenido en alto su postura clasista y anti-uribista”.
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