Así lo revelan investigaciones y entrevistas en terreno por parte de la Defensoría del Pueblo. Por otro lado, según investigaciones del centro de pensamiento Fundación Paz y Reconciliación, dirigido por León Valencia y Ariel Ávila, los carteles mexicanos tienen presencia en Colombia desde 2018.

Según investigaciones de la ONG en el país tienen presencia el cartel de Sinaloa Nueva Generación y Los Zetas, esto con el fin de negociar la coca y garantizar su pureza.

Según el informe de la Fundación Paz y Reconciliación, “La presencia de carteles mexicanos en el departamento del Cauca se ha identificado a través de relatos de personas del territorio y también mediante panfletos que han circulado en los municipios de Toribio, Corinto, Argelia, Jambaló, entre otros”.

Además agregan que “hay cuestionamientos sobre la veracidad de estos panfletos, no obstante, su aparición coincide con el aumento de amenazas y asesinatos en el territorio”.

El informe de esa organización arroja una conclusión importante “La presencia de carteles mexicanos en el país coincide con los lugares de mayor intensidad de cultivos de coca o con corredores estratégicos para el narcotráfico: Costa Pacífica nariñense, Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño, Norte del Cauca y Magdalena. En algunos territorios, el cartel de Sinaloa ha financiado a grupos en disputa. lo cual da cuenta de la relación instrumental que han tejido estas estructuras criminales”.

Según la Defensoría del Pueblo, ya empezó a aparecer evidencia de que por lo menos tres carteles mexicanos están moviendo la guerra en el país.

Una investigación en terreno de la entidad asegura que, los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación trasladaron su rivalidad a al menos cinco departamentos de Colombia.

Inicialmente, luego de la extradición de los jefes de las Autodefensas (2008), capos mexicanos acordaron distribuirse algunas zonas de narcocultivos y narcorrutas, para garantizar un aumento en la producción, que pudiera cubrir la demanda en Estados Unidos, Europa y Asia.

Además de esto, según investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, “se identifican dos formas de relacionamiento entre carteles mexicanos y grupos armados colombianos tras el fin de las Farc-Ep como guerrilla: financiación y articulación. La financiación se da a través de la inyección de grandes capitales y armas, este es el caso de Los Caparros, en la subregión del Nudo de Paramillo. La articulación se da a través de la búsqueda del trabajo conjunto en función de la regulación de la cadena de producción y comercialización de la cocaína, este es el caso de la relación construida entre el cartel de Sinaloa y el Clan del Golfo, en el Bajo Cauca antioqueño y en Magdalena”.

En su momento, el fiscal Néstor Humberto Martínez había advertido sobre esta situación.

“Los carteles mexicanos ya empezaron a adquirir plantaciones de coca en Colombia. Hemos capturado a agrónomos e ingenieros de ese país que están mejorando en laboratorios la productividad de la planta y cada vez es mayor el número de ciudadanos de esa nacionalidad que participan en actos delictivos: va más de un centenar”, sostuvo Martínez.

Después de la firma del Acuerdo final con las Farc, los carteles y grupos de narcotráfico se concentraron en obtener control de zonas. De acuerdo con el informe de la Defensoría del Pueblo, Sinaloa se alió con las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en el noroccidente del país.

En conjunto empezaron por capturar narcorrentas y a liderar la distribución de coca. Pero ahora “están respaldando el enfrentamiento armado entre las AGC y el Bloque Virgilio Peralta (conocido como ‘Caparros’ o ‘Caparrapos’)”, señala la Defensoría.

Estos últimos están recibiendo inyección de recursos del cartel de Jalisco Nueva Generación, para enfrentar al bando de Sinaloa.

Esa disputa se evidencia en la violencia que se registra en Valdivia, Bello, Medellín, Caucasia, Tarazá, Cáceres, El Bagre, Zaragoza y Nechí, en Antioquia. Además, en el convulsionado orden público en Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré (Córdoba), que la Defensoría ha dejado plasmado en alertas tempranas que le ha enviado al Gobierno Nacional y a las autoridades locales.