El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que, a 24 de octubre, son 98.056 las hectáreas de coca erradicadas, lo cual superan el total de erradicación de 2019. Pero, recalcó, los números pueden superarse gracias a la aspersión aérea que, se espera, reinicie pronto en el país. El restablecimiento de la aspersión se llevará a cabo con once aviones, cuatro de ellos adaptados con cámaras para ubicar correctamente las plantaciones.
El plan de manejo ambiental para la correcta erradicación de cultivos ilegales y la aspersión aérea está a cargo de la Policía Antinarcóticos. Este plan establece que las aeronaves utilizadas deben cumplir con ciertas características. Por ello, se adaptaron los aviones AT-802 (de Air Tractor), que serán piloteados por civiles expertos, ajenos a las fuerzas militares, para dar cumplimiento al programa de aspersión.
En compañía de la cúpula militar y policial, se hizo la presentación y revisión de las aeronaves que, gracias al Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos (SIIMA), permitirán identificar los puntos exactos que se deben intervenir por la presencia de cultivos ilícitos.
El AT-802 es un avión de agricultura totalmente metálico que puede ser adaptado para la lucha aérea contra incendios. En este caso, fueron modificados con cuarta tecnología para mayor precisión, aseguró el general Luis Ramírez, director de la Policía Antinarcóticos. Las aeronaves, utilizadas en Chile, Argentina, Perú, Brasil, Centroamérica y Norteamérica para la aplicación de plaguicidas, señaló a El Tiempo un oficial encargado de estructurar el plan de regreso de la aspersión.
El Air Tractor abrirá sus boquillas de aspersión 12 metros dentro del cultivo y las cerrará 20 metros antes de salir, teniendo en cuenta factores como el viento y las condiciones climáticas. Esto garantizará que no se genere daño al medio ambiente, dada la exactitud de los aspersores y la particularidad de poder sobrevolar a bajas alturas, aseguraron las autoridades.
Las boquillas 11TT0015 son prácticas y, gracias a ensayos realizados en el túnel del viento (herramienta para simular las condiciones que experimentará un objeto en una situación real a través de la propulsión de aire o gas) en Nebraska, Estados Unidos, se logró demostrar que una sola gota del grosor de, aproximadamente, 5 cabellos sobre la hoja es capaz de fumigar el cultivo.
El oficial aseguró que su capacidad de vuelo es de cuatro o cinco horas y, de acuerdo con la cantidad de mezcla transportada, pueden asperjar hasta 44 hectáreas. Así, pueden hacer hasta tres misiones al día para erradicar 132 hectáreas, en comparación con las 19 hectáreas que se logran exterminar con la erradicación manual.
El ministro Holmes también anunció que el gobierno de Iván Duque implementó, por primera vez, las 10 acciones para que la captura de información, transmisión de datos y validación de las hectáreas erradicadas sea transparente, con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas.
El ministro le respondió a quienes se oponen al reinicio de estas operaciones que el enemigo no es el glifosato, “es el narcotráfico que mata, deforesta, produce destrozos constantemente” y, por ello, es necesario asperjar lo antes posible". En entrevista con la revista Semana, aseguró que estos cultivos son financiados por grupos narcotraficantes en resguardos indígenas poniendo en peligro a las comunidades.
Aún se debe dar cumplimiento a algunos requisitos exigidos por la Corte Suprema de Justicia, pero, según el general Luís Ramírez, están prontos a terminar para, además, adquirir la licencia correspondiente otorgada por la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales). Luego, se espera citar al Consejo Nacional de Estupefacientes para tomar la decisión final y lograr el reinicio de las aspersiones con glifosato en el país.
Según el medio digital Razón Pública, el gobierno debe modificar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para reiniciar las fumigaciones y adelantar diálogos con las comunidades que no han tenido presencia en las audiencias virtuales. También señalan que el total de hectáreas fumigadas entre 2005 y 2014 le costó al país $79,9 billones. La mayor preocupación son las consecuencias sobre la salud de los campesinos y pobladores pues fue el glifosato fue catalogado como sustancia cancerígena por el Centro Internacional de Investigaciones sobre Cáncer. Asimismo, el Grupo de Epidemiología y Salud Poblacional de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle lo involucra en abortos involuntarios.
Los otros números de la erradicación
A finales de julio, el gobierno nacional anunció que, por primera vez en cinco años, se detuvo el crecimiento de cultivos ilícitos. El informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIIMA), presentado en compañía de Pierre Lapaque, representante de Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), reporta una reducción de 2.000 hectáreas de coca entre 2017 y 2018.
Sin embargo, Camilo González Posso, presidente de Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), no hubo mayor reducción pues se tiene la misma área cultivada de 2017 y, departamentos como Bolívar, Cauca y Norte de Santander, presentan un aumento del área sembrada de cultivos ilícitos.
Posso también asegura que los mayores índices de efectividad se obtuvieron gracias a los planes de erradicación concertada frente a la erradicación forzada que ha impulsado el gobierno. Además, en el boletín informativo del 24 de abril de 2020, Indepaz señala que, durante 2020, se han presentado, como mínimo, 16 acciones de ofensiva contra pequeños cultivadores en su mayoría inscritos en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Estos conflictos entre la comunidad y la Fuerza Pública, ocasionaron que, el 19 de marzo de 2020 fuera asesinado Marco Rivadeneira, líder que promovía la sustitución de cultivos ilícitos, en la vereda Nueva Granada, municipio de Puerto Asís, departamento de Putumayo. El 22 de marzo miembros de la Fuerza Pública atacaron a la comunidad del municipio con bombas manuales para fumigar con glifosato los cultivos de hojas de coca.
El 22 de abril, en el Resguardo Indígena Awa de Inda, Ricaurte, departamento de Nariño, la Policía Nacional le disparó a Ángel Artemio Villareal y acabó con su vida. Otras tres personas resultaron heridas. Los campesinos, durante estos procedimientos de erradicación forzada, también han sido víctimas de golpes, disparos, intimidación, detenciones, agresiones, extinción de dominio y quema de picaderos y casas.
El comunicado también asegura que, después de tres años de iniciado el programa de sustitución, las comunidades han cumplido con el 96% de las metas, pero el gobierno no cumplió con los pagos de sostenimiento que debían cubrirse en el primer año. Tampoco han entregado tierras a los 40.000 cultivadores que firmaron el pacto de sustitución ni “han reubicado a colonos cocaleros que habían ocupado propiedad colectiva indígena de comunidades negras o de zonas de parques naturales”.