Por: Mario Perlaza
En 2013, Alejandro* se acercó al Batallón Pichincha de la Ciudad de Cali a resolver su situación militar con la motivación de poder salir del trámite obligatorio para todos los hombres colombianos y tener asegurado, en su momento, un trabajo mejor remunerado y poder participar de múltiples convocatorias públicas al graduarse. Iba en los primeros semestres de su carrera y tenía 19 años.
“Me acerqué al batallón a averiguar y el trato siempre fue muy malo por parte de ellos (los militares). Eso te genera predisposición. Me dijeron que yo no servía para eso, que me dedicara a mi estudio y luego resolvía cuando acabara”, relató el joven.
En ese momento no pudo concluir el proceso y decidió esperar. En 2014, Alejandro revisó su estado en la página del Ejército y se enteró de que para esa fecha su multa como remiso ascendía a los 3 millones de pesos, por eso se volvió a acercar al batallón. Para esa fecha, Alejandro ya había pasado la mitad de su carrera y tenía más bases jurídicas, que según él serían suficientes para afrontar al Ejército Nacional en un proceso de defensa. “Ya conocía la objeción de conciencia”, afirmó.
Sin embargo, solo hasta 2017 la Ley 1861, en su artículo 12, les permitió a todos los hombres colombianos interponer un derecho de petición ante las fuerzas armadas explicando por qué prestar el servicio militar va en contra de su ideología de vida, ya sea por motivos religiosos, filosóficos, éticos, morales o políticos. “Lo malo es que ese proceso no está bien desarrollado en Colombia porque la decisión de si eres objetor o no la toma el mismo Ejército”, afirmó Alejandro, quien se graduó de abogado en 2018.
“Para esa fecha no existía una ley que explicara de qué forma presentarla, cuáles eran los requisitos y, ante ese vacío, me dirigí a la brigada del Ejército y ellos me dijeron que eso no existía, que eso era pura cobardía y que a la final me iban a llevar”. A pesar de que él les argumentó que no se sentía en capacidad y que al ser un hombre gay no se sentía representado por la institución. Los soldados se le rieron en la cara. “Me dijeron que el ser homosexual no me hacía menos persona, que fuera machito y prestara el servicio militar”, contó Alejandro. Ese día la responsabilidad que tenía como hombre colombiano pasó a ser un largo dolor de cabeza.
Fue hasta 2017 cuando el artículo 76 de la misma Ley 1861 permitió la jornada de amnistía para los remisos. Alejandro no dudó un segundo y buscó la información necesaria para hacer parte. Su multa ya se acercaba a los 7 millones de pesos.
El problema para él fue enterarse de que la jornada solo aplicaba para mayores de 24 años, y Alejandro tenía solo 22. “Yo en ese momento tenía pareja y llevábamos menos de un año, y cuando revisé las causales de excepción a las que podía acceder más fácil, vi que podía casarme o tener unión marital de hecho, que es la misma figura”.
Desde 2016, el Congreso de la República aprobó en una votación unánime que se eliminara la libreta militar como requisito para acceder a un trabajo, sin embargo, la persona debe resolver su situación militar en un plazo de 18 meses después de ser contratado. Para Alejandro, la jornada de amnistía era su única salida y la más pronta.
“Yo estaba muy nervioso al hacerle la propuesta a mi pareja, pero sí le dejé muy claro que esto no tenía nada que ver con un nivel de compromiso mayor en la relación. Era solo un favor”. Su novio se rió y le dijo que estaba loco, que él siendo abogado podía hacerle algo y salir perdiendo. “Lo pensamos por dos o tres semanas, pero al final accedió”.
No lo hicieron por un juzgado a pesar de que era más económico, sino por una notaría porque el proceso es mucho más rápido y eso era lo que necesitaba Alejandro, ya que la jornada de amnistía se acercaba y no había tiempo de esperar por un juez. El valor total de la unión marital de hecho fue de 300.000 mil pesos. “Me los prestó mi mamá que me apoyó. Mi papá no sabe y si se da cuenta me mata”, afirmó el joven.
“Hay que hacer una solicitud donde las dos personas expresan querer constituir una unión marital de hecho y donde aseguran que llevan conviviendo juntos un tiempo considerable, requisito que no cumplíamos, pero no fue necesario presentar un documento que lo certificara, en la notaría creen en tu testimonio”.
La diferencia entre una unión marital de hecho y un matrimonio es que en el primero, la sociedad patrimonial de hecho (el momento en que los bienes adquiridos por algunas de las partes entran a ser de los dos) se da después de los dos años de constituir la unión oficialmente, acción que es inmediata en el matrimonio, a partir del día en que firman. El matrimonio puede ser civil o religioso, mientras que la unión marital de hecho es solo civil. En el matrimonio los contrayentes se llaman cónyuges, en la unión marital de hecho se denominan compañeros permanentes.
“El trámite duró dos semanas, más o menos. En una semana presentamos la solicitud, luego nos citaron para explicarnos en qué consistía el proceso y luego nos volvieron a citar para firmar el 2 de noviembre de 2017. Dos días después nos entregaron la copia de la escritura y ya, estábamos ‘casados’”, contó el joven.
Con la escritura que confirmaba una especie de matrimonio, inició la jornada de amnistía de remisos en el Estadio Pascual Guerrero, en Cali, el 20 de noviembre de 2017 y se extendió hasta el 24 del mismo mes. Alejandro asistió desde el primer día, llegó a las 3:00 de la mañana y logró entrar al estadio cerca de las 9:30 a.m. Lo ubicaron en una tribuna inferior y podía ver cómo todo el lugar estaba lleno de personas en su misma condición. No comió porque dentro del recinto no vendían nada y no se podía salir. Cerca de las 3:00 p.m. entregaron los turnos, el suyo era el 600.
Ese día no alcanzó, le dijeron que las personas que tenían ciertos números volvieran al otro día, por lo que Alejandro regresó el 21 de noviembre desde las 6 a.m. al Pascual. Adelantó la fila y estuvo sentado en la tribuna hasta las 2 p.m., cuando anunciaron su turno.
Al acercarse a la mesa lo primero que le pidieron fue su número de cédula para verificar que su estado fuera remiso. Después, un militar le cuestionó su presencia en el lugar porque al parecer no contaba con ninguna excepción. “Tengo una unión marital de hecho”, le respondió Alejandro. El hombre asumió que era con una mujer, por lo que al recibir la carpeta buscó en cada documento a alguien que nunca encontró. “¿Dónde está el nombre de su mujer?”, le preguntó.
“Cuando le dije que era con un hombre, el man no me podía mirar a la cara. Era tanto el desconocimiento frente a que esa unión se podía dar entre dos personas del mismo sexo que tuvo que verificar si era legal lo que le estaba presentando. Esperé 30 minutos y, con una mala actitud, volvió y me dijo ‘sí, le tengo que admitir esto’, y me entregó el recibo”.
Ese día no alcanzó a pagar, tuvo que volver a las 6 a.m. A las 10 a.m. lo pasaron a los sótanos del estadio para pagar 110 mil pesos, el valor final del documento. La fila duró dos horas. Finalmente, a las 4 p.m. le tomaron la foto para la libreta militar y a las 6 p.m. salió del estadio con ella en la mano.
Alejandro sigue casado. La relación con su compañero terminó en 2019 y, hasta hoy, no han podido declarar la disolución de su unión. “Él (su expareja) me lo ha pedido en varias ocasiones, pero no he tenido el dinero para hacer el proceso. Una vez le dije que si él lo pagaba yo no tenía ningún problema en firmar, pero después de pensarlo, me reclamó que por qué él debía asumir el total del costo si el favor me lo había hecho a mí, y es cierto, pero no tengo cómo pagar el 50% del proceso”, dijo Alejandro quien hoy tiene otra relación y una oficina propia de abogados que fue uno de los negocios que se afectó por la pandemia del covid-19.
Por ahora, tanto Alejandro como su expareja viven para el otro, quizá no sentimentalmente, pero sí económicamente, porque desde el año pasado se conformó oficialmente la unión patrimonial, por lo que todo lo que adquieran de ahora en adelante le pertenecerá también al otro. Así funciona el matrimonio.
*Nombre cambiado por solicitud del entrevistado.