“Hoy lo que concebí como un sueño es una realidad con la firma del A.F. de Paz y estoy preparada para asumir el deber ético de ayudar a su cumplimiento.” expresó Mirtha Patricia Linares Prieto en su carta de motivación para pretender el cargo máximo en el principal órgano gestor de paz.
El 26 de septiembre de 2017, Linares Prieto fue escogida como presidenta de la Justicia Especial para la Paz (JEP), tribunal transicional pactado en los Acuerdos de Paz de La Habana, en lo que prometía ser una gestión enfocada a los derechos de las minorías.
Desde la primera lista de magistrados, que se destacó por su buena cantidad de académicos, se pudo evidenciar el tinte plural de los trabajadores por la justicia en tiempos post-guerra. De 38 magistrados y 13 suplentes, más de la mitad eran mujeres, con 28 de 51. Además, se contaba con una representante indígena, Ana Manuela Ochoa, y considerable diversidad racial.
Linares expresó desde el principio su sorpresa por haber sido escogida para el cargo. Sin embargo, siempre destacó que su gestión era un periodo para generar confianza en la ciudadanía. Según la aún presidenta, en entrevista con El Tiempo, justifica su elección “como un reconocimiento a las mujeres y a la trayectoria en derechos humanos, el trabajo por las víctimas, la memoria y la verdad”. A pesar de agradecer la confianza en ella, reconoció la dificultad de su rol.
Antes de ser presidenta de la JEP, Linares enfocó su carrera en derechos humanos y garantías de la mujer, siendo consultora y asesora jurídica de varias organizaciones que los defienden, como Naciones Unidas.
El primer año de la JEP bajo su mando estuvo lleno de obstáculos puestos por los detractores de la paz, encabezados por el partido Centro Democrático. Por las pujas del partido y sus afines, la opinión pública tenía una percepción del tribunal como el lugar en el que los crímenes de guerra permanecían impunes y sin titulares.
“Ha sido un camino complejo, difícil, como sólo puede serlo el camino que como sociedad debemos recorrer para dar el paso definitivo, añorado durante medio siglo, de la irracionalidad de la guerra a la humanidad de la paz”, expresó Linares en su discurso de balance del primer año.
Sin embargo, se pudieron ver resultados. En los cinco primeros grandes casos abarcados por la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, se reconocieron 32.200 víctimas. Además, contaron con participación efectiva de 105 víctimas en 13 audiencias públicas y privadas y 168 informes de diferentes actores del conflicto.
Incluso, 11.661 personas relacionadas con el conflicto se comprometieron a comparecer ante el tribunal. La administración de Linares, a pesar de los esfuerzos por deslegitimar el órgano transicional, contó con la presencia de 9.687 actores de las FARC y 1.938 integrantes de la Fuerza Pública.
En su segundo año, la JEP comenzó a funcionar como tribunal profiriendo 16.500 decisiones judiciales y llevando a cabo 82 audiencias. En el marco de los siete macro casos de la Sala de Reconocimiento para 2019, la JEP recibió 256 versiones presenciales y 43 versiones escritas de comparecientes. Además, en uno de los casos, contó con 350 comparecientes de las extintas FARC.
Al concluir 2019, un total de 12.235 personas se habían sometido a la JEP: 9.720 ex FARC, 2.431 de la Fuerza Pública, 72 agentes del Estado y 12 por protesta social. Asimismo, la JEP estudiaba solicitudes de sometimiento de 916 terceros y agentes del Estado diferentes a Fuerza Pública.
“Nuestra tarea apenas se inicia, sentamos las bases, construimos cimientos sólidos, despertamos corazones y conciencias, lo avanzado hasta hoy nos permite decir que paulatinamente contribuiremos a que esa verdad hasta ahora esquiva”, afirmó Linares.
En 2020, un año obstaculizado por la pandemia, la ONU felicitó a la JEP por sus avances desde que se declaró la cuarentena nacional. A diferencia de otros tribunales, el órgano de paz avanzó en siete casos y tomó 115 decisiones judiciales. Ante esto, Naciones Unidas destacó la productividad del tribunal.
“Finalmente, el Secretario General de la ONU subraya que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición continúa desempeñando un papel muy importante en el objetivo de poner a las víctimas en el centro de la construcción de paz y exhortó a todos los actores a que continúen apoyado a sus tres componentes”, reza un comunicado del tribunal.
Patricia Linares termina el 4 de noviembre su periodo como presidente y es reemplazada por Eduardo Cifuentes, quien es actualmente presidente de la Sección de Apelación de la JEP. A pesar de que su funcionamiento está previsto hasta por veinte años después de la firma del acuerdo, varios sectores políticos, encabezados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, proponen la eliminación del tribunal transicional.
Con la salida de Linares, el nuevo presidente, abogado de la Universidad de los Andes y anteriormente magistrado de la Corte Constitucional, enfrenta el reto de mantener en firme uno de los ejes centrales de los acuerdos pactados en La Habana.