Unión interparlamentaria solicita información al Congreso sobre el caso Uribe

La misiva se dio en respuesta a una carta enviada a la organización por la defensa del exsenador Uribe, en la que alegaban falta de garantías en la investigación.

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El exsenador Álvaro Uribe dando sus declaraciones luego de haber sido declarado en libertad. REUTERS/Luis Dario Diaz. NO RESALES. NO ARCHIVE.
El exsenador Álvaro Uribe dando sus declaraciones luego de haber sido declarado en libertad. REUTERS/Luis Dario Diaz. NO RESALES. NO ARCHIVE.

La Unión Interparlamentaria, organización encargada de representar la rama legislativa de todos los gobiernos a nivel mundial, le envió, este miércoles, una carta al presidente del Congreso, Arturo Char, solicitando información sobre quejas presentadas por la defensa de Álvaro Uribe respecto a la investigación que se le está adelantando.

En la carta, la organización le pide al Congreso de la República brindarle toda la información que tenga sobre la supuesta falta de garantías en la investigación que llevó a cabo la Corte Constitucional a Uribe, la supuesta interceptación ilegal de su teléfono, y la violación al derecho de la intimidad y la seguridad.

“Es sumamente importante para el Comité conocer la posición oficial con respecto a estas alegaciones. Por lo tanto, le agradecería mucho que tenga a bien velar porque recibamos esa información, junto con toda información que estime pertinente”, indicó la Unión Interparlamentaria en la carta.

En el mismo documento, la organización también manifestó su interés en conocer la opinión del Congreso en relación con “la filtración del expediente del señor Uribe a medios de comunicación y adulteración del material probatorio por parte de funcionarios estatales”.

Luego de conocerse la petición de la Unión Interparlamentaria, el abogado de Álvaro Uribe, Víctor Mosquera, celebró la decisión a través de sus redes sociales.

“Agradecemos al ilustre Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios por su pronta respuesta frente a la queja presentada por la firma, y confiamos en que el fallo que emita dicho comité contribuirá inmensamente para que el Estado de Colombia garantice los derechos humanos del expresidente Álvaro Uribe Vélez”.

Esta solicitud se suma a la hecha, hace una semana, por el congresista republicano Francis Rooney, quién le pidió, a través de una carta, al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que vigilara el proceso y revisara las garantías del proceso judicial en contra del expresidente Uribe.

En la misiva, Rooney señaló tres puntos que, de acuerdo con él, son fundamentales y deben ser revisados por la organización.

En primer lugar, las interceptaciones al teléfono de Uribe, que, de acuerdo con el congresista republicano, fueron irregulares; en segundo lugar, que el proceso judicial estuviera basado en un único testigo, Juan Guillermo Monsalve, y, finalmente, la imposibilidad de la defensa de poder interrogarlo.

“Aunque me alegró ver a la jueza Clara Salcedo ordenar que el presidente Uribe saliera del arresto domiciliario, mientras que está siendo investigado, insto a la OEA a que siga vigilando de cerca el caso y revise las garantías básicas del debido proceso que se aplicaron a la investigación y arrestó”, resaltó el congresista republicano en su carta.

Uribe declarado en libertad

El pasado 10 de octubre, la jueza de garantías Clara Ximena Salcedo declaró que el expresidente Álvaro Uribe recobraría su libertad, luego de estar dos meses en prisión domiciliaria en su finca el Ubérrimo, ubicada en Córdoba.

Uribe se encontraba detenido por una investigación que se le está realizando por soborno a testigos y fraude procesal.

El fallo de la juez se dio al acogerse al argumento de la defensa del exsenador, de que para la existencia de una medida de aseguramiento en el sistema de la ley 906, es obligatorio que primero se lleve a cabo una audiencia de imputación formal de cargos.

De acuerdo con la Revista Semana, a nivel jurídico la libertad del exsenador, no significa que el proceso judicial haya terminado, pues aún hay muchas pruebas que deben ser analizadas por la Fiscalía y debatidas por un juez.

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