Testigos en el caso de abuso sexual a niña embera denuncian amenazas de muerte

Cristian Valencia, abogado defensor del grupo de siete soldados acusados de abusar sexualmente de una niña Embera Chami el 21 de julio de este año en el corregimiento de Santa Cecilia, Pueblo Rico en Risaralda, denunció que tres testigos claves en la defensa de sus clientes fueron amenazados de muerte.

En medio de la audiencia de juicio virtual en contra de los siete uniformados en la Procuraduría General de la Nación, Valencia aseguró que sus testigos no estaban dispuestos a hablar, por el temor de que las amenazas de muerte en su contra se hagan realidad. Según el abogado, la intimidación contra sus testigos se había hecho “por parte de la comunidad indígena”.

“Fueron amenazados de muerte por personas de la comunidad indígena (...) que si ellos declaraban iban a atentar contra su integridad (…) me dicen que iban a salir en todos los medios de comunicación y que si ellos llegaban a rendir ese testimonio iban a cumplir con las amenazas”, le manifestó Valencia a Hernán Rincón, el procurador encargado del caso.

Tras la denuncia, Rincón dio la orden de remitir la grabación en la que Valencia explicaba las razones de la ausencia de sus testigos a la Fiscalía más cercana del lugar, en Apía, Risaralda. El video, por orden de Rincón, será sometido a investigación penal por un caso de “presunta amenaza a testigos”.

Valencia aseguró que ya había tomado las acciones legales necesarias para asegurar la protección a los tres testigos que declararían a favor de Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, Luis Pérez Holguín, Juan David Guaidi Ruíz, Óscar Eduardo Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández.

Esta denuncia se dio una hora antes de la cita que tenían los tres hombres en la Personería de Pueblo Rico, Risaralda. Los testigos le avisaron a su abogado que les había llegado, a sus celulares, mensajes amenazadores que, básicamente, les prohibían ir a declarar y que, de hacerlo, sus vidas corrían peligro, explicó Valencia.

A pesar de la negativa inicial de los tres hombres a declarar por miedo a atentados en contra de su vida, uno de ellos, Esaú Puertas Guiral, accedió a hablar con la entidad.

Puertas, quien trabaja como contratista en la construcción de vías, contó que conoce a la niña y a la familia desde hace tiempo y, que el día de los hechos, la mamá de la niña le había dicho que la menor estaba desaparecida. El testigo cuenta que fue con ella a buscarla pero que no la encontraron, y que fue al día siguiente cuando recibió la llamada en la que le explicaban que “a la niña la tenían los soldados”.

El segundo de los testigos que tenía Valencia fue descartado por el mismo abogado y, el tercero, aseguró que no hablaría hasta que no se le dieran garantías de su seguridad.

Sumado a esto, en la audiencia en la que se denunciaron las amenazas de muerte a testigos, se cuestionó la ausencia del abogado de la víctima, una niña embera de 12 años.

Respecto a la menor, hablaron otras cuatro personas, entre ellas el médico forense encargado del caso, Campo Elías Ochoa, quien dio un parte del estado físico, mental y emocional de la niña.

Ochoa le explicó al Procurador, y a los asistentes de la audiencia, que “la menor estaba con los signos de alerta normales, memoria adecuada, sin cambios en su estado de ánimo y que le narró lo sucedido en español”.

A este parte de salud se unió la psicóloga Lenny Gizeth Maturana Rodríguez, de la Comisaría de Familia de Pueblo Rico, Risaralda, quien aseguró que, “la niña no presentaba ansiedad o comportamientos extraños al hablar de los hechos, se refería la situación con tono de voz monótono y estable, y contestó a todas las preguntas de buena disposición”.

Alexandra Castillejo, médico general del hospital San Rafael de Pueblo Rico, explicó que la menor se mantenía estable, que “sus signos, peso y talla estaban normales”; agregó que, “en la valoración no se encontraron signos de hematomas ni similares en su cuerpo” y que “(...) no fue examinada su zona íntima”.