Murió el caso Interbolsa: se declaró prescripción de lo que resta del proceso en tribunal de Bogotá

La juez 33 de circuito de Bogotá declaró prescrito el caso por el descalabro de Interbolsa contra Álvaro Tirado Quintero, expresidente; Álvaro Andrés Camaro Suárez, vicepresidente de la Sociedad Administradora de Inversión, y Luis Fernando Restrepo Jaramillo, miembro del Comité de Riesgos de la compañía.

Los casos correspondían a los últimos procesos referentes a la investigación por el derrumbe y posterior liquidación de la empresa de corretaje de valores, con perjuicios por más de $600.000 millones de pesos y que deja a cientos de víctimas con daños patrimoniales.

La fiscal Alexandra Ladino, encargada del caso, reconoció que la prescripción se da porque la imputación de cargos se llevó a cabo el 15 de enero de 2014, con vencimiento el pasado 15 de octubre. Con el fin de determinar en quiénes recae la responsabilidad por la dilatación del proceso, la Fiscalía solicitó todas las diligencias judiciales citadas en el caso desde la imputación de cargos.

Esta decisión se presenta después de que, en agosto de este año, prescribiera el caso adelantado contra el inversionista italiano Alessandro Corridori, ordenado por el juzgado 33 de Bogotá. A Corridori se le imputaron cargos por concierto para delinquir, manipulación de especies agravado y administración desleal. La Fiscalía concluyó que “operaba como representante legal y vocero de sus empresas. Él desde sus oficinas meneaba las operaciones ilegales de compra y venta”, sentenció. Además, según el órgano adscrito al poder judicial, “todos los hechos eran conocidos por los altos directivos de Interbolsa”.

La dilatación del caso

En enero de 2014 se les imputó cargos a los directivos y, el 15 de abril, fue la fecha en la que se agendó la acusación. De ahí, los apoderados de los acusados pidieron que se aplazaran cinco audiencias preparatorias en 2015, para verificar el descubrimiento probatorio. Más tarde ese año ,se citaron otras dos, sin poderse llevar a cabo.

Un año después, culminaron los aplazamientos y se pudo agendar, para agosto de 2016, pero Alessandro Corridori, Álvaro Tirado y María Eugenia Jaramillo expresaron no poder realizar el procedimiento por tener decisiones pendientes de segunda instancia.

El descubrimiento, agendado en primer lugar para 2015, terminó dispuesto para el 29 de enero de 2017 y el expresidente de Interbolsa era el único pendiente en el proceso. La defensa de Tirado argumentó no tener pruebas listas para el descubrimiento y la justicia aceptó terminar ese trámite hasta el 27 de junio de 2017.

Las víctimas

De acuerdo con la Revista Dinero, Francisco José Sintura, abogado de una de las cientos de víctimas del caso, argumentó en 2019 que el proceso avanzaba muy lentamente y que los afectados no lograron recaudar su dinero de vuelta, siete años después de la intervención estatal en la empresa de corretaje de valores. En ese tiempo, Sintura advirtió que los delitos estaban a punto de prescribir.

Además, argumentó que los daños que causó el caso de la comisionista estuvieron por encima de los $200.000 millones. Rodrigo Jaramillo, principal directivo, recibió siete años de cárcel por esto y, en ese entonces, estaba a punto de prescribir un caso por administración desleal, que, efectivamente, venció en diciembre de 2019. Según Sintura, Jaramillo no ha retornado nada de sus propios recursos a las víctimas de forma voluntaria.