El pasado 18 de octubre la Fiscalía General de la Nación citó a audiencia de imputación de cargos a Marcela Díaz Soto, empleada de RTVC por la presunta filtración ilegal de un audio en el que Juan Pablo Bieri pidió hacer cambios en la programación y modificar el horario del programa Los Puros Criollos.
Después del anuncio, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Jonathan Bock, declaró a través de su cuenta de Twitter que esa investigación penal “se vale de mecanismos ilegítimos y desproporcionados”.
Además agregó que el actuar de la Fiscalía se puede entender con la intención de “intimidar a la fuente que se ha expuesto por denunciar irregularidades y a la FLIP por querer defenderla”.
“La eventual realización de la inspección de la sede de la Fundación afectaría el derecho a la intimidad, a la reserva de la fuente y a la defensa de derechos por parte la FLIP, esto es el cumplimiento de su mandato”, aseguró Bock.
Por otro lado, Bock dio a conocer este 19 de octubre una carta a nombre de la Flip dirigida al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en la que manifiestan la preocupación por “el ambiente de miedo y autocensura que puede generar el inicio o avance de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación en contra de periodistas, fuentes, medios de comunicación y colectivos”.
El comunicado también agregó que la imputación de cargos a alguien “que se atrevió a denunciar irregularidades es actuar contrario a estándares internacionales sobre protección de denunciantes”.
Pese a que la Fiscalía desmintió este lunes una inspección judicial, la Flip aseguró que también se siente preocupada porque el ente investigador le pidió el pasado 8 de octubre informarle cuando podía realizar dicha inspección en sus instalaciones, así como también decirle sí Díaz estuvo allí, a qué dependencias fue y cuántas veces, además de solicitarle una copia de la grabación de Bieri obtenida y publicada por la fundación el 23 de enero de 2019.
La Flip también fue enfática al decir que está constitucionalmente prohibido citar a un periodista a rendir testimonio o entrevista en relación con información suministrada por sus fuentes, ya que el pasado 15 de octubre la Fiscalía citó a tres integrantes de la fundación para una entrevista en el marco del proceso penal contra Díaz.
“Es inaceptable utilizar el andamiaje institucional, mediante el uso de medidas investigativas, judiciales y administrativas, para constreñir de manera directa o indirecta a las organizaciones civiles que están orientadas a hacer efectivas las garantías constitucionales”, aseguró la Flip en su comunicado.
Cómo empezó el caso de censura a <i>Los Puros Criollos</i>
El caso se remonta a diciembre de 2018 cuando Santiago Rivas, presentador del programa de televisión Los puros criollos, emitido por Señal Colombia, denunció que el formato salió de la programación del canal luego de que él hiciera público un video donde hablaba sobre las complicaciones que tendría la implementación de la Ley MinTic para los medios públicos.
“Este proyecto de ley amplía el tiempo que se otorga de licencia de uso del espectro a los privados. Es decir, los canales privados y los cableoperadores pagan un porcentaje de su ganancia en publicidad con una contraprestación por el uso del espectro”, respondió Santiago Rivas en Semana, a la pregunta de si, ¿privilegia esta ley (MinTic) los intereses de los privados?
A raíz de los comentarios de Rivas se presume que el programa salió de la programación luego de que Diana Marcela Díaz Soto filtró un audio en donde Bieri dice: “Santiago Rivas. ¿Cómo hacemos para que no salga más en nuestros productos?” y luego mencionó la necesidad de acabar con el formato poniéndolo en el horario de la medianoche.
Este audio fue presentado como prueba por la Flip, para demostrar ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación que sí había un caso de censura contra Los Puros Criollos, pero debido a que Bieri interpuso una demanda contra Díaz, porque sus declaraciones habían sido grabadas de manera ilegal, el ente investigador señaló que la trabajadora de RTVC incurrió en un delito al develar dicha conversación.
Según la Fiscalía, Díaz Soto deberá responder por el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva, ya grabó ilegalmente la conversación e incurrió en una violación a una cláusula de confidencialidad con la empresa.