El mensaje que Patricia Linares le envía a quienes quieren derogar la JEP

Patricia Linares, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, hizo un balance de cuentas que consideró satisfactorio, pues, asegura, se partió desde cero, en medio de campañas de deslegitimación y ataques, hasta hoy, con siete macrocasos abiertos que buscan relatar la verdad y reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Además, aseguró que se han producido los resultados exigidos por la justicia.

Gracias a la idoneidad, competencia y experiencias de los miembros de la JEP y al apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, han logrado vencer las campañas de desprestigio, sostuvo la magistrada, quien añadió que han tomado distancia de los ataques y han concentrado sus esfuerzos en cumplir con su deber.

Es consciente de que los modelos de justicia transicional, sobre todo en el caso colombiano, que está vigente el conflicto, generan inquietudes y miedos. Pero, dichas campañas “ya pasaron la línea roja” y han dificultado la implementación de la jurisdicción y del mismo sistema.

Para la presidenta, los mayores logros alcanzados luego de la puesta en vigencia de la JEP son el sometimiento de 12.600 personas ante la jurisdicción, la realización de más de cien audiencias, la obtención de 430 versiones y 309 informes, que son el soporte de la apertura de los macrocasos y la acreditación de 308.000 víctimas. “Son resultados que nos deben dejar orgullosos de la labor cumplida en tan corto tiempo”, afirmó.

Asimismo, es evidente el avance de las múltiples verdades desconocidas por el país. Esas mismas verdades no se deben agotar, pues deben reclamar información que sirva para esclarecer la verdad plena que se busca.

Respecto al macrocaso número tres, “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, la presidenta previó que, para finales del presente año, contarán con el escrito de acusaciones, paso previo para la audiencia de reconocimiento de responsabilidad.

También se refirió brevemente al caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Insistió en que la persona que se somete a la jurisdicción debe confesar los delitos cometidos. En caso de no hacerlo, se expone a la pérdida de los beneficios transicionales y no podrá acceder a la sanción que implica restricción de derechos y no privación de la libertad. En este, y todos los casos, los jueces parten de informes de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría y serán estos, junto con los testimonios de las víctimas, la base para tomar decisiones definitivas.

Aseguró la togada que, si bien la verdad causa dolor y muchos no estarán conformes con ella porque representa una alternativa histórica para encontrarla, “otros no van a querer que se devele porque seguramente va a evidenciar compromisos que tengan con lo que ha pasado, por qué ha pasado y cómo se realizaron tantos y tantos crímenes que han conmovido la conciencia universal”.

A quienes señalan que la JEP es sinónimo de impunidad, Patricia Linares les respondió que evidenciar la verdad es su trabajo y se opone totalmente a ese juzgamiento. Labor que cumplen a cabalidad bajo el rigor impuesto, con la disposición de seguir adelante a pesar de esas presiones y que honrarán por las víctimas del país.

Aseguró que algunos políticos desarrollan debates para materializar sus aspiraciones políticas y olvidan las necesidades de la sociedad que busca el camino de la paz, y se preguntó: “¿el país está preparado para seguir alimentado, a partir del olvido y la impunidad, una guerra que pareciera que no logramos superar?”.

La próxima semana la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP) deberá escoger a su nuevo presidente, pues Patricia Linares culmina el primer periodo luego de tres años a la cabeza del mecanismo de justicia. Patricia Linares continuará en la JEP como magistrada de la sección de apelación.