Así van los procesos de alcaldes y gobernadores suspendidos por contratos irregulares en medio de la pandemia

Por la pandemia del COVID-19, las contrataciones en Colombia cambiaron de manera radical para priorizar la adquisición de insumos para sobrellevar la pandemia. Hubo un aumento presupuestal de las compras directas en grandes superficies para brindar celeridad y mayor ejecución a las compras públicas, y se habilitó la sonada contratación por urgencia manifiesta.

La causal de contrato para contingencia de la pandemia permite que todos los bienes que se necesiten para mitigar directamente la pandemia se puedan contratar sin proceso licitatorio alguno, a través de la declaratoria de urgencia manifiesta de cada entidad contratante.

Bajo esta causal se contrataron mercados solidarios, insumos de protección, materiales para medidas de bioseguridad, obras y ayudas en servicio médico para suplir la demanda. Sin embargo, contratos de elevadas cuantías comenzaron a aparecer en las plataformas con irregularidades por idoneidad, inhabilidades, sobrecostos, acaparamiento, cartelización e inexistencia de población beneficiaria.

Por otro lado, algunos contratos eran asignados a aportantes en campaña de las administraciones territoriales, de los cuales 147, por valor de $47.028 millones, fueron adjudicados a 77 aportantes.

De los más de 27 gobernaciones indagadas y 390 funcionarios de alcaldías cuestionados, así van los procesos por contratación que resultaron en revocatoria del mandato o suspensión temporal por indagatoria.

Florencio Rosero Peña (Gobernador de Putumayo): Esta semana, la Fiscalía delegada ante la Corte llevará a cabo una audiencia de imputación de cargos con medida de aseguramiento por la compra de 10 ambulancias por 3.460 millones de pesos en la que, según la investigación, habría incurrido en sobrecostos de 1.100 millones de pesos. También se imputarán cargos a cinco funcionarios de la gobernación y particulares por el caso.

José Manuel Ríos (Alcalde de Armenia): En septiembre, Ríos volvió al cargo después de una suspensión por tres meses que su defensa apeló. Cuando el Ministerio Público anunció la extensión de su suspensión, el alcalde alegó la lentitud del proceso y fue permitido el regreso a su cargo. Aún está siendo investigado por presuntas irregularidades en varios contratos por aproximadamente 1.590 millones de pesos en emergencia manifiesta.

Ariel Palacios (Gobernador del Chocó): Ariel Palacios es investigado por un contrato por 2 mil millones de pesos con la Fundación Chocó Saludable, una empresa no idónea para el servicio prestado. Se le suspendió de su cargo, pero, por la situación del COVID-19, el Ministerio Público decidió levantar la medida en julio.

Everth Hawkins (Gobernador de San Andrés): En septiembre, el fiscal general Francisco Barbosa confirmó la detención preventiva en lugar de residencia de Hawkings por irregularidades en contratos publicitarios en contingencia al COVID-19. El contrato asciende los 500 millones de pesos y la Fiscalía argumenta que se aprovechó la urgencia manifiesta para contratación directa irregular.

José Facundo Castillo (Gobernador de Arauca): El 21 de julio fue suspendido el Gobernador de Arauca por investigaciones por un periodo de seis meses. La investigación radica en un contrato por 570 millones de pesos para la realización de un festival musical en época COVID-19. También tiene otra indagación por sobrecostos en latas de atún dentro de un contrato de mercados.

Álvaro Arley León Flórez (Gobernador de Vichada): León fue retirado de su cargo por 4 meses por un contrato por valor de $1.714′041.000 de entrega de mercados en su departamento que, según el Ministerio Público, tuvo sobrecostos de 300 millones de pesos debido a la negligencia del mandatario en el monitoreo.

John Jairo Pulido Pulgarín (Alcalde de La Palma, Cundinamarca): Pulido firmó un contrato con Comercializadora Sumitec Karch Ltda para la distribución de ayudas en pandemia. Dentro de las investigaciones de la Procuraduría, se encontró que los alimentos de los mercados tenían sobrecostos y que hubo irregularidades en la selección del contratista en un convenio de 65 millones de pesos. El exalcalde se encuentra recluido en casa por cárcel.

Germán Herrera (Alcalde de Guaduas, Cundinamarca): Se le investigaba por presuntos sobrecostos en dos contratos por $560 millones para mercados y elementos de aseo, presunta falta de idoneidad del adjudicado y productos incompletos. Fue capturado el 21 de mayo y se mantendrá privado de la libertad mientras continúa su investigación.

Dentro de las indagaciones, se investiga también a los alcaldes de Cota, Cundinamarca; Malambo, Atlántico; Cereté, Córdoba; y San Pedro, Valle del Cauca. Por otro lado, se les imputó cargos a los alcaldes de San Antonio, Tolima y Palocabildo en el mismo departamento.