Bastó dejar abierto un micrófono, luego de concluido el programa matinal en Revista Semana, para registrar el siguiente diálogo:
Vicky Dávila: «hijueputa, ¿o sea Sanclemente sí sabia?»
Jairo Lozano: «Sí, pero no se puede decir, eso va hacia allá».
VD: «¿Sí sabía?»
JL: «Sí, señora, pues al parecer sí, pero eso no se puede decir entonces te lo cuento a ti. ¿Qué es lo que pasó? hicieron una vaina ahí como tenaz arriba en la Fiscalía».
Dávila y su mano derecha, Jairo Lozano, quien la ha acompañado en sus travesías periodísticas de los últimos diez años, filtraron información al detalle sobre lo que ocurriría con posterioridad en el caso del exembajador Sanclemente, su narco-finca, y las acusaciones de la Fiscalía.
El escándalo en Twitter Colombia no se hizo esperar. Pese a que hubo una caída del servicio de horas, las acusaciones y señalamientos contra la periodista y su equipo quedaron consignadas en etiquetas como #vickymentirosa, #VickyEncubreAlNarcoGobierno, e incluso #vickyensemana utilizada por Dávila para la promoción de su espacio en la plataforma de Revista Semana.
La periodista reaccionó a las críticas a las 11.15 p.m. en un hilo de dos tweets en el que sienta su opinión al respecto.
Dávila no es ajena a la polémica: a principios de octubre de 2020, al ser conminada por un juzgado para borrar transcripciones de audio relacionadas con el expediente del ex-senador Álvaro Uribe, a través de su cuenta personal en Twitter afirmó que dicha orden era un acto de censura hacia el periodismo colombiano. Horas después de su pronunciamiento, FLIP apoyó abiertamente su postura afirmando que decisión judicial sí era censura.
<mark class="hl_orange">Sanclemente, Martínez y la narcofinca</mark>
El caso del ex-embajador en Uruguay, Fernando Sanclemente, cuya finca en Haras de San Fernando, municipio de Guasca, Cundinamarca, contaba con un avanzado laboratorio para el procesamiento de coca, se definiría en horas de la tarde del pasado 15 de octubre con la imputación de cargos al mayordomo Laureano Martínez Cortés, quien iba a aceptar los delitos mediante un preacuerdo con la fiscalía.
Sin embargo, luego de la audiencia entre el ente acusador y Martínez, dicho preacuerdo fue levantado por parte de la fiscalía, poniendo en un brete a Sanclemente, cuyo argumento previo consistía en señalar que desconocía la existencia del laboratorio en los predios de su finca.
El mayordomo Martínez sostiene lo contrario y está dispuesto a colaborar con el ente acusador para esclarecer la verdad en este caso. El fiscal a cargo del caso, Daniel Hernández, arguye en su auto que “el preacuerdo suscrito tenía un error supremamente serio en el que se desconocía lo relativo frente al requisito del artículo 349, si de estas actividades delictivas desplegadas por el señor Laureano Martínez Cortés se generó alguna clase de incremento patrimonial”, por lo que levanta el preacuerdo e involucra al ex-embajador en Uruguay Fernando Sanclemente a que rinda indagación formal en el marco de la investigación.