Después de que el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta ordenara a los policías de Norte de Santander no utilizar pistolas eléctricas tipo Taser X2 durante las protestas en este departamento, en los meses de octubre y noviembre, el general Óscar Atehortua, director de la Policía Nacional, aseguró que la institución busca impugnar el fallo.
Aclaró el oficial que, aunque la Policía Nacional respeta las decisiones judiciales, desde la dirección de la institución se estudian las medidas legales pertinentes para impugnar la decisión de la juez. Además, el general recordó que el Escuadrón Antidisturbios (Esmad), no tiene contemplado el uso de este tipo de armas en las manifestaciones.
“Nosotros utilizaremos los mecanismos que nos concede el Estado colombiano para impugnar esta decisión, a cuenta de que los protocolos nuestros indican que los escuadrones no utilizan las Taser”, manifestó el general Atehortua.
La decisión emitida, en primera instancia, por la jueza Jenny Lizeth Jaimes Grimaldos, se dio luego de las manifestaciones y denuncias por abuso policial con estas armas eléctricas a raíz del asesinato de Javier Ordóñez a manos de unos agentes de la Policía en Bogotá.
La tutela, solicitando la suspensión de estas pistolas, a nivel nacional, en manifestaciones y otras acciones policiales, fue interpuesta por la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh), Asonal Judicial, Sintragasolina, el Sindicato de Empleados Penitenciarios (SEUP), entre otros, contra el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
Quienes están a favor del fallo también lo van a impugnar
El representante de la Corporación Red Departamental de Defensor Enrique Rafael Pertuz Ariza, junto a organizaciones sindicales de Norte de Santander, destacó en RCN Radio la importancia del fallo que prohíbe por dos meses el uso de armas eléctricas en su región, pero aseguró que lo impugnarán al considerarlo insuficiente.
“El fallo es histórico por donde se le mire, a nivel nacional e incluso internacional, pero también es contradictorio, porque nosotros accionamos al Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional para que se ampara el derecho a la vida, a la paz, a la integridad física de los colombianos y a las huelgas y mingas”, dijo el defensor de derechos humanos.
Pertuz aseguró que, en compañía de quienes impusieron la tutela para suspender el arma Taser, también impugnarán el fallo de la jueza Jaimes, quien suspendió la pistola Taser durante dos meses en el departamento. “Creemos que el fallo debe salir del departamento de Norte de Santander y aplicarse en todo el territorio colombiano”.
Según el representante de las organizaciones de derechos humanos, la pistola Taser “es un arma que tiene que suspenderse en el país por la letalidad, por la gravedad y por las consecuencias que le genera a las personas cuando se utiliza contra ellos”. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura ha sostenido que el uso del Taser “causa severo dolor, lo cual constituye una forma de tortura”, por lo que ha recomendado abandonar el uso de dicha arma, argumentó Pertuz.
Desde diciembre de 2016, el Consejo de Estado tiene una demanda que busca prohibir a la Policía el uso de varias armas no letales, entre ellas el Taser, el cual solo ha tenido un hecho procesal en febrero de 2019, cuando el magistrado ponente, Oswaldo Giraldo, negó la medida cautelar que pretendía suspender el uso de esas pistolas eléctricas. La demanda argumenta que se debe prohibir este tipo de armamento hasta que haya reglas explícitas para su uso con fines policiales.
El uso de pistolas eléctricas en Colombia
La llegada de estas armas a Colombia se dio hace seis años y su uso está establecido en el protocolo del ‘Modelo del uso diferenciado y proporcional de la fuerza’, que está en la resolución 002903 del 2017.
En Colombia, solo los integrantes de la Policía que han realizado el seminario taller sobre el ‘Manejo de dispositivos de control y auxiliares’ pueden llevarla y utilizarla como parte de su dotación.