El riesgo de defender los DD.HH. y liderar en Colombia

El informe, elaborado por 20 organizaciones nacionales e internacionales, bajo la coordinación de la CCJ, documentó entre enero y julio de 2020, 184 casos de violaciones de los derechos humanos de líderes, lideresas y defensores de DD.HH: 183 asesinatos y una desaparición forzada. Una violencia que se intensificó durante la pandemia.

“Ni siquiera las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio evitaron que las personas defensoras, los líderes y las lideresas sociales, fueran amenazados, desplazados y asesinados. Al contrario, las condiciones de aislamiento agudizaron la situación de vulnerabilidad de las mujeres, las personas LGBT, los miembros de pueblos indígenas y de comunidades afrocolombianas, el campesinado, así como los exguerrilleros y exguerrilleras”, recoge el informe.

“El riesgo de defender y liderar” tiene el objetivo de contribuir al reconocimiento, denuncia, visibilización y dignificación de la defensa de los derechos humanos de los pueblos, comunidades o individuos que lideran procesos sociales y defienden derechos humanos desde sus territorios.

La ONIC, CNOA, Sisma Mujer, Colombia Diversa y del Pupsoc e Indepaz participaron en este informe, con la intención de develar una realidad que se recrudeció luego de la firma de paz con las Farc.

A través de un cruce de registros entre las distintas organizaciones participantes, se consolidó una base de datos compartida en la que se registraron más de 396 violaciones de los derechos de líderes y defensores de derechos humanos entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. Con respecto a las cifras, 392 corresponden a homicidios y 4 a desapariciones forzadas.

El informe menciona que “entre quienes defienden los derechos y reivindican causas sociales, los que en mayor riesgo se encuentran debido a las condiciones estructurales de marginalidad y discriminación, son las mujeres, las personas defensoras de los derechos de la población LGBTI+, los y las integrantes de movimientos de acción comunal y sus dignatarios, los y las sindicalistas, el campesinado, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes”.

El informe evidencia que, en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Córdoba y Cauca la violencia se ha recrudecido contra defensores y líderes sociales. Un fenómeno que se agudizó tras la firma del Acuerdo de Paz.

Según el documento, los derechos de quienes lideran causas sociales y defienden los derechos desde sus territorios fueron violentados especialmente en 29 de los 32 departamentos del país, entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. A la vez que, entre enero y julio de 2020, la CCJ documentó la continuidad de la violencia en estos departamentos y una concentración de las violaciones de los derechos en Bolívar, Caquetá, Boyacá, Tolima, Arauca, Atlántico, Santander, Chocó, Magdalena, Huila y Caldas.

Por último, las organizaciones y la CCJ llegaron a la conclusión de que los asesinatos y las amenazas son solo una de las formas predominantes de la violencia contra estos líderes y defensores, que no son fielmente reflejados en las cifras. A estas modalidades se suman la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada y la violencia sexual entre otras formas. Un impacto que sigue afectando a comunidades, individuos y organizaciones en el país.

“Las condiciones de marginalidad y exclusión, así como las causas, consecuencias e impactos del conflicto han sido denunciados por las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales, por sus pueblos, comunidades y organizaciones. Luego de estas denuncias continúan las amenazas, los asesinatos y las desapariciones forzadas, dando continuidad al ciclo de violencias contra quienes defienden los derechos y lideran las causas sociales”, concluye el informe.