Funcionarios del CTI de la Fiscalía y las fuerzas especiales de la Policía Nacional realizaron el traslado, bajo estrictas medidas de seguridad, de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, el máximo líder del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien fue deportado al país luego de cumplir una condena de 12 años de prisión por narcotráfico en los Estados Unidos. El exparamilitar estará en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, hasta tanto se defina su situación judicial.
Pese a algunos inconvenientes que se presentaron debido a las múltiples identidades de las que se ha valido Tovar para evadir la justicia, “finalmente se logró”, ratificó Darcy Quinn en Caracol Radio. Uno de los nombres usados por Tovar era el de William Ramírez Dueñas, según El Tiempo.
Según Ecos del Combeima, emisora ubicada en el departamento del Tolima, Tovar fue recluido en un pabellón de alta seguridad, “donde al parecer no tendrá contacto con otros internos”. La celda se encuentra aislada y tiene un patio pequeño en el que se puede tomar el sol.
Tovar está a disposición del Juzgado segundo de ejecución de penas de Santa Marta, que, a través de la Interpol, fue la responsable de su deportación.
Tovar Pupo pidió acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el deseo de lograr su libertad condicionada, pero el tribunal no lo admitió por no ser reconocido como un tercero civil dentro del conflicto. El caso aún está en apelación. Actualmente, Tovar tiene más de 30 órdenes de captura, 40 medidas de aseguramiento y más de 1.486 investigaciones en Colombia por la ejecución y autoría de distintos hechos violentos.
En el marco del proceso de Justicia y Paz confesó que lideró más de 600 crímenes; entre ellos, el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andréis, ocurrido en el año 2004, por el que enfrentaría una sentencia de 26 años de prisión. El exjefe paramilitar no cuenta con beneficios judiciales y se enfrenta a purgar estas penas bajo la justicia ordinaria.
Según la FM, Jorge 40 debe enfrentar además una sentencia a 19 años de cárcel por el homicidio de dos líderes sindicales de la Asociación Nacional de Trabajadores (ANTHOC) y 25 años de cárcel por la desaparición de siete funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el departamento del Cesar.
Solicitud directa al presidente Iván Duque
En una carta enviada al presidente Iván Duque el 1 de octubre, Tovar se responsabilizó por cobrar, a nombre del grupo ilegal, el ‘impuesto de guerra’ que se les imponía a las actividades económicas legales e ilegales desarrolladas dentro “de nuestro Estado de Derecho”.
Pese a contar con todas las garantías jurídicas y legales en Estados Unidos, y a los problemas de seguridad que, afirma, afrontan Tovar y su familia, aseguró que prefirió volver a su amada Colombia para asumir su responsabilidad en el conflicto armado. Sostuvo, que la responsabilidad “es única y exclusiva del Estado colombiano en cabeza de usted, señor Presidente, garantizar la seguridad de mi familia y la mía”.
En la misma carta pidió garantías plenas para su seguridad, pues, aseguró, se pueden generar represalias desde distintos frentes en su contra y, expresó que, “con toda certeza” apenas pise alguna cárcel colombiana, lo van a asesinar. Ahora el Inpec deberá garantizar que eso no pase.