Lideresas sociales en Colombia: violentadas, amenazadas y bajo un riesgo creciente

La Paz en el Terreno reunió datos de la Defensoría del Pueblo, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la Fundación Paz y Reconciliación, el partido político Unión Patriótica (UP), Indepaz, la Misión de Observación Electoral y Somos Defensores, que le permitieron dictaminar que la violencia contra indígenas y mujeres, particularmente, aumentó en 2019.

La Defensoría del Pueblo ha emitido 150 Alertas Tempranas advirtiendo el riesgo bajo el que están líderes sociales y comunitarios, según la investigación. Los gobiernos departamentales y municipales parecen obviar esta información. A consecuencia de esto, el pasado 15 de agosto, pese a las Alertas 032 de 2019 y 018 de 2020, varios hombres armados asesinaron a ocho jóvenes en el municipio de Samaniego, Nariño.

“Históricamente, la tasa de impunidad de los homicidios contra los defensores y defensoras en Colombia se ha situado en torno al 95%”, aseguró el informe del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante su visita a Colombia en 2019. La mayoría de los asesinatos fueron perpetrados por control de tierras, presencia de grupos armados ilegales y narcotráfico.

Además, la investigación expone los patrones de violencia, las singularidades (grupos étnicos, género) y da cuenta de la resistencia de esas voces en distintos lugares del país. A su vez, denuncia la falta de presencia y respuesta por parte del Gobierno del presidente Iván Duque.

Doble resistencia: ser mujer y lideresa

Ser lideresa indígena implica resistir tanto al exterminio contra los pueblos, como a la violencia machista. Según la organización Somos Defensores, 118 lideresas indígenas han sido agredidas entre 2013 y 2019. Además, según La Paz en el Terreno, 65 lideresas fueron asesinadas entre 2019 y junio de 2020 (el mayor número de homicidios se dieron en el Valle del Cauca):

26 de ellas tenían hijos

24 parecen ser/fueron víctimas de feminicidio

18 de los casos fue perpetrados con sevicia

12 de los asesinatos involucraron arma blanca o golpes

9 fueron asesinadas por un excompañero o familiar

1 de ellas fue víctimas de abuso sexual

Estos datos dan cuenta de la violencia ejercida sobre el cuerpo de la mujer que es usado como un objeto para emitir mensajes a la comunidad. Un común denominador en los casos estudiados es el uso de armas blancas para atemorizar a las demás lideresas y obligarlas a callar.

A pesar de ello, hace dos años existe Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos (PIG) que busca brindar atención especial y diferencial a las mujeres, asegurar sus derechos y brindarles garantías para ejercer su liderazgo.

Mujeres como Sandra Sáenz, lideresa social en el departamento de Santander, son conscientes de que, a pesar de la existencia de estas organizaciones, “cuando uno se mete en esto, sabe que tiene que dejar el miedo en la mesita de noche” pues prima aún el desamparo estatal y la desprotección.

Si bien el Plan de Acción Oportuna (PAO) busca brindar mayor seguridad a quienes asumieron el liderazgo en sus comunidades, actualmente no se conocen los avances por parte del Ministerio del Interior. Aseguran que han adelantado acciones en la Unidad Nacional de Protección (UNP) como el diseño de talleres de autoprotección personal y familiar para lideresas en Norte de Santander y Chocó, pero no han ejecutado ningún plan.

Cuando La Paz en Terreno le preguntó a las mujeres qué era necesario para ejercer su liderazgo aseguraron que la educación desde la temprana edad, el reconocimiento de las creencias indígenas y la ancestralidad afro, las oportunidades laborales estables y mejores esquemas de protección mejorarían su calidad de vida.

Adicional a esto, la pandemia intensificó las violencias de carácter económico, patrimonial, psicológico y político. Por ello, han tenido que triplicar sus esfuerzos para trabajar, cuidar a sus familias, liderar proyectos en sus comunidades, entre otros.