El hoy senador del partido Farc, Carlos Antonio Lozada, confesó esta semana que en los años 90 la Red Urbana Antonio Nariño, estructura que dirigió cuando era guerrillero, llevó a cabo el asesinato del entonces candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, además del general Fernando Landazabal Reyes y otros políticos importantes. Esa estructura tenía como propósito tomar el control de la capital de Colombia y expandir el poderío de la entonces guerrilla de las FARC hacia las principales ciudades del país.
Fue con la Octava Conferencia de las FARC, en 1993, cuando ese grupo armado decidió tomar el control ya no solo de sectores rurales sino de las ciudades principales de Colombia. Para esa época, los principales miembros del secretariado eran Manuel Marulanda Vélez, Noel Mata Mata, ‘Efraín Guzmán’; Guillermo León Saenz, Alfonso Cano; Luis Edgar Devia, Raúl Reyes; Rodrigo Londoño Echeverry, Timochenko.
Al final de esa Conferencia, el secretariado se propuso extender los brazos armados de la guerrilla hacia Bogotá. Cali y Medellín. De acuerdo con el informe de la Fundación Ideas para la Paz, “Hoy y ayer del Bloque Oriental de las Farc”, los frentes de esta estructura se desplegaron a lo largo de la cordillera oriental, para conectar a Cundinamarca con el Meta, Guaviare y la frontera con Venezuela.
En este sentido, con el fin de tomar la capital, se establecieron en Bogotá los frentes 22, 27 y 38 y la Red Urbana Antonio Nariño. Esta red fue dirigida durante 19 años por Carlos Antonio Lozada.
Lozada fue el encargado de comandar las milicias urbanas por órdenes del Mono Jojoy, comandante del Bloque Oriental. Las FARC utilizaron la ventaja obtenida con la desmovilización del M-19, pues es el vacío de poder ejercido por esa otra guerrilla en la ciudad, como las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, fueron utilizadas por las Farc. Fue en estas dos localidades donde la RUAN tuvo mayor poder durante veinte años. La historia la reconstruyó este domingo el diario El Espectador.
Los primeros ataques de las Farc fueron realizados en zonas rurales. la guerrilla utilizó a Usme para entrar a la capital. Desde allí podían tener contacto con el Sumapaz y con los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila y Meta. Los primeros ataques de esta guerrilla fueron en las zonas rurales.
Los atentados más graves cometidos por la RUAN fueron la masacre de Usme, ocurrida el 26 de noviembre de 1991. Esa mañana, un grupo de hombres asesinó al líder comunal Julio César Naranjo y dejó su cuerpo a la intemperie, en la vereda La Unión. Y la otra tuvo lugar el 28 de agosto de 1993, cuando un comando de las Farc asesinó a 12 policías que escoltaban a Mauricio Cárdenas, para ese momento gerente de la Empresa de Energía de Bogotá.
Los noventa fueron la década de más acciones militares cometidas por la RUAN. No hay claridad sobre el número de milicianos y guerrilleros que la conformaban en ese momento, pero su objetivo militar estaba encaminado a atacar los Centros de Atención Inmediata (CAI) y unidades policiales, y a ganarse apoyos entre las comunidades rurales, barrios populares y estudiantes universitarios, gracias al trabajo político y la construcción de pequeñas obras. También ejecutaron extorsiones y secuestros a comerciantes y campesinos en las vías que comunicaban a Bogotá a otras ciudades como Medellín, Tunja o Villavicencio.
El golpe final de la RUAN fue la muerte del Monoy Jojoy, en un bombardeo de las Fuerzas Militares el 22 de septiembre de 2010 en La Macarena. El Bloque Oriental no tuvo capacidad de recuperar el terreno perdido en esa cordillera y en la capital. Sin embargo, siguieron surgiendo nuevos frentes por departamentos como el Guaviare, Meta, Casanare y Caquetá. Como se sabe, la guerra continuó hasta que empezaron los diálogos de paz entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, en 2012.
Con la confesión de Lozada, vuelven a abrirse los archivos históricos sobre las operaciones de las milicias urbanas de las Farc y sobre el accionar de la extinta guerrilla en todo el territorio nacional. La curul del senador de este partido podría peligrar, pues desde el gobierno nacional Miguel Ceballos, Alto comisionado para la paz, solicitó a la Justicia Especial para la Paz que evalúe si Lozada debe seguir ocupando su curul. Este podría ser el precio de decir la verdad y transitar hacia la reconciliación nacional.