El COVID-19 provocó una baja de hacinamiento histórica en las cárceles de Colombia

Al principio de la pandemia, se evidenció una crisis sanitaria en las cárceles del país por la rápida proliferación del virus COVID-19 entre la altamente hacinada población privada de la libertad. Con disturbios y paros en más de 13 cárceles en el país que dejaron cerca de 23 muertos y 80 heridos, se decretó una emergencia carcelaria en el país.

Entre las preocupaciones que invadían los centros penitenciarios, además del reducido espacio entre reclusos, también se destacaba el limitado acceso a implementos de aseo. Con acceso deficiente al agua, los presos no podían aplicar los protocolos de bioseguridad reiteradamente recomendados por el Gobierno Nacional.

Rápidamente, las cárceles se convirtieron en focos de coronavirus que figuraban entre los lugares con mayor proliferación del país. Un ejemplo de esto es la cárcel de Villavicencio, penitenciaría que logró acumular más de 900 enfermos y constituir el 7,3% de los contagios nacionales.

El Ministerio de Justicia y del Derecho, en cabeza de Margarita Cabello, lanzó un decreto el 14 de abril de este año por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y medida de aseguramiento con el fin de aligerar el hacinamiento para tener condiciones más seguras durante la pandemia.

Por medio de ese decreto, las personas mayores de 60, madres gestantes, enfermos terminales o crónicos, discapacitados, condenados por cinco años o quienes hayan cumplido el 40% de su pena en el establecimiento accedieron y se liberaron a más de 23.000 reclusos.

Las cárceles ahora

Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el hacinamiento bajó de un 52,07% inicial a un 23,38% después del decreto. La capacidad carcelaria en Colombia se encuentra en 80.669 reclusos y a principios de año existían 122.820 reclusos internos, es decir, una sobrepoblación de 42.057 personas. Al día de hoy, la cifra bajó de manera considerable con 18.864 presos de más.

Los casos positivos, que en algún momento eran alarmantes y constituían una gran parte de la estadística nacional de COVID-19 se redujeron en su mayor parte. De 14.349 casos confirmados a la fecha, el Inpec reporta 1.194 casos activos. Entre los portadores del virus están 1.116 privados de la libertad, 66 vigilantes, 9 administrativos y 3 auxiliares cuerpo custodia. Durante toda la pandemia, fallecieron 85 residentes.

Las pruebas se siguen realizando y se han hecho en una buena cantidad: 33.993 tests se han realizado durante toda la pandemia, es decir, de marzo a la fecha, para determinar los portantes del virus.

De acuerdo con el Inpec, ocurrieron tres “hechos históricos” en las penitenciarías para lograr controlar la crisis que en algún momento ponía en alto riesgo miles de vidas.

En primer lugar, la institución argumenta que la excarcelación de cerca de 25.000 reclusos ayudó a distanciarlos entre sí. Tanto así, que las cárceles están en una cercanía a su capacidad reglamentaria jamás vista en el país.

En segundo lugar, se dispuso recursos clave para poder crear alas de aislamiento en todas las cárceles del país, para así individualizar y retirar contagios y casos sospechosos.

Y tercero, se resolvió un problema histórico para el sistema penitenciario del país: el acceso al agua. Al asignar recursos de emergencia destinados a garantías de sanidad, la crisis del agua en las cárceles se logró solucionar en seis meses.

60 penitenciarías tienen el virus

De las 132 penitenciarías del país, 60 aún tienen casos activos del virus. De todas, la que registra una mayor cantidad de casos de COVID-19 es el Centro Penitenciario Acacias, en el departamento del Meta, con 166 casos. Le sigue Pitalito (Huila), con 107 casos; la cárcel de Florencia (Caquetá), registrando 95; Pereira (Risaralda), con 81; y la cárcel Nueva Esperanza de San Andrés, que últimamente alertó de 68 casos positivos.

A pesar de la baja del porcentaje de hacinamiento, hay cárceles que aún mantienen altos niveles de saturación, como la cárcel de Riohacha, que tiene un 200% de hacinamiento, según el Inpec. Otras mantienen un nivel cero de saturación por ser de máxima seguridad como la penitenciaría en Valledupar (Cesar) y La Picota (Bogotá), que en su ala de alta seguridad se mantiene en cero hacinamiento.

Las medidas que vienen

Según el Inpec, el estrés de los privados de libertad se incrementará en épocas de festividades de fin de año. Los reclusos no han recibido visitas desde marzo. Por esto, se han adecuado salas en las que se llevan a cabo videollamadas con familiares. Además, se espera que se implemente un posible piloto de visitas en cárceles militares para ensayar un modelo de visitas que proteja la salud de los reclusos y la de sus allegados.