Este 10 de octubre, la juez 30 de Control de Garantías Clara Ximena Salcedo ordenó la libertad al ex senador Álvaro Uribe, luego de estar dos meses en prisión domiciliaria en su finca El Ubérrimo. Por cuenta de este fallo, se le tendrán que devolver al expresidente casi 90 millones de pesos; un monto que desembolsó debido a la orden de detención domiciliaria que le ordenó inicialmente la Corte Suprema de Justicia por el caso de falsos testigos.
Según la revista Semana, el monto consistió en “una especie de póliza judicial que ordena la ley dentro del curso de un proceso, con el fin de garantizar que el procesado cumpla con lo dispuesto por el juez, en este caso la medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria. Si hay desacatos a la orden judicial, la suma se podría perder. Si no, al final del proceso, la justicia debe reembolsar al procesado la cifra íntegra”.
Esta “especie de póliza” se le tendrá que devolver al expresidente porque “se prestó una caución a efecto de garantizar los compromisos que se derivaban de la sustitución de esa medida de detención preventiva”, explicó la jueza. En la intervención, también agregó que el Centro de Servicios Judiciales debe encargarse de hacer la gestión para que se le devuelva el dinero.
El fallo de la togada se acogió al argumento de la defensa del también exsenador de la República que argumentaba que para la existencia de una medida de aseguramiento en el sistema de la ley 906 es obligatorio que primero se realice una audiencia de formulación de imputación.
Qué viene para Álvaro Uribe luego de su liberación
El declarado víctima del caso, Iván Cepeda, aseguró que apelará la decisión de la jueza 30 de garantías, en el caso de falsos testigos que se adelanta contra el ex presidente Uribe.
“Vamos a apelar la decisión y a seguir luchando en los estrados judiciales, puesto que también tenemos la ínfima convicción de la responsabilidad del exsenador Uribe en los delitos de soborno y fraude procesal”, aseguró el senador Cepeda, quien además se manifestó diciendo a través de su cuenta de Twitter que: “La decisión de la juez no altera mi íntima convicción de respeto por la justicia y de acatamiento a sus decisiones. No compartimos esa decisión, por supuesto, y vamos a apelar”
Por el momento, “en lo jurídico, la libertad del exsenador no significa que el proceso haya acabado, pues existen centenares de pruebas -según la Revista Semana que tuvo acceso al expediente- que aún deben ser analizadas por la Fiscalía y debatidas por un juez de conocimiento”, informó este medio.
Si se llegase a formular una acusación formal contra el líder del Centro Democrático queda por determinar en qué términos y con qué cargos. Lo más probable es que suceda, pues Diego Cadena, que fue abogado de Uribe y que está involucrado en el proceso ya fue formalmente acusado por los mismos hechos. De acuerdo con la publicación de Semana es más probable que la Fiscalía haga una calificación menos grave y que los delitos y las implicaciones penales sean diferentes.
En cuanto al panorama político, el expresidente Álvaro Uribe, sigue siendo apoyado por personalidades del Gobierno, como Diego Molano Aponte, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre); quien es muy cercano al presidente Duque, y sostuvo que la decisión judicial es un “buen mensaje para el país, para él y su familia”.