La audiencia de Álvaro Uribe Velez inició pasadas las 9 de la mañana con la presentación de cada uno de los asistentes. La primera intervención la realizó la defensa del expresidente, que se extendió por un poco más de una hora; luego pasó el fiscal encargado del caso, Gabriel Ramón Jaimes Durán, quién inició pidiendo que la decisión que tomara la jueza 30 de control de garantías, Clara Ximena Salcedo, no debía verse como una victoria para ningún bando político.
La noticia de esa primera parte de la audiencia la entregó el fiscal delegado para este caso, Gabriel Ramón Jaimes, que solicitó la libertad del expresidente Uribe. El fiscal dijo que tras revisar la documentación allegada por la Corte Suprema y en particular la indagatoria de Álvaro Uribe ha detectado “que la forma de vinculación realizada por la Corte afecta el debido proceso” y hay “vulneraciones” a la ley.
Tras un descanso para almorzar, la audiencia retomó su curso para escuchar a Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda que funge como víctima, al exfiscal Eduardo Montealegre y Fernando Perdomo también bajo el rol de víctimas, y por último a la delegada de la Procuraduría.
La voz de las víctimas en el caso Uribe
Inició el abogado Villalba, señalando que las leyes en las que se basó el abogado de Uribe para pedir su libertad, no son las de la revocatoria de medida de aseguramiento, sino otras más amplias que muestran que la petición abarca más que la revocatoria de la detención. Y añade que esa detención fue legal porque fue emitida por autoridad competente en su momento, que era la Corte porque Uribe era senador.
Así mismo, el abogado de Cepeda indicó que la ley 906 y ley 600 son igual de favorables para el investigado (Uribe) y tienen sus propias garantías, no como dijo la Fiscalía, que el primero era más garantista que el segundo.
Dijo, que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la detención del expresidente Uribe, puede seguir vigente en la justicia ordinaria.
En la intervención de Montealegre, el fiscal Jaimes le pidió que atacara argumentos no sujetos, y Jaime Granados, abogado de Uribe, sostuvo que Montealegre seguramente no tenía experiencia en audiencias por el irrespeto que había demostrado tanto a él como al fiscal.
También explicó que la Corte Suprema y la Corte Constitucional han declarado que las dos leyes (ley 600 y ley 906) son garantistas y que eso, lo omitieron tanto la Fiscalía como el abogado Granados, y expuso que los argumentos que usaron son falaces porque se contradicen cuando dicen que no hay una petición de nulidad.
Montealegre cerró diciendo que no hubo violación de garantías con la orden detención del expresidente y no aplica ningún tipo de vencimiento de términos.
En la audiencia, también habló el ex vicefiscal general Jorge Perdono, quien compartió sus argumentos para impedir la libertad de Álvaro Uribe Vélez. Según dijo, lo actuado por la Sala de Instrucción tiene plena validez, pues fue realizado de acuerdo con el contenido dogmático de todos los principios: el debido proceso, principio de legalidad y el pleno respeto al derecho de defensa.
“Me opongo a la solicitud de libertad presentada por la defensa. La vinculación a la actuación procesal y la medida de aseguramiento se realizó conforme a la ley preexistente y con la observancia de la plenitud de las formas propias del proceso”, mencionó.
Ley 906 es más garantista que ley 600: delegada de la Procuraduría
La delegada de la Procuraduría señaló que la ley 906 es más garantista que la ley 600, y que la adecuación al nuevo sistema debe respetar garantías de Álvaro Uribe, quien activó ese derecho al renunciar al Senado.
Así mismo, la delegada acompañó lo dicho por el abogado de Uribe y el fiscal Jaimes, diciendo que en la ley 906 para que exista medida de aseguramiento primero debe haber imputación, y sin ese requisito no se puede privar de la libertad.
“Hasta que no se surta la imputación, Álvaro Uribe tiene el derecho de estar en libertad”, puntualizó la funcionaria de la Procuraduría.
¿Quién es el fiscal del caso contra Álvaro Uribe?
El fiscal delegado para uno de los casos más sensibles en los últimos años en el país que busca demostrar alguna responsabilidad contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos, es Gabriel Ramón Jaimes Durán.
Jaimes Durán es abogado penalista, con experiencia de más de veinticinco años en calidad de operador judicial en investigaciones y juicios penales, desde pequeños municipios de Colombia hasta casos de connotación regional y nacional, desde el nivel municipal hasta la Corte Suprema de Justicia.
Muchos comentan su cercana relación con el exprocurador Alejandro Ordóñez, hoy embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que fue destituido en 2016, ya que Jaimes fue procurador delegado ante la Sala Penal de La Corte Suprema de Justicia bajo la jefatura de Ordóñez.