Víctimas contradicen las “confesiones” de alias Joaquín Gómez

Este martes, en Riohacha, al norte del país, Miltón de Jesús Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez, declaró su versión en el caso No. 07 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por reclutamiento y utilización de menores en el conflicto.

Joaquín Gómez, quien fue comandante del Bloque Sur de las Farc durante 24 años, admitió el reclutamiento de menores dentro de esa guerrilla, hoy desmovilizada, aunque señaló que fue un fenómeno complejo.

“Ninguna explicación ni ninguna causa justifican arrebatar los más importantes años de crecimiento y formación (...) como organización, las Farc no pueden devolver a los niños y niñas que reclutamos e incorporamos el tiempo de la guerra. No podemos sanar profundas heridas en los adultos que hoy nos reclaman justamente haberlos despojado a la fuerza de su niñez”, manifestó Gómez.

Sobre el reclutamiento de menores, Gómez afirmó que allí solo retuvieron a aquellos con “condiciones especiales”, como los que quedaban completamente huérfanos tras ataques de paramilitares a sus familias.

Por otra parte aseguró que los menores de 15 años no eran enviados a luchar. “Esos muchachitos generalmente no iban al combate, se quedaban en el campamento, no iban a cuestión militar, eso sería sacrificarlos en vano”, expresó.

Aunque el exguerrillero manifestó estar dispuesto a "reconocer sin ambigüedad y sin eufemismos el reclutamiento forzado”, sus declaraciones sobre las prácticas de anticoncepción no coinciden del todo.

En entrevista para Infobae, Mariana Ardila, abogada de Women´s Link Worldwide, organización que usa el derecho para promover los derechos de las mujeres y niñas, manifestó que “lo que escuchamos hoy sobre la violencia reproductiva no coincide con lo que nosotros como organización entregamos en el informe a la JEP, que contiene el caso emblemático de Helena y más de treinta y cinco testimonios recolectados por otras organizaciones”.

Helena, fue reclutada por las Farc de manera forzada cuando tenía 14 años. Dentro de la guerrilla, fue obligada a abortar de forma insegura, causando serias consecuencias a su salud.

Durante la declaración, Joaquín Gómez indicó que cuando había “muchachas muy jóvenes” se les prohibía tener relaciones sexuales porque a ellas no se les ponían dispositivos anticonceptivos ya que se desconocían los efectos de ese método en personas tan jóvenes.

“Yo tenía en ese tiempo 14 años, me llevaron ahí para que yo tuviera relaciones con alguien más mayor que yo. Fui violada a la fuerza, fue una experiencia maluca y muy difícil de recordar”, manifestó, Luz Mayler Iles Gasca, una de las víctimas.

Joaquín Gómez también afirmó que “en el Bloque Sur la política era que cuando pasaban de tres meses, había que permitir que tuviera el niño, esa era la orientación. Pero a veces, en casos excepcionales de más de tres meses, se les practicaba el desembarazo”.

En la declaración de este 6 de octubre, el magistrado, Iván González, cuestionó a Gómez sobre si había ordenado realizar abortos forzados, a lo que el exguerrillero respondió: “Es posible que se haya dado, uno no puede ser tan iluso para pensar que esos hechos no se iban a dar”.

Según los informes de Women´s Link Worldwide, los casos “específicos” que menciona Joaquín Gómez no son reales, " la información de nosotros apunta a otras cifras, fueron muchos los casos y eran casos de los que se tenía conocimiento y registro", expresó Ardila.

Si bien ya las organizaciones y las víctimas entregaron sus informes, estas versiones voluntarias son otra fuente de información y una oportunidad para que se reconozcan plenamente los crímenes cometidos y los exguerrilleros cumplan con lo que comprometieron en los Acuerdos de Paz.

Un elemento importante en este proceso, es el reconocimiento a las victimas bajo el marco de violencia reproductiva y no de violencia sexual. " Aunque ambas son violencias que afectan directamente a las mujeres, en algunos casos pueden ir combinados, por eso es necesario que haya dos categorías", afirmó la abogada.

Actualmente, las reparaciones por violencia reproductiva cuentan con varios obstáculos , uno de ellos es que la mayoría de mujeres que sufrieron este tipo de violencia al interior de las Farc eran mayores de edad, entonces la Ley de Víctimas excluye de la categoría a cualquiera que haya sido miembro o haya desertado siendo mayor de 18 años.

“El caso de Helena fue llevado a la Corte Constitucional y ganó, argumentando que la edad no era un motivo suficiente para no amparar a este grupo de mujeres bajo la Ley de Víctimas. Sin embargo, para cumplir el fallo hemos tenido obstáculos porque en el programa de reparaciones no hay una categoría referida a la violencia reproductiva”, agregó la abogada de Women´s Link.

Se espera que, con la inclusión de la categoría, Helena y las demás mujeres sean reparadas por el Estado y que el proceso ante la JEP también avance e impongan las sanciones a que haya lugar. “No solo las FARC cometieron violaciones a derechos reproductivos en el conflicto, también otros grupos armados y hasta el mismo Estado”, afirmó Ardila.