Cae otro ‘Ñoño’: Procuraduría confirma destitución e inhabilidad por 12 años de Edwin Besaile

La Procuraduría General de la Nación confirmó, en segunda instancia, la sanción de destitución e inhabilidad por 12 años al exgobernador de Córdoba Edwin Besaile Fayad, por conflicto de interés.

Besaile no se declaró impedido para actuar en la sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de la Región Caribe, que aprobó un proyecto para el mejoramiento de la vía entre los municipios de Ciénaga de Oro y Sahagún, por más de 28.900 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR).

Este proyecto de pavimentación de vías se llevó a cabo en un área en la que el exgobernador tenía 9 predios, lo cual lo benefició personalmente. La Procuraduría consideró que la titularidad del derecho de dominio de los inmuebles por parte del exgobernador es “motivo suficiente para considerar que había un conflicto de intereses, por lo que no debió olvidar que dicha obra pública impactaría personal y económicamente los predios de su propiedad”.

El ente de control agregó que, al no declararse impedido, el exmandatario departamental se apartó de la ley y de sus funciones, que le exigían un actuar “correcto, ético y decoroso” para el ejercicio del cargo. Las acciones desde su gobernación debían estar al servicio de la comunidad y no de sus intereses, por lo que el ente de control advirtió que no actuó “con observancia de los mandatos y postulados que gobiernan la conducta de los servidores públicos”. La Sala Disciplinaria concluyó que la investigación respetó el debido proceso y los derechos que le asistían al exgobernador.

No es la primera sanción

El exgobernador Besaile, hermano del exsenador Musa Besaile y del exalcalde de Sahagún Jhon Besaile, ha sido investigado y sancionado por múltiples casos de corrupción que lo vinculan al llamado clan de los ‘Ñoños’, liderado por Bernardo El Ñoño Elías.

En julio de 2018, en su periodo como gobernador, Besaile fue suspendido provisionalmente por el órgano de control disciplinario por una investigación que se adelantó por presuntas irregularidades en la terminación de un contrato de ciencia y tecnología y posibles actos de corrupción relacionados con la ejecución del proyecto, con cargo a recursos de regalías.

La Procuraduría ordenó la suspensión del funcionario para “evitar la reiteración de una posible falta disciplinaria en relación con la ejecución de recursos públicos, así como la interferencia en la investigación por presuntas irregularidades en la suspensión unilateral del convenio celebrado entre la Gobernación de Córdoba y la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia”.

El 27 de septiembre del mismo año, junto con el también exgobernador Alejandro Lyons, se vio implicado en un caso por irregularidades en pagos de terapias a menores de edad en condición de discapacidad.

El ente de control les reprochó no haber ejercido su deber de vigilancia y control sobre los actos de sus secretarios de Salud, lo cual permitió que se ordenaran pagos de terapias de rehabilitación a 2.181 menores de edad en condición de discapacidad, prestadas entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, por $4.988 millones. Estos pagos se llevaron a cabo sin que mediara una relación contractual entre la administración local y Funtierra Rehabilitación IPS, encargada de las terapias.