El 5 de octubre de 2017, la población de El Tandil sufrió la pérdida de siete habitantes que protestaban por la erradicación forzada, que el Ejército y la Policía Nacional ejercían en su territorio. Según los uniformados, dispararon cuando fueron atacados por un grupo de disidencias de las antiguas FARC, guerrilla que en esa época llevaba diez meses desmovilizada, luego de la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre de 2016.
Tres años después, las víctimas siguen esperando la justicia que les prometió el entonces vicepresidente, general (r) Óscar Naranjo, quien se trasladó a Tumaco días después del hecho. Pero la investigación se ha enfrentado a problemas como la adjudicación del caso a una fiscalía especializada en bandas criminales y no en Derechos Humanos, lo que ocasionó que la versión del ataque de las disidencias tomara fuerza.
En 2019, la Procuraduría General de la Nación, pidió que el proceso pasara a la Justicia Penal Militar, al asegurar que el hecho se produjo por una orden de operaciones del Plan Hércules del Ejército.
“El cambio de jurisdicción de la ordinaria a la penal militar fue el golpe que terminó de minar la confianza de las víctimas en la justicia. Más porque ese cambio se presentó en una audiencia en Tumaco a la que no fueron convocadas las víctimas ni sus representantes, pese a que con la Fiscalía había un trato frecuente y se tenían los datos de las víctimas”, aseguró a El Espectador, Lucía Aldana, directora ejecutiva de la Corporación Jurídica Yira Castro, quien representa a la familia de Janier Usperto Cortés, una de las víctimas de la masacre.
En la Justicia Penal Militar el caso sigue en proceso y se dividió para investigar de forma independiente a los agentes de la Policía y a los efectivos del Ejército que fueron involucrados en los hechos. La Corporación Jurídica Yira Castro presentó un recurso de nulidad en contraposición al paso del caso a la Justicia Penal Militar, pero no hubo respuesta, lo que obligó a la defensa a presentar una tutela que posteriormente fue negada en dos instancias.
Por otro lado, los familiares de las víctimas siguen pidiendo que el caso pase a la justicia ordinaria.
“La Justicia Penal Militar es excepcional. Se presume que todo debe ser investigado en la ordinaria, a no ser que se trate de una situación concreta que debe revisarse, pero eso tiene que probarse y no al revés, que es lo que está ocurriendo en este caso. No todo lo que se hace en las funciones del cargo debe estar cubierto por el fuero penal militar, porque hay casos como este en donde se excede lo que está contemplado en la orden”, aseguró la abogada Aldana en El Espectador.
Sobre el caso, también se adelanta un proceso disciplinario que tampoco ha arrojado sanciones y que fue asumido de manera preferente por la Procuraduría delegada de Derechos Humanos, entidad que asegura que ya finalizó la etapa de investigación y está en etapa de formulación de pliego de cargos.
Aún así, hoy, tres años después, el caso sigue sin condenar a los responsables de la muerte de Diego Escobar Dorado, Nelson Chacuendo Colamba, Janier Usperto Cortés, Jaime Guanga Pai, Alfonso Taicús Taicús, Iván Darío Muñoz y Aldemar Gil, quienes hacen recordar una tragedia que sigue repitiéndose. En lo que va corrido del 2020, al menos tres campesinos y un indígena murieron en medio de protestas contra la erradicación forzada en los departamentos Norte de Santander y Nariño, presuntamente a manos de militares y policías.
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