Exparamilitares de las AUC podrían acogerse a la JEP y recibir beneficios

Salvatore Mancuso, Jorge 40, Macaco, Nicolás, Martín Llanos; además de su hermano y padre, Nelson y Héctor Buitrago, presos, con amplios prontuarios delictivos y exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), buscan someterse a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), con el fin de recibir los mismos beneficios judiciales que los excombatientes de las FARC.

De este punto se desprenden algunas de las discrepancias sobre lo que se dirá, dónde lo deben decir, bajo qué condiciones y a cambio de qué dádivas o beneficios. Para el senador Roy Barreras, las víctimas tienen derecho de conocer la verdad que tienen los paramilitares, la cual fue contada a medias ante los jueces de justicia y paz.

Sin embargo, para evitar posibles controversias sobre este tema, el senador señaló que estos beneficios solo pueden cubrir los delitos cometidos antes de la desmovilización de los paramilitares.

“(El beneficio) solo podrá servir a quienes fueron postulados y aceptados en Justicia y Paz y por delitos cometidos antes de su desmovilización y no después. Ahí está la verdad que las víctimas necesitan sobre el paramilitarismo y la parapolítica en Colombia y esa verdad es necesario conocerla para poder cerrar los ciclos de la violencia”, dijo a RCN Radio el senador Barreras, autor de la iniciativa que permitiría a los desmovilizados de las autodefensas obtener beneficios de la justicia transicional.

“Los exparamilitares han dicho que quieren ingresar a la JEP para llegar a contar todas las verdades, pero el temor es que lleguen a hacer lo mismo que en Justicia y Paz, que es contar dos verdades mínimas y ganarse los beneficios. (...) Puede ser que la estrategia de los paramilitares es ganarse los beneficios y armar su partido político”, le explicó a El Heraldo el experto en seguridad, Néstor Rosanía.

La ley de justicia y paz busca facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley que se hayan desmovilizado, individual o colectivamente, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. “En la JEP hay tres escenarios: si cuenta toda la verdad, le dictan sentencia condenatoria, pero sin cárcel, y la verdad es que como no ha salido ninguna sentencia, entonces no se sabe cómo va a ser; si cuentan la verdad a medias, digamos, entramos a un escenario parecido al de Justicia y Paz y se produce una condena entre los 5 y los 8 años, y si la persona va a la JEP y no dice nada, la máxima condena es de 20 años. Entonces todos son incentivos para quienes tienen condenas mayores”, explicó el politólogo Jorge Iván Cuervo en diálogo con El Heraldo.

De acuerdo a los postulados de la Justicia Transicional -conjunto de medidas judiciales y políticas utilizadas como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos-, la ley de Justicia y Paz es aplicable a “todo individuo vinculado a grupos armados organizados al margen de la ley que decidan desmovilizarse y contribuir a la reconciliación nacional, con respecto a hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a tales grupos, y que no puedan acceder a los beneficios jurídicos de la Ley 782 de 2002”.

Quienes se acojan a esta ley podrían ser candidatos a los beneficios de la ley y ratificar su voluntad de participar en el proceso judicial. Para ello, el penalista Jorge Abello, en conversación con El Heraldo, señala que Mancuso y sus ex compañeros “deben cumplir condenas extensas que están buscando obviamente beneficios después de haber perdido esas oportunidades con Justicia y Paz”. En este punto, según el experto, se debe analizar si la información es clara, concisa y se dice completa.

“Obtener ventajas judiciales no solo para reducir condena, sino también para insertarse a la sociedad. Estoy seguro de que estas personas ni tienen la información que dicen tener ni están interesadas en entregarla, pero la justicia transicional es la oportunidad para las personas que cometieron delitos de lesa humanidad, y si aportan verdad y entregan datos que son relevantes se hacen acreedores a los beneficios. Desde lo procesal lo importante es que entreguen información que sea cierta y veraz”, le dijo a El Heraldo Jairo Libreros, analista de seguridad.

¿Los exparamilitares deben ir a juicio?

El beneficio jurídico que otorga la Ley de Justicia y Paz consiste en “ceder una pena alternativa por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, por su colaboración con la justicia, la verdad, la reparación integral a las víctimas y su adecuada resocialización”.

En declaraciones a El Espectador, Edwar Cobos, excomandante del bloque Montes María de las Auc, no descarta la idea de que la JEP y Justicia y Paz se unan para dar un veredicto final sobre lo que deben afrontar los exparamilitares que se sometan a la ley.

“Este es el único país que está resolviendo un conflicto con dos sistemas de justicia transicional que, además, tienen varias similitudes, ¿o me van a decir ahora que la JEP no se hizo a partir del modelo de Justicia y Paz? Tener dos justicias es otro de los grandes problemas que está cometiendo Colombia. (...) Hemos confesado 57.833 hechos, que se han hallado 5.314 fosas, que se han priorizado 211.233 víctimas. Nosotros hemos dicho la verdad. Pero si ellos insisten en que el tribunal para decir la verdad es la JEP, ¿entonces por qué excluyen a las autodefensas?”, cuestiona Cobos.

La pena alternativa permitiría la privación de la libertad por todos los delitos confesados y respecto a los cuales se acepte su responsabilidad por un periodo mínimo de cinco años y no superior a ocho años. ¿Qué dicen las víctimas de que los ex-AUC confiesen los delitos en el tribunal?

“He hablado con muchas víctimas del Caribe y todas son del criterio de que sean admitidos en el tribunal de paz los ex-AUC a condición de que digan la verdad, se sometan a la justicia y puedan reinsertarse a la vida civil”, expresa Adil Meléndez, representante de víctimas del paramilitarismo en Bolívar. El pasado mes de septiembre, la Corte Constitucional estableció que la JEP es la única habilitada para decidir si acepta o no el sometimiento de agentes estatales no integrantes de la Fuerza Pública, condenados por la justicia ordinaria, y es a ella a la que le corresponde verificar si cumplen los requisitos.

Otra de las tesis evaluadas en este proceso es si los ex-AUC buscan entrar a la JEP para contar una verdad que aún no han contado. Expertos consideran que los aportes que pueden hacer paramilitares como Mancuso en términos de verdad son muy importantes, por lo que se debería permitir su participación en la JEP como testigos.