La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, a través del despacho de la magistrada Nadiezhda Henríquez, entregó un balance con los principales resultados del caso 04 sobre hechos victimizantes ocurridos en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba (en Antioquia) y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (en Chocó), que hacen parte de la región del Urabá.
Según la JEP, en estos dos años de indagación se procesaron siete informes de violencia sexual, entregados por las organizaciones a la JEP y con hechos victimizantes directamente relacionados con el caso de Urabá.
Así mismo, realizaron cuatro inspecciones judiciales con el fin de avanzar en la revisión de expedientes provenientes de la Fiscalía General de la Nación para buscar seudónimos o nombres de guerra, información de las estructuras de las Farc-EP e información sobre unidades militares de la fuerza pública con operación en los municipios del Urabá.
En este caso van 35.210 víctimas acreditadas que corresponden a 103 sujetos colectivos: 9 Consejos Comunitarios; 1 sindicato; 3 organizaciones de campesinos; 19 comunidades con pertenencia étnica negra; sujetos colectivos indígenas pertenecientes a 71 comunidades, 69 territorios ancestrales y 4 pueblos indígenas -Embera (Dobida, Eyabida, Katio), Wounaan, Senú y Guna Dule-.
También se han acreditado víctimas individuales pertenecientes a la comunidad LGBTI, 37 integrantes del barrio la Chinita de Apartadó, 15 integrantes de la Vereda Guacamayas, 25 campesinos de las zonas de Tulapas, Macondo, Blanquiceth, Lomas Aisladas y Belén de Bajirá.
La JEP, entre el 21 de noviembre de 2019 hasta el 6 de octubre del 2020, escuchó en 35 diligencias de versión voluntaria a 30 comparecientes: 19 exmiembros de la fuerza pública, 10 exguerrilleros de las Farc y un tercero, civil.
Por los crímenes denunciados en el Urabá, hay 241 vinculados, algunos en servicio activo, retirados y separados del Ejército Nacional y otros son exguerrilleros de las Farc que asisten como comparecientes obligados.
En este caso se ordenaron y practicaron inspecciones judiciales a por lo menos 284 expedientes y fueron incorporados 30 informes de organizaciones de víctimas y de derechos humanos al expediente del caso.
El conflicto armado en el Urabá
La Sala de Reconocimiento hizo un análisis detallado de las víctimas en los diez municipios del Urabá e identificó un nivel de vulnerabilidad alto. La Sala tuvo en cuenta que, según la Unidad para las Víctimas, de los 747.340 habitantes del Urabá, 504.933 se declararon víctimas de la guerra.
Por este caso comparecieron integrantes de los frentes 5, 34 y 57 del Bloque José María Córdoba de las Farc y sus respectivas unidades móviles, así como miembros de la Brigada XVII del Ejército Nacional.
En el Urabá la JEP ha identificado y agrupado los hechos en nueve conductas genéricas que fueron constantes en el marco del conflicto armado en la región. Estas conductas, sin discriminar territorio o comunidad, impactaron gravemente a la población y corresponden a:
● Muerte violenta
● Desaparición forzada
● Tortura
● Desplazamiento forzado
● Violencia sexual
● Privación grave de la libertad
● Métodos y medios prohibidos por el DIH
● Omisiones de la fuerza pública
● Daños ambientales y daños a bienes de la población civil
Adicionalmente, el caso 04 indaga sobre los bienes adquiridos de manera ilegal, entre otros temas que comprometen el régimen de condicionalidad de los comparecientes de las Farc.
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