El expresidente de Colombia Ernesto Samper le salió al paso a las declaraciones de varias personas, incluyendo el vocero de la familia, que lo involucran en el asesinato del dirigente político conservador Álvaro Gómez Hurtado que, que en estos días vuelve a ser tema público tras conocerse una declaración de algunos dirigentes del hoy partido político FARC, en la cual el desaparecido grupo terrorista asume y se atribuye la culpabilidad del magnicidio.
Desde la muerte Álvaro Gómez, el 2 de noviembre de 1995, su familia ha insistido en que se trató un crimen de Estado. Para ellos, el entonces presidente Ernesto Samper y el dirigente liberal Horacio Serpa Uribe participaron en el plan que terminó con la vida del abogado, docente, político y periodista conservador.
Sin embargo, el pasado 3 de octubre, por medio de una carta enviada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el partido político, antes grupo terrorista colombiano, FARC asumió la responsabilidad en el asesinato de Gómez Hurtado.
“Hoy, a pocos días de cumplirse 25 años de este asesinato, los miembros del Secretariado de las extintas Farc-EP reconocemos ante la familia de Gómez Hurtado, el país y el mundo que somos responsables de este hecho”, se lee en la declaración oficial.
El documento con la confesión, firmado por, entre otros ex integrantes del extinto grupo terrorista, Rodrigo Londoño, Julián Gallo Cubillos, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Pablo Catatumbo Torres Victoria y sus abogados, abrió de nuevo el debate con respecto a lo que realmente pasó, incluyendo una posible responsabilidad en los hechos por parte del ex presidente colombiano Ernesto Samper.
El asesinato del político conservador Álvaro Gómez Hurtado marcó un hito en la historia colombiana y, las ahora confesas responsables del crimen, reconocen el hecho como un “error”, porque según el documento, Gómez Hurtado habría hecho “un aporte fundamental en la historia política colombiana”.
¿Qué tiene que ver Ernesto Samper?
Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado por hombres armados cuando salía de dar clases en la Universidad Sergio Arboleda. Además de ejercer labores de docencia y periodismo, fue también concejal, representante a la Cámara y senador de la República; candidato presidencial en las elecciones de 1974 y posteriormente en las de 1986.
En 1995, cuando Ernesto Samper era presidente de Colombia, Álvaro Gómez Hurtado era un crítico permanente de su gobierno. El contexto que rodeaba a la presidencia de turno era su principal fuente para cuestionarla: ese año estalló el denominado “Proceso 8000”, que investigó la financiación de con dineros procedentes del narcotráfico de la campaña presidencial de Samper.
La muerte de Gómez Hurtado generó todo tipo de teorías, incluyendo la que defiende la familia del político, según la cual fue un crimen de Estado en el que estaría involucrado el entonces presidente.
Ernesto Samper se ha defendido constantemente, alegando que son declaraciones calumniosas. En entrevista para el Canal Uno señaló: “Nosotros siempre hemos pensado que hubo una relación entre la conspiración, en ese momento, para derrocar a mi gobierno. Incluso, pensamos que él fue víctima precisamente porque se negó a jugar el juego de la conspiración. Pero repito, en estos años yo no he descartado ninguna hipótesis, excepto la hipótesis, absolutamente calumniosa, de que fuéramos Horacio Serpa y yo los que hubiéramos ordenado el crimen de Gómez Hurtado”.
La familia Gómez Hurtado es una de las principales defensoras de esta teoría, incluso hoy, después de la confesión de las FARC, dudan de la versión que enviaron los miembros del ahora partido político a la JEP.
“La JEP se está prestando. Su propósito será quitarle la competencia de la investigación a la Fiscalía para efectos de entrar en un ‘procesito’ de tercera para condenar a algún falso muerto de las Farc, e impedir que avance la investigación contra Ernesto Samper y Horacio Serpa. Lo habíamos advertido”, aseguró Enrique Gómez Martínez, sobrino del político y abogado de la familia, al diario EL TIEMPO.
“Ya existen 322 pruebas, entre testimoniales y documentales, que confirman la ocurrencia de un crimen de Estado; entre otras, ya han sido parcialmente validadas en el marco de interacción de narcotráfico y Estado”, agregó.
En respuesta a estas declaraciones, Samper asegura que los únicos intereses que tiene la familia de Álvaro Gómez son económicos y que buscan una indemnización al asegurar que es un crimen de Estado. “Los Gómez Hurtado, al parecer, no están buscando ni la justicia ni la verdad, sino la plata de una indemnización. Parecería ser que esto es lo único que los mueve, un interés económico y, ahora, un interés político, de convertir este caso en una especie de instrumento contra la justicia de paz”, señaló en su entrevista con el Canal Uno.
Por ahora, la decisión de la Fiscalía General de la Nación ha sido citar a declarar a posibles testigos y personas que pueden ser trascendentales en la investigación. La exsenadora Piedad Córdoba, quien aseguró que sabía quién había mandado a asesinar a Gómez Hurtado y que, además, tenía pruebas que respaldarían esa afirmación, fue citada para testificar en el caso el próximo 23 de octubre. Adicionalmente, la Fiscalía citará a seis antiguos capos del narcotráfico del cartel de Cali; entre ellos los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.
Lucho Garzón, ex alcalde de Bogotá, será escuchado en la Fiscalía el 20 de octubre, según el ente acusador, por declaraciones dadas a los medios que dejan entrever que podría tener claves que lleven a una resolución final.
El partido político de las FARC, por su parte, también entrará en investigación. Aunque hayan hecho una confesión, explica Alfonso Gómez Méndez, fiscal entre 1997 y 2001, “deben demostrarlo. No basta con atribuirse el crimen, deben dar todos los detalles y pormenores; sólo entonces se sabrá si se trata de una confesión real”.
Ante la reiteración de las acusaciones en su contra, Samper se muestra a la expectativa y aboga porque se descubra la verdad: “Yo espero que la comisión de reconocimiento, si asume la competencia de estos casos, se establezca las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que se debieron producir estos reconocimientos. Entonces ya haremos un pronunciamiento definitivo. Por el momento, lo que puedo expresar es sorpresa y apoyo a la tarea que tiene cumplir la JEP en el desarrollo del concepto de justicia y paz”
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