Confirman millonaria sanción a la Federación Colombiana de Fútbol por reventa de boletas

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ratificó la sanción de $16.016 millones impuesta a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por la reventa de boletas para las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018. La entidad de control confirmó todos los aspectos de la millonaria sanción impuesta en julio de este año a la junta directiva de la FCF.

Esta sanción se hace efectiva tras haberse probado la existencia de un vínculo ilegal entre la FDC y las distribuidoras de boletas Ticket y Ticketshop. La Superintendencia de Industria y Comercio, asegura que los involucrados “idearon y ejecutaron un sistema que permitió desviar de forma masiva la boletería, con fines de reventa a precios muy superiores a los establecidos”.

Dos de los participantes declararon que, como parte del contrato de comercialización, se privilegió el acceso a las boletas a Ticketshop, que, además, utilizó información privilegiada, lo cual es objeto de investigación actualmente.

Los entes encargados del caso investigan también si Yajaira Cáceres Pacheco, una de las fiscales que llevó el proceso en sus inicios, recibió o no algún tipo de dádiva por parte de la Federación. Los miembros de la FCF también están siendo investigados a petición del Ministerio del Deporte, quien rechazó enérgicamente la reventa ilegal de entradas.

La Superintendencia de Industria y Comercio emitió un comunicado en el que plasma las millonarias sanciones impuestas a la Federación y las empresas comercializadoras de las boletas.

En el comunicado, la SIC informa sobre los procesos jurídicos que enfrentan los miembros de la Federación, entre los que se encuentran Ramón Jesurún, Álvaro González Alzate, Jorge Fernando Perdomo, Juan Alejandro Hernández, Claudio Javier Cogollo Merlano, Elkin Enrique Arce Mena, Andrés Tamayo y Rodrigo José Cobo Morales; además de los particulares vinculados.

Además, se hace referencia a las actuaciones de Hernando Bocanegra Bernal, abogado de la Federación, y se pide al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá que investigue si el profesional incurrió en alguna falta disciplinaria en el proceso.

Caso Bedoya

El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, negó una acción de tutela y una solicitud de recusación presentadas por Luis Bedoya -otro de los poderosos dirigentes del fútbol colombiano-, quien también es acusado de sobornos como parte del llamado ‘Fifagate’. Igualmente, el superintendente rechazó todos los recursos presentados por los apoderados de los investigados, entre los que se incluyen los demás ejecutivos de la FCF. La decisión tomada por la superintendencia también se remitirá a dos fiscales, que solicitaron directamente el caso para analizar los alcances penales que, adicionalmente, podrían cobijar a los implicados.

¿Intervendrá la justicia internacional?

La decisión de la Superintendencia será enviada al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como resultado de un convenio de cooperación bilateral para colaborar en la investigación contra Luis Bedoya y sus presuntos nexos con el llamado ‘Fifagate’.

Igualmente, otra copia del expediente reposará en los archivos del Ministerio del Deporte, con el fin de iniciar los procesos administrativos correspondientes a los que se tendrán que enfrentar los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol.

A pesar de haber sido confirmada la sanción, representantes de la Federación insisten en que ninguna prueba permite tener certeza de que se hubieran presentado conductas irregulares, más allá de una duda razonable. La Federación reprochó la decisión de la SIC y expresó que, debido a la pandemia, la situación de la entidad ha sido compleja, por la suspensión de los partidos, y que la multa impuesta representaba el 12 por ciento de su patrimonio, en 2018.

Pese a todos los argumentos, la SIC decidió continuar con el proceso administrativo y hacer caso omiso a las peticiones de la FCF. “No toda opinión, concepto o noticia tiene el peso para condicionar al juez o sembrar dudas respecto de su capacidad de decidir apegado a los hechos, a las pruebas y al ordenamiento jurídico”, aseguró la SIC. Adicionalmente, la Fiscalía les imputó cargos a varios de los involucrados tanto de la Federación, como de las compañías distribuidoras de boletería.