Así se recrudece la violencia contra líderes sociales y exguerrilleros de las FARC tras cuatro años de la firma del acuerdo de paz

El 26 de septiembre pasado se cumplieron cuatro años de la firma del acuerdo final entre el Gobierno de Colombia y la extinta guerrilla de las FARC-EP. Un tiempo que comenzó con relativa tranquilidad y se ha venido contaminando progresivamente por la violencia que se intensifica contra los excombatientes y los líderes sociales, y que ha dejado en ese periodo por lo menos 224 exguerrilleros y 335 líderes sociales asesinados, según los registros de la ONU.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó en el último informe trimestral sobre la Misión de Verificación en el país que hasta el 25 de septiembre 2020 habían sido asesinados 50 exintegrantes de las FARC-EP, superando la cifra de todo el 2017. A la vez que 48 líderes sociales habían sido asesinados en los nueve primeros meses del año y están en proceso de verificación 51 casos que podrían aumentar esta cifra.

En un evento convocado para el 16 de septiembre por el Gobierno de Colombia, para evaluar los avances de la implementación del acuerdo de paz, Rosemary DiCarlo, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos aseveró que: “los asesinatos y amenazas contra líderes sociales, excombatientes, mujeres y jóvenes son una amenaza para la paz”.

De igual forma, aseguró en el evento al que asistió de manera virtual que siguen “profundamente preocupados por la inseguridad que impacta la vida de tantos colombianos en las zonas del país afectadas por el conflicto a pesar de la reducción general de la violencia instigada por el proceso de paz”. Algunos de los departamentos más afectados por la muerte de líderes sociales y excombatientes como Cauca, Nariño, Norte de Santander, y Antioquia coinciden con algunos de los territorios donde se desarrollan programas establecidos en el acuerdo, como los Planes de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Pero uno de los grandes inconvenientes para entender el recrudecimiento de la violencia contra líderes sociales y excombatientes parte de que no existe un consenso en el número de víctimas, lo que impide un conteo homogéneo entre el Gobierno, las organizaciones no gubernamentales e internacionales.

Líderes Sociales, cada vez más amenazados

“Quiero exaltar la labor de quienes todos los días realizan los millones de esfuerzos que son necesarios. Esfuerzos que los hacen realidad líderes y lideresas sociales que construyen una sociedad más digna, más generosa y que a pesar de las dificultades no cesan en su empeño de construir un país para todos”, mencionó el presidente Iván Duque, el 22 de septiembre, ante la 75 Asamblea General de la ONU.

Esfuerzos que se imponen sobre las amenazas y los atentados de los que son víctimas constantes. Pese a este reconocimiento y luego de más dos años de gobierno, los esfuerzos para proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos no parecen suficientes.

En lo que va corrido del año, Gobierno ha verificado 47 asesinatos, según un documento que conoció el diario El Tiempo, en el que también se evidencia que “solo fue admitida una de cada seis solicitudes de protección para el estudio de riesgo por parte de la Unidad de Protección”.

Cifras que son alarmantes y que contrastan con los datos registrados por otras entidades y organizaciones no gubernamentales.

Para la Misión de Observación electoral (MOE), organización de la sociedad civil, han sido asesinados 51 líderes sociales y comunales en lo que va corrido del año, mientras que para las organizaciones no gubernamentales como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) van 222.

Por su parte, Somos Defensores verificó 47 casos en el primer trimestre del 2020, misma cifra del Gobierno en lo que va de este año. Esas cuentas que tampoco coinciden con las de la Fiscalía, que en el primer semestre del 2020 había verificado 36 asesinatos de líderes sociales y 349 desde la firma del acuerdo.

Excombatientes, en riesgo y con incertidumbre

El pasado 30 de julio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó al Gobierno en un comunicado “adoptar acciones para garantizar la vida y la seguridad” de los excombatientes. Una medida que tomó la JEP luego de constatar que, a pesar de las labores de las autoridades, se siguen presentando la violación de los derechos fundamentales de los exintegrantes.

Según esta entidad, han sido asesinados 210 comparecientes en cuatro años, casos que han sido juiciosamente documentados por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Instituto Kroc.

Para el partido FARC, la cifra es incluso mayor, puesto que han registrado el asesinato de por lo menos 230 exguerrilleros desde la firma, una cifra que coincide con la ONG Indepaz.

Por otra parte, un informe entregado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) que recoge el balance de 500 organizaciones evidencia que en los primeros seis meses del 2020 han sido asesinados 25 excombatientes, 220 de ellos desde la firma del acuerdo de paz, y han sido objetivo de 14 desapariciones forzadas y 39 atentados.

Rodrigo Londoño, líder político del partido FARC y exjefe de la guerrilla más vieja del continente, aseguró en la primera Conferencia Internacional por la Implementación del Acuerdo que “no resulta exagerado afirmar que cada semana un excombatiente es víctima de homicidio”, y aseguró que, “nuestro partido se ha visto obligado a reiterar la adopción de medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Paz sin seguridad, no será paz

Según el cuarto informe del instituto Kroc, para noviembre del 2019, más de la mitad del acuerdo no se había comenzado a ejecutar o estaba en su fase inicial, siendo ese año el que se habían registrado menos avances con tan solo un 6% con respecto a los dos años anteriores.

La violencia contra excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos es una realidad que se presenta como uno de los mayores obstáculos para la construcción de paz en el país.

Los grupos armados ilegales, las economías ilícitas, la ausencia del Estado y la incapacidad de este de ocupar con instituciones los territorios más golpeados por el conflicto constituyen uno de los más importantes desafíos para el acuerdo y la seguridad de la reintegración de los excombatientes.