Corte Suprema de Justicia define el proceso contra Álvaro Uribe Vélez

La Corte Suprema de Justicia citó a una sala extraordinaria para definir qué ley cobijará el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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FOTO DE ARCHIVO: Ex presidente
FOTO DE ARCHIVO: Ex presidente Álvaro Uribe Vélez. REUTERS/Luisa González/Foto de archivo

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se reúne desde las diez de la mañana de este viernes, 2 de octubre, en una sesión extraordinaria, para evaluar bajo qué ley se debe llevar la investigación que se adelanta contra el expresidente y exsenador por presunto fraude procesal y soborno a testigos.

Tras el planteamiento de la jueza 30 de control de garantías, Clara Ximena Salcedo, el pasado 22 de septiembre, los magistrados debaten si debe regirse por la ley 906 o por la ley 600.

La ley 600, resulta vigente para los delitos incurridos antes de 2005 y para el juzgamiento de los miembros del Congreso, mientras que la ley 906, actual sistema penal de la justicia ordinaria, tramita los delitos cometidos después del 1 de enero de 2005, exceptuando los casos de aforados constitucionales.

En la pasada audiencia, Salcedo, expresó ser idónea para esclarecer el caso del exmandatario al evaluar que los hechos ocurrieron en 2018.

Por otro lado, el abogado del senador Iván Cepeda, Reynaldo Villalba, sostuvo que la juez no era competente para dicha decisión, razón por la cual se dejó la decisión en manos del tribunal para que corrobore o no su conclusión.

Además de definir si el caso se lleva bajo el antiguo o nuevo sistema, la Sala Plena, conformada por la Sala Civil, Penal y Laboral de la Corte Suprema, también deberá decidir quién será la autoridad encargada de evaluar la libertad de Uribe Vélez, quien cumple casa por cárcel en su finca ubicada en Córdoba, al norte del país.

La decisión tomada le dará un giro al proceso, ya que si se escoge la ley 600, se podrían tener en cuenta las pruebas que estudió la Corte y decidir si se llama a juicio o no. Pero si por el contrario, el tribunal se decide por la ley 906, la Fiscalía deberá empezar de cero la investigación para evaluar la imputación de cargos.

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