Ola de masacres en Colombia: ¿por qué un fenómeno del pasado se disparó en 2020?

Por: Carlos Andrés Cuevas C.

“Nosotros no traemos a la vida a nuestros hijos para ver que nos los matan. Los traemos para verlos llorar, pero de felicidad”, explica Tania Ramos, lideresa de la Asociación Comunitaria de Mujeres Desplazadas de Tumaco, municipio de Nariño, en el suroccidente de Colombia.

Sus palabras evocan el temor que han traído consigo las 61 masacres perpetradas en 2020 en el país —a corte del 24 de septiembre—y que han dejado 246 víctimas, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

“Aquí no se puede casi ni salir. Y los más expuestos son los jóvenes, no solo a que los maten, sino a ser reclutados por estructuras criminales”, agrega la lideresa.

Nariño ha sido escenario de masacres este año. La más reciente, en el municipio El Charco, el 20 de septiembre, cuando al menos dos hombres armados asesinaron a cuatro miembros de una misma familia. El crimen fue registrado en video que circuló en redes sociales.

Aparte de Nariño, los departamentos más afectados han sido Cauca, también con nueve masacres, y Antioquia, con 14. Sin embargo, este fenómeno se ha extendido a 16 de los 32 departamentos del país, según Indepaz.

“Entre el 2014 y el 2017, las masacres en Colombia disminuyeron. A partir de ese año, contrario a lo que se esperaba, aumentaron”, detalla Diego Restrepo, coordinador de la línea de conflicto, paz y posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación.

La información coincide con las cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) que registra, en 2017, 12 masacres que dejaron 49 víctimas; en 2018, 105 víctimas en 27 y 2019 cerró con 35 masacres que le costaron la vida a 113 personas.

Durante estos nueve meses del 2020, en plena pandemia, se ha duplicado el número de víctimas del 2019 y se está cerca de doblar la cifra de masacres.

El porqué de las masacres

Para Restrepo, son diferentes los factores que explican el aumento de masacres. “Uno de ellos es la disputa por la legitimidad de la población civil. Eso es lo que pasa al sur del Cauca entre el ELN —Ejército de Liberación Nacional— y las disidencias de las Farc; también lo que ocurre en el Urabá antioqueño entre Los Caparrapos y el Clan del Golfo —estructuras dedicadas al narcotráfico y la extorsión—”, cuenta el investigador..

De acuerdo con el experto, en esa disputa por la legitimidad es que las estructuras criminales hacen uso de la violencia contra la población civil, argumentando que tienen vínculos con otras bandas, por ejemplo.

“En regiones con procesos de organización afro, indígena y campesina fuertes, como en el norte del Cauca, la violencia se recrudece: las estructuras armadas ilegales buscan romper desde adentro el ejercicio de participación comunitaria y de organización para hacerse con el control”, asevera.

Luis Fernando Trejos, doctor en Estudios Americanos e investigador del conflicto y posconflicto en Colombia, agrega que la disputa por la legitimidad se debe a la falta de presencia del Estado en zonas que históricamente han padecido la violencia.

“Desde el último año de Santos, ya firmados los Acuerdos de Paz, no se aprovechó la coyuntura para crear institucionalidad en regiones olvidadas. El Gobierno Duque tampoco lo ha hecho. Y el vacío que dejaron las Farc lo ocuparon estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal”, afirma.

Por su parte, Juan Carlos Garzón, director de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explica: “Ahora tenemos estructuras más fragmentadas, con múltiples organizaciones, influencia local y, en algunos casos, regional. Son actores cuya ideología ha perdido fuerza, con ciertas excepciones”.

“Solo en Tumaco —comenta Trejos—, se habla de la disputa entre 12 bandas”.

Los expertos coinciden en que, tras la firma de los Acuerdos se frenó la dinámica nacional de violencia, pero se atomizaron expresiones locales de esta, porque no se cumplió lo pactado y las causas estructurales del conflicto no fueron atendidas.

La pandemia recrudeció la violencia

Un detonante de la ola de violencia fue la cuarentena, que para Colombia sucedió entre un periodo de casi 7 meses. Así lo manifiesta Javier Cortés, líder de la comunidad indígena Awá en Tumaco, que tuvo que salir de su territorio tras un atentado con armas de fuego, ejecutado por seis desconocidos y del que se salvó gracias a sus escoltas —ya estaba amenazado—. Sucedió el pasado 11 de agosto.

Las amenazas contra la población y los líderes sociales vienen de hace mucho, pero incrementaron durante la pandemia, de acuerdo con Cortés: "Las bandas criminales se encargaron de vigilar a las personas para que no salieran de sus casas”.

En Tumaco, agrega el líder indígena, "los pobladores no incumplían la cuarentena por falta de conciencia, sino para no pasar hambre. Aquí los habitantes salían a pescar, a cazar, para comer. Y por eso las amenazaban, cuando no las mataban”.

“Estamos hablando de grupos armados cuyas finanzas se vieron afectadas por la cuarentena, al no poder distribuir la droga o extorsionar: los aeropuertos y las vías estaban cerradas, y los puertos marítimos tenían mayores controles. Por ello, se volcaron a consolidar el control en sus territorios”, analiza Trejos.

No ejercer como autoridad sanitaria por parte de las bandas criminales —según la hipótesis del experto—, hubiera podido implicar el aumento de contagios por coronavirus y, por ende, la llegada de las instituciones del Estado, acompañadas de la fuerza pública, a los territorios. Las bandas criminales podían perder el control.

“Algunas de las masacres de un par meses hacia acá, como la de Samaniego, obedecen a lo que parecen castigos en contra de quienes incumplieron la cuarentena”, concluye.

Cómo frenar la ola de masacres

Frente a las masacres, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el 22 de agosto anunció la creación de la “Unidad Especial de Identificación, Ubicación y Judicialización de Perpetradores de Homicidios Colectivos”, en la que se reúne a las capacidades de inteligencia, investigación criminal y operaciones de la fuerza pública, en coordinación con la Fiscalía.

A corte de 25 de septiembre, el ministerio de Defensa informó a Infobae que, “de acuerdo con la Policía Nacional, de los 11 casos de homicidios colectivos registrados desde agosto, el 54 por ciento (6) presentan un avance en la investigación mediante la expedición de 20 órdenes de captura, 14 de ellas materializadas”.

El ministro también se refirió a la aspersión aérea como antídoto para frenar la ola de violencia. “En las condiciones de hoy, reiniciar la aspersión aérea es absolutamente indispensable porque su reiniciación tendrá además un resultado positivo en este asunto de los homicidios colectivos que tienen indignado al país”, dijo —luego de la masacre de Samaniego, Nariño, donde fueron asesinados ocho jóvenes que departían en una finca—.

Desde ese entonces, expertos y líderes sociales han manifestado su oposición al regreso del glifosato, una de las sustancias usadas para la aspersión y que dejó de usarse en 2015 durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

“La gente se dedica a la coca porque no hay oportunidades, y menos para los jóvenes; es ilegal, pero legítima, porque alrededor de ella gira la economía aquí. Por eso cuando un grupo ilegal ofrece a un joven un celular y $350.000 para hacer parte de esto, acepta”, narra Nilson Estupiñan, líder social de Red Panas del Pacífico.

Para él, la solución recae justamente en los programas de sustitución no forzada que dejó el Acuerdo de paz: “es incentivar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, apoyar los proyectos productivos y garantizar la compra de los productos con los que se está reemplazando los cultivos de coca. Es construir vías y acueductos, hacer a la comunidad partícipe de las decisiones que se toman”.

Diego Restrepo, de Fundación Paz y Conflicto, plantea que la apuesta debe ser construir legitimidad desde abajo y reconstruir la confianza con las comunidades .

“Los Acuerdos de Paz no solucionan todos los problemas, pero sí son una hoja de ruta para hacer un proceso concertado, para hacer el desmantelamiento de estructuras criminales y pensar en fuerzas militares en el marco del posconflicto. En ellos se pactó una idea de seguridad desde una perspectiva humana e integral, basada en la prevención y no en la reacción”, asegura.

Por otro lado, Trejos propone abrir mesas de concertación que conduzcan a escenarios de intervención integral del Estado.

“La solución no es el discurso negacionista, tampoco la aspersión ni la militarización, si bien puede haber un gran despliegue del Ejército en zonas como el Urabá; llevamos 30 años utilizando esa fórmula y el panorama no ha cambiado. Las dinámicas del conflicto son focalizadas y distintas en cada territorio, por lo que deben ser abordadas así”, puntualiza.

Tanto Restrepo como Trejos argumentan que dejar la seguridad del país solo en manos de las fuerzas militares y policiales, contrario a contribuir con la problemática, implica riesgo para la población civil.

“El Ejército viene de cuestionamientos estructurales de falsos positivos y perfilamientos de periodistas y organizaciones de derechos humanos. En el caso de la Policía, no se debe ignorar el uso indiscriminado de sus armas de fuego durante las protestas del 9 y el 10 de septiembre contra población civil, en las que resultaron 13 personas muertas en Bogotá y Cundinamarca —y que Indepaz también lo documenta como masacre—”, señalan los investigadores.

En cuanto a la Defensoría del Pueblo, indica que, si bien el Sistema de Alertas Tempranas ha sido efectivo en la advertencia de lo que puede suceder en las regiones, hay que fortalecer la articulación estatal para dar una respuesta integral. Masacres que este año volvieron a subregiones como los Montes de María ya tenían precedentes de alertas tempranas desde hace dos años. Sin embargo, ocurrieron en Simití y El Carmen de Bolívar.

“Se cree que la única respuesta del Estado es la seguridad, que el único respondiente es la fuerza pública; pero hay que abrir la puerta para que la seguridad no solo sea de orden público, sino humana”, explicó la última semana de septiembre Jorge Enrique Calero, vicedefensor del pueblo, en un conversatorio del diario El Espectador.