El pasado lunes 28 de septiembre fue deportado a Colombia Rodrígo Tovar Pupo, Alias ‘Jorge 40’, ex comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 para cumplir, en ese país, una condena por narcotráfico de 16 años, de los cuales pagó 12. A su llegada, lo recibieron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá la Fiscalía, Migración Colombia, Interpol y la Policía Nacional. Mientras el Inpec decide a qué cárcel enviarlo, Jorge 40 pasa las noches en el búnker del ente acusador.
Tovar Pupo tendrá que darle la cara a las víctimas en el país y enfrentar la justicia ordinaria, ya que, en 2015, el Tribunal Superior de Barranquilla lo expulsó de Justicia y Paz, la ley que buscaba facilitar la desmovilización de paramilitares, con beneficios como penas de hasta ocho años si confesaba y ayudaba a esclarecer crímenes cometidos por este grupo armado. Su expulsión se debió a que no compareció ante la Fiscalía en ninguna de las 48 versiones libres a las que se le citó desde que salió de Colombia. “La extradición no libera al desmovilizado de la obligación que adquirió al acogerse de manera voluntaria a los beneficios de la Ley 975 de 2005”, sentenció, en 2015, el magistrado Gustavo Roa Avendaño.
Antes de ser expulsado de Justicia y Paz, ‘Jorge 40’ dio testimonio de su participación en más de 600 hechos violentos, como desplazamientos, secuestros y masacres. Todos ellos cometidos en el norte del país.
Quién es ‘Jorge 40’
Rodrígo Tovar Pupo nació el 30 de octubre de 1960 en Valledupar, Cesar. Hijo de una familia de clase alta del barrio Novalito, uno de los más prestigiosos de la ciudad, donde también vivió uno de los más conocidos guerrilleros de las Farc, alias ‘Simón Trinidad’, de quien fue muy cercano en la infancia y quien también fue extraditado a Estados Unidos.
Tovar estudió en los mejores colegios y se trasladó a Bogotá siendo muy joven. En la capital conoció al también jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Intentó ingresar a la Escuela Militar pero, por problemas de salud, no pudo terminar el proceso de admisión. También trabajó en en la oficina de Pesos y Medidas de la alcaldía de Valledupar e, incluso, fue Secretario de Hacienda de ese municipio, donde dicen que tuvo un buen desempeño.
Llegó al paramilitarismo en 1996, después de que un general del Ejército reunió a las familias más importantes del nororiente del país para crear grupos de autodefensa con el fin de combatir a las guerrillas de las Farc y el Eln que, en ese momento, secuestraban y extorsionaban a los más ricos, como a su padre, a quien también le hicieron un intento de secuestro. Un año después, junto con Mancuso y Carlos Castaño, formaron las Autodefensas Unidas de Colombia.
En el proceso para llegar a liderar el Bloque Norte, que operaba en los departamentos del Cesar, Magdalena, La Guajira, Atlántico y, ocasionalmente, Córdoba, Sucre, Santander, Norte de Santander y Bolívar, Jorge 40 tuvo que enfrentar al narcotraficante Hernán Giraldo, quien controlaba los puertos de la Guajira y el Magdalena, por donde traficaba cocaína, según relata el portal Verdad Abierta.
Los enfrentamientos entre las AUC y Giraldo se extendieron hasta febrero de 2002, cuando este pidió cese al fuego y terminó uniéndose al grupo paramilitar, creando el bloque Resistencia Tayrona. Después, según la versión de un desmovilizado del grupo de Giraldo, fueron separados en diferentes frentes del bloque Norte para evitar una sublevación en contra de Jorge 40, además, les cedieron el control total de las rutas de cocaína que manejaban.
En el proceso de controlar toda la zona norte del país, Tovar Pupo planeó y ejecutó algunos de los crímenes más recordados, entre ellos se le señala de haber liderado la masacre del Salado, cometida entre el 16 y el 21 de febrero del 2000. Según algunos sobrevivientes, que hablaron con El Tiempo, cerca de 450 paramilitares ingresaron al corregimiento del Salado, al sur de Bolívar, y asesinaron a 60 personas, algunas por decapitación, y violaron a mujeres y niñas. De este hecho se recuerda que los paramilitares jugaron fútbol con las cabezas de las víctimas. Todo esto causó el desplazamiento de la población. Hasta ahora, no hay pronunciamiento por parte del señalado sobre este hecho.
Uno de los crímenes que sí confesó ‘Jorge 40’ fue el asesinato de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, presidente y vicepresidente del sindicato de trabajadores de la multinacional Drummond en Colombia. Los dos hombres fueron tiroteados el 12 de marzo de 2001 en zona rural de Bosconia, Cesar, donde la compañía norteamericana explota yacimientos de carbón. El abogado Hernando Bocanegra, quien representa al exparamilitar, dijo que Tovar aceptó el homicidio para “someterse a una sentencia anticipada”, que consiste en recibir beneficios jurídicos por colaborar con la justicia.
El 18 de abril de 2004, mientras se adelantaba una negociación entre el Gobierno y los paramilitartes en Santa Fe de Ralito, en Córdoba, el grupo armado ilegal realizó otra masacre. En Bahía Portete, La Guajira, asesinaron, por orden de Jorge 40, a 12 indígenas Wayuu de la zona, desaparecieron a dos más y cerca de 600 personas tuvieron que desplazarse hacia Venezuela. En esta masacre decapitaron a una mujer y otra fue asesinada con machete. Al parecer, los paramilitares buscaban el control del puerto para traficar cocaína, reportó el periódico El Mundo en 2004.
Otra de las masacres perpetradas por orden de Tovar (y confesadas por él en Justicia y paz) fue el asesinato de 50 pescadores de Nueva Venecia, Magdalena, en la madrugada del 22 de noviembre del 2.000, a manos de 50 hombres. Los paramilitares, comandados por Tomás Freyle Guillén, alias Esteban, acusaron a las víctimas de robar ganado, cometer atracos sobre la vía que comunica a Barranquilla con Ciénaga y colaborar con la guerrilla del Eln. Según algunos habitantes, que hablaron con El Tiempo, la masacre duró menos de 15 minutos.
Además de la violencia armada, Rodrígo Tovar es uno de los involucrados del escándalo de la parapolítica, en 2006, ya que su computador personal, incautado a uno de sus subalternos, fue la prueba reina para revelar que los paramilitares tenían alianzas con diferentes políticos, incluyendo alcaldes, gobernadores y congresistas, entre ellos ,Zulema Jattin senadora del Partido de la U; Dieb Maloof ,senador del movimiento Colombia Viva; David Char, miembro de la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical, y Álvaro García Romero, senador del partido Colombia Democrática, todos de la bancada uribista.
El paso a seguir en Colombia
De acuerdo con el boletín de la Fiscalía, Rodrígo Tovar Pupo tiene 35 órdenes de captura vigentes, 38 medidas de aseguramientos y 1.486 procesos abiertos en su contra, de los cuales, 1.076 investigaciones están bajo la Ley 600 de 2000 y 410 procesos por la Ley 906 de 2004. Por el lado de la Justicia Transicional, se reportan 65 órdenes de captura y 109 medidas de aseguramiento. Según la Fiscalía, el exparamilitar tendría que responder por delitos como desaparición forzada, concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, entrenamiento para actividades sicariales, secuestro extorsivo, homicidio con fines terroristas, hurto calificado, tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y tortura en persona protegida, entre otros.
El expara ha buscado acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero esta lo rechazó, argumentando que los paramilitares no son de su competencia y pidiéndole a la defensa que presente pruebas suficientes para demostrar que participó, como financiador o tercero civil, en el conflicto armado colombiano. Sin embargo, el senador Roy Barreras del partido de La U, está tramitando un proyecto de ley para que exparamilitares puedan acudir a este tribunal especial. Barreras le contó a El Espectador que la intención es establecer quiénes fueron los actores y determinadores de la maquinaria de guerra del paramilitarismo.
Si continúa su proceso en la justicia ordinaria, la pena que podría pagar el que es considerado uno de los más sanguinarios paramilitares del país sería de más de 40 años; es decir, pasaría el resto de su vida en prisión.