Cinco de cada seis solicitudes de protección a líderes sociales colombianos son rechazadas: Ministerio del Interior

A pesar del aumento en las cifras de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, la UNP (Unidad Nacional de Protección), entidad encargada de velar por su seguridad, solo admitió el 16% de las solicitudes hechas por ellos, según un informe emitido por el Gobierno nacional. Esto significa que, de cada seis solicitudes que se le han hecho a la UNP durante lo que va del año, solamente han aceptado una.

Según el documento, desde el primero de enero hasta el 16 de agosto de este año, se presentaron 6.756 solicitudes de protección por parte de líderes sociales, de las que solamente fueron admitidas 1.093. Algo parecido sucede con las solicitudes hechas por parte de los defensores de derechos humanos, quienes presentaron 3.053 solicitudes y solamente tuvieron respuesta positiva de 474.

Este mismo estudió reveló las cifras de asesinatos de líderes sociales, y registra que, entre 2016 y 2017, los asesinatos crecieron 38%; entre 2017 y 2018, aumentaron en un 37%, y de 2018 a 2019, los asesinatos de líderes y defensores de los derechos humanos disminuyeron en un 6%, según lo cual, el mayor pico de asesinato de líderes sociales se dio en 2018, año en el que se registraron 115 homicidios.

También se supo que, según las cifras de la Oficina para los derechos humanos de la ONU, en lo que va del 2020, se han confirmado 47 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, verificados.

La poca cobertura de seguridad ofrecida por la UNP, asegura el informe, se explica en que la mayoría de las solicitudes rechazadas tienen en común la falta de documentos necesarios para empezar un estudio de seguridad y la posterior creación de un esquema de protección.

“La Unidad Nacional de Protección atiende todas las solicitudes de protección enviadas; no obstante, la totalidad de las solicitudes de protección no refieren el pleno de la información y documentos necesarios para activar la ruta de protección e iniciar un estudio de nivel de riesgo. Por tal razón, es significativo indicar que la totalidad de las solicitudes de protección no generan la activación de un estudio de nivel de riesgo”, asegura el documento.

Estos datos salen a la luz al tiempo que la Sala de Selección de la Corte Constitucional, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz (CSIVI) y el Partido FARC redactaron una carta en la que denuncian ineficiencia en el servicio que debería ofrecerles la UNP.

“Desde la firma del Acuerdo Final de Paz han sido asesinados 227 excombatientes, todas personas en proceso de reincorporación, cumpliendo cada uno de los puntos de los compromisos derivados de lo pactado. Muchos de los homicidios se cometieron en contra de quienes se desempeñaban como líderes sociales, defensores de Derechos Humanos en sus territorios, en labores de implementación o sustitución de cultivos de uso ilícito”, sostienen en el comunicado.

El presidente de la Red Nacional de Paz (Redepaz), Luis Emil Sanabria, alegó que la explicación de la UNP con respecto a la falta de documentos para acceder al servicio de seguridad era falsa y aseguró que, al contrario, la entidad había negado, sin razón, la ayuda a los líderes y defensores que la solicitaban.

“Lo que están haciendo es negar las solicitudes, impedir el acceso de los líderes y lideresas que lo solicitan; están recurriendo a recortar el servicio o a prestarlo con herramientas que no son suficientes. El Gobierno todavía no ha logrado entender que las medidas de protección individual son complementarias a una política de Estado que garantice la vida de los líderes”, manifestó.

Igualmente, Redepaz aseguró que la reducción en el número de homicidios de líderes no debe ser algo que deba tomarse con tranquilidad. “Esta no puede ser una cifra que satisfaga a la sociedad, el Gobierno se está acostumbrando a altas cifras de asesinatos de líderes, como si fuera algo natural”.

Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial de los derechos humanos, se manifestó ante estos cuestionamientos y defendió la gestión del Gobierno nacional. “La Consejería para los Derechos Humanos, por su parte, debe recoger la información y hacer recomendaciones al Gobierno. El Presidente lleva un control de la información. Debemos enviarle las cifras que reflejan lo ocurrido cada semana”.

En medio de la división de opiniones que hay con respecto a este tema, se programó un debate para el próximo 30 de octubre.

A este encuentro, convocado por los congresistas Ángela María Robledo, María José Pizarro y Katherine Miranda, y los parlamentarios León Freddy Muñoz Lopera, Luis Alberto Albán, Omar de Jesús Restrepo e Inti Asprilla, están invitados a participar el presidente de la República, el fiscal general de la Nación, el procurador general de la Nación, el defensor del pueblo, el alto comisionado para la Paz, el alto consejero para la Estabilización y la Consolidación, la alta comisionada de las Naciones Unidas, la ministra del Interior, el ministro de Defensa Nacional y el ministro del Medio Ambiente.