Lo que ha reconocido el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso cumplió este año la condena de 15 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos. Se espera que regrese a Colombia para que responda por los delitos que confesó como comandante de los bloques Córdoba, Catatumbo y Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y para que diga la verdad que, asegura él, aún no ha revelado.

Dos años después de que Mancuso se sometiera a la Ley de Justicia y Paz, producto del sometimiento a la justicia y desmovilización de las AUC, fue extraditado por el expresidente Álvaro Uribe, junto con los paramilitares conocidos como Jorge 40, Gordolindo, Don Berna, Cuco Vanoy y Hernán Giraldo, porque, según el Gobierno, seguían delinquiendo desde la cárcel en contra de las condiciones del proceso de desmovilización.

En 2009, Mancuso, considerado como máximo comandante del grupo criminal, en entrevista con el periodista Harold Abueta, negó que hubiera delinquido desde la cárcel luego de desmovilizarse, asegurando que, si hubiese sido así, no estaría dentro del proceso de Justicia y Paz. Ante la pregunta del periodista de por qué cree que el Gobierno lo extraditó, respondió: “El Gobierno se asustó con las actividades de algunos comandantes y porque estábamos reconstruyendo la verdad”.

Antes de su extradición, entre el 2006 y el 2008, cuando Mancuso permaneció en la cárcel de Itagüí compareciendo ante el tribunal de Justicia y Paz, dejó información relevante como jefe del paramilitarismo, incluidos los crímenes de los que fue autor y los vínculos con agentes del Estado.

Durante el proceso de desmovilización del bloque Catatumbo, uno de los que comandaba Mancuso, sus integrantes entregaron 988 armas largas, 71 armas cortas, 55 armas de acompañamiento, 13 granadas y 287.444 municiones. Así mismo, durante el proceso de desmovilización, ofreció individualmente 22 bienes, representados en fincas, una sociedad y un establecimiento público, incluyendo bienes con proyectos productivos como las haciendas Villanueva, Guaira, Nueva Delhi, la sociedad anónima Incusol y un reconocido restaurante en Barranquilla llamado L`Enoteca

La Fiscalía General de la Nación llevó a cabo diligencias de versión libre en las cuales Mancuso confesó 402 hechos delictivos: homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, reclutamiento ilícito, secuestros, tomas de rehenes, torturas y, actos de terrorismo, entre otros.

Entre los delitos que confesó está la masacre de El Salado, ocurrida a mediados del mes de febrero de 2000 en un caserío ubicado en los Montes de María en el departamento de Bolívar, donde un grupo de paramilitares, utilizando armas ligeras, piedras, palos, morteros de hierro, cabuyas y otros elementos, asesinó a 62 habitantes del pueblo.

Esta masacre fue ordenada por Carlos Castaño y planeada en una finca llamada El Avión, en inmediaciones del municipio de Sabanas de San Ángel, departamento de Magdalena, por Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo y Jhon Henao, quien asistió como delegado de Castaño.

Adicionalmente, Mancuso confesó el asesinato de varios campesinos y dirigentes políticos de izquierda, ligados con grupos guerrilleros como las Farc o el Eln.

En este proceso, varios paramilitares adujeron que “no existía duda que el referido grupo de autodefensas contó con la complacencia y participación directa en muchos de los casos de las entidades del Gobierno nacional y del Estado, especialmente de la Fuerza Pública, el DAS, la Fiscalía, algunos alcaldes y miembros de la política”, se lee en una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá contra Mancuso en 2014.

Con la extradición de Mancuso y de otros jefes paramilitares, su proceso en Colombia avanzó lentamente. Poco se ha sabido de quiénes financiaban a las Autodefensas Unidas de Colombia y de los políticos salpicados en varios testimonios que entregaron los desmovilizados.

De hecho, fue después de la desmovilización de las AUC, en 2006, que estalló el escándalo de la ‘parapolítica’, dejando a varios políticos condenados por sostener alianzas con este grupo armado con el fin de ser elegidos en alcaldías, concejos, asambleas municipales, gobernaciones y hasta en el Congreso.

Fue el caso del exrepresentante a la Cámara por Córdoba Miguel de La Espriella, quien firmó un acuerdo con las Autodefensas para “refundar la patria”, conocido como el ‘Pacto de Ralito’, escrito que habría sido filtrado por el propio Mancuso.

Por esta firma, De La Espriella fue condenado a 45 meses de prisión, además, entregó un testimonio ante el Tribunal de Bogotá el 25 de septiembre de 2012 sobre el vínculo de la política con el paramilitarismo.

“Yo, obviamente, en todo este trasegar conversaba con Salvatore Mancuso de diferentes cosas (…), ahí él empezó a decirme la necesidad que las autodefensas tenían de que no solamente se le vieran como un actor del conflicto sino como un actor político, dado que habían suplantado al Estado en toda una serie de circunstancias, y visionaba llegar, de alguna manera, al Congreso de la República para, desde ahí, iniciar un proceso de paz”, dijo el excongresista.

Así mismo, detalló que, en las elecciones presidenciales del 2002, había un sector de las autodefensas que quería apoyar a Horacio Serpa, al que veían como un candidato más mediador para un futuro diálogo de paz.

“Había otro sector que decía ‘pero cómo vamos apoyar a Horacio Serpa, si nosotros ideológicamente somos más cercanos a Uribe’. Esta última tendencia fue la que terminó imponiéndose, aclarando yo que Salvatore Mancuso siempre tuvo la tendencia de apoyar a Álvaro Uribe Vélez”, dijo ante el tribunal Miguel de La Espriella.

El mismo Mancuso señaló sobre esto en otra audiencia, el 26 de septiembre de 2012: “conversé con los comandantes Castaño, repito, había una misión muy clara de ese, de apoyar al doctor Álvaro Uribe (…) efectivamente al final, como explicamos ayer, se avanzó en el tema de entregarle el apoyo al doctor Álvaro Uribe cuando era aspirante a la presidencia de la República”.

Días después de que se informara en varios medios de comunicación que Salvatore Mancuso sería deportado a Italia, luego de que cumpliera su condena en Estados Unidos por traficar drogas, el exjefe paramilitar respondió una carta del exministro y gestor de paz Álvaro Leyva.

Allí, Mancuso aseguró que “es el momento de que todos los actores armados que hicimos y hacen parte del conflicto armado interno y el propio Estado, nos sentemos de forma sincera en un solo lugar y de cara al país, sin permitir que la verdad sea secuestrada o manipulada, sin importar a quién beneficia o perjudica, puesto que, la verdad es la verdad”.

Mancuso señala en su misiva que está dispuesto a comparecer ante la Comisión de la Verdad y expresó su compromiso de verdad, reparación y no repetición.

“Cuando confesé que el 35 % de los miembros del Congreso eran personas apoyadas por las AUC, me trataron de loco; cuando conté acerca de la parapolítica, la negaron; revelé que yo era la prueba viviente de lo que en ese entonces denominé paramilitarismo de Estado, hoy agente del Estado de facto, y me trataron de iluso”, dijo el exparamilitar.

Explicó que, por hablar de las relaciones del Estado y las AUC, fue extraditado, “debido a que relaté cómo colaboradores, funcionarios cercanos al gobierno del presidente Álvaro Uribe, como Francisco Santos, hoy embajador de Colombia en Estados Unidos (…) fueron personas muy cercanas con las AUC, también narré lo referente a algunas situaciones que se presentaron con el mismo presidente Uribe y, a pesar de todo esto, sumado a otras situaciones perpetradas en contra nuestra, seguimos y seguiremos honrando nuestro compromiso con las víctimas y la verdad”.

Salvatore Mancuso nació el 17 de agosto de 1964 en la ciudad de Montería, Córdoba. Es hijo de Gladys Gómez y Salvatore Mancuso D’angiolella, estudió Administración Agropecuaria e ingresó a las Autodefensas en enero de 1991 en su ciudad natal. Fue conocido con los alias de ‘Mono Mancuso’, ‘Santander Lozada’, ‘Uno Quince’, ‘Manuel’ y ‘Triple Cero’.

El futuro del exjefe paramilitar es aún incierto, pero las víctimas de sus atroces crímenes esperan su regreso a Colombia para que enfrente la justicia. Mancuso sus abogados insisten en buscar un lugar en la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, señalando que está dispuesto a aportar pruebas y nombres de poderosos empresarios y políticos que alimentaron la guerra promovida por las AUC en Colombia, la JEP ya rechazó su petición, pero el exparamilitar sostiene que aún no se ha dicho la última palabra.