La paz en jaque: a 4 años de la firma del acuerdo con las FARC, Colombia vive una nueva ola de sangre y masacres

Este sábado se cumplen cuatro años de la primera firma de la paz en Colombia, porque sí, en Colombia se firmó la paz dos veces. Tan solo una semana después de ese histórico 26 de septiembre en Cartagena, cuando el mundo creyó que por fin había llegado el final del conflicto armado más longevo de occidente, los colombianos votaron NO en un referéndum que pretendía revestir de legitimidad al acuerdo.

El Acuerdo Final logró ser firmado nuevamente el 24 de noviembre en el Teatro Colón en Bogotá, tras la inclusión de profundas modificaciones sugeridas por los promotores del NO en el Plebiscito por la Paz, pero a partir de ahí el camino de la paz ha sido más de espinas que de rosas.

Si Juan Manuel Santos, el presidente que negoció y firmó el acuerdo, entregó el país con unas FARC desarmadas, en camino de convertirse en un partido político formal y una hoja de ruta para poner en marcha las reformas pactadas, su sucesor, Iván Duque, era el llamado a implementarlo y garantizar que lo escrito no quedara en letra muerta. No era fácil: es que el nuevo Gobierno ganó las elecciones haciendo una oposición frontal al tratado de paz.

Ya van más de dos años de Gobierno de Iván Duque, cuatro del acuerdo, y el anhelo de paz de gran parte de la sociedad colombiana aun se ve muy lejos. Este año, en vez de consolidación, ha sido de retroceso, ya que el deterioro de la seguridad nacional es notorio, con nuevos conflictos engendrándose en los territorios que han producido una ola de masacres, asesinatos selectivos a líderes sociales y persecución contra excombatientes desmovilizados.

En este breve recuento del cuarto año de la firma del acuerdo con las FARC, presentamos cuatro grandes retos que enfrenta el país para no salirse de la senda de la paz y cumplir con un país donde, en las palabras de Duque el día de su posesión, “se acaben esas divisiones falaces entre amigos y enemigos de la paz, porque todos la hemos querido y todos queremos construirla”

Viejos actores, nuevos conflictos

El 2020 ha representando un crecimiento en nuevos conflictos con dinámicas particulares en las regiones donde antiguamente las FARC tenían un poderío dominante.

Uno de los nuevos problemas son las llamadas “disidencias de las FARC”, grupos residuales que no se acogieron al acuerdo de paz. Cabe destacar que aunque el termino “disidencias” se utiliza para denominar a todo grupo que provenga de una u otra forma de las antiguas FARC, dentro de ellas hay grandes diferencias y a diferencia de la guerrilla que sí se desmovilizó, no actúan cohesionadamente salvo contadas excepciones.

Las disidencias concretamente serían los grupos que no se desmovilizaron cuando el Secretariado de las FARC decidió firmar el Acuerdo de Paz.

El máximo líder disidente sería Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, comandante del Bloque Oriental, del cual hace parte el disidente Frente 1. Duarte, es quien más adeptos ha logrado ganar entre los viejos comandantes de las FARC que se mantuvieron en armas y su poder va en aumento.

Para él, a diferencia del antiguo Secretariado de la guerrilla, lo importante es mantener la lealtad de frentes federados con comandancia propia e independiente y más que tomarse el poder por la vía de las armas, su interés sería control territorial con fines de explotación de rentas ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, etc.

Dentro de los disidentes hay un grupo menor que ha sido catalogado como “Farcrim” por el Observatorio del Crimen Organizado de Insight Crime, pues no tienen ninguna ascendencia ideología ni deseo expansivo con un fin político, sino que operan como cualquier mafia o banda criminal.

Uno de los más destacados de estos grupos es el Frente Oliver Sinisterra que opera principalmente en Tumaco (Nariño) y que era comandado por el infame “Guacho” quien secuestró a los periodistas Ecuatorianos.

Iván Márquez es un punto aparte y uno de los grandes fracasos de la paz. Tras firmar el acuerdo de Paz como jefe negociador, el otrora promotor del desarme volvió a la vida guerrillera acompañado por otros altos mandos de las antiguas FARC como Jesús Santrich, Romaña y El Paisa, todos firmantes del acuerdo.

Ellos lanzaron la “Segunda Marquetalia” que este 2020 cambió su política reactiva y empezó a jugar como un actor más dentro de los pequeños conflictos que subsisten en regiones como Nariño, Cauca, Norte de Santander, Chocó o el Valle del Cauca.

La “Segunda Marquetalia” serían “rearmados”, es decir, desmovilizaron que volvieron a reincidir en la vida guerrillera. Lejos de lograr el poderío de las antiguas FARC, Márquez y sus hombres han llegado a los territorios a disputarse el control del narcotráfico y otras economías ilegales con los grupos ahí asentados durante estos años, como son las disidencias antes mencionadas, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), sin mencionar a las bandas criminales regionales propias de cada lugar.

Sumadas, todas las anteriores disidencias alcanzan unos 4.600 miembros, según inteligencia del Ministerio de Defensa. Cifras que al contrastar con las mediciones de Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) muestran un crecimiento exponencial de estos grupos es los años posteriores a la firma de la paz.

De acuerdo con Indepaz para 2018 que colocaban en 2.500 los miembros de los grupos residuales de las FARC, en 3.400 para 2019, lo que muestra un aumento de por lo menos mil miembros al año.

Masacres y violencia policial

Todo este auge de nuevos conflictos, sumado a la pandemia que reforzó el control territorial que estos grupos tenían en muchos lugares del país, especialmente rurales, se ha traducido en una ola de masacres que a la fecha supera las 246 víctimas.

Solo en 2020 han ocurrido 61 masacres hasta este 26 de septiembre, lo cual quiere decir que en promedio se han presentado siete de estos hechos al mes, cifras escalofriantes que no se veían en el país desde 2013, año en que se registraron, según Indepaz, 71 masacres.

Infobae presentó un informe sobre este tema el pasado 29 de agosto, cuando la cuenta iba en 47 masacres, a menos de un mes de esa publicación, Colombia registra 14 nuevos sucesos en donde el saldo de muertos ha sido de tres o más personas.

Antioquia, con 14 masacres en el 2020, concentra el 23% de estos hechos, le siguen departamentos como Cauca (9) Nariño (9) Norte de Santander (6), Putumayo (4).

A estas cifras hay que sumarle los más de 81 asesinatos de líderes sociales que ha dejado este años. Asesinatos en su mayoría selectivos aunque también se mezclan con las víctimas de masacres en ciertos casos.

Además, tras cuatro años de firmada la paz por lo menos 228 excombatientes -según cifras del propio Partido FARC- han sido asesinados.

El agravante en este último mes es que la masacre con mayor número de víctimas sucedió en Bogotá, la capital del país, las noches del 9 y 10 de septiembre, en las cuales murieron 14 personas durante las protestas que se sucedieron tras el asesinato de Javier Ordóñez en una estación de la Policía.

Estas personas, que murieron en Bogotá y su área metropolitana, fallecieron por disparos de la policía, en un intento por controlar las protestas que además dejaron más de 22 CAI (Centro de Atención Inmediata) incinerados.

La violencia institucional, que terminó de manifestarse este viernes 25 con el asesinato de Julia Giraldo en el Cauca por una bala disparada por un miembro del Ejército, añade un elemento más al año más sangriento que ha vivido el país desde la firma de la paz.

Los PEDET, hoja de ruta de la implementación

Tal vez el punto más neurálgico del acuerdo de paz sea la reforma rural integral y los programas de transformación del territorio que están inmersos en el primer punto de lo pactado.

Eso, llevado a la realidad, encuentra su materialización en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PEDET), que no son otra cosa sino la hoja de ruta de la implementación del acuerdos de paz.

En estos PEDET debe quedar consignados las prioridades en la inversión, los programas y proyectos, las obras y demás intervenciones que debe realizar el gobierno en los territorios más afectados históricamente por el conflicto armado.

A la fecha y tras dos años del Gobierno Duque, y cuatro de la paz, hay firmados 17 de estos planes y uno con una ruta de implementación definida, el de la región de Catatumbo. En total se pretende impactar 170 municipios priorizados en lo que le queda del mandato al presidente.

Este es el punto en que más se ha avanzado en la implementación y todavía está en pañales. Sin embargo, la agencia de Renovación del Territorio trabaja para cumplir la meta en los dos próximos dos años.

Aparte del avance lento de los PDET, siguen estando muy rezagadas el resto de reformas esenciales para implementar la paz, como la reforma rural integral, la reforma política o las circunscripciones especiales de paz, enfocadas en darle participación política a las víctimas del conflicto.

Estas tres reformas fueron destacadas hace un año por Infobae como fracasos de la implementación y hoy, un año después, poco se ha avanzado en ellas.

La JEP, una esperanza

La Jurisdicción Especial de paz, un tribunal creado para juzgar los crímenes del conflicto armado, buscar la verdad y reparación de las víctimas, se erige como el gran pilar del Acuerdo de Paz, la cual pese a las trabas iniciales para entrar en funcionamiento ya se encuentra operando y dando pequeños pero importantes resultados.

La JEP actualmente se encuentra escuchando a los exjefes de las FARC quienes están entregando su primeras versiones sobre los secuestros, asesinatos, reclutamientos forzados y demás delitos cometidos durante los largos años de enfrentamiento con el Estado.

Sobre esto hay gran polémica en el país, pues la celeridad de los procesos no ha sido del todo satisfactoria. Sin embargo, en el marco de estas audiencias las FARC han aceptado su responsabilidad -aunque parcial- en temas tan sensibles como el reclutamiento de menores, las violaciones en sus filas, los abortos ilegales, los secuestros y actos atroces como masacres y asesinatos.

El trabajo de la JEP constituye una luz de esperanza entre quienes confirmaron en la salida pactada al conflicto armado. Se espera que su trabajo logre una reparación real a las más de 8 millones de víctimas que dejó el conflicto, y se establezcan las verdaderas responsabilidades de todos los que participaron en los hechos victimizantes.

Lo pactado indica que la JEP, con las herramientas que les dio el punto de Justicia y Víctimas del Acuerdo de Paz, pueda emitir juicios que en los casos más graves no representen penas alternativas sino prisión para quienes no cumplan con la reparación y la entrega de la verdad total.

Aunque para esto aún falta un largo camino, el avance de la JEP representa un pilar importante para poder cerrar el largo capítulo de la guerra en Colombia. A ella han pedido ingresar antiguos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, el grupo paramilitar más grande del país que se desmovilizó durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El ingreso de los paramilitares, como Salvatore Mancuso y otros jefes extraditados a los Estados Unidos, sería un elemento fundamental para alcanzar la verdad completa del conflicto colombiano y llegar una justicia restaurativa.

Respetar el trabajo de la JEP, tras las objeciones iniciales que presentó el Gobierno, es un punto a destacar del presidente Duque frente a la implementación del Acuerdo de Paz, si esto continúa, la paz podrá seguir andando, aunque su paso no sea tan firme como el esperado a estas alturas.

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