Cómo es el caso judicial que divide a Colombia y llevó al arresto de Álvaro Uribe

Este martes la Corte Suprema de Colombia ordenó la prisión preventiva en su domicilio de Álvaro Uribe Vélez, el dirigente político más influyente de los últimos 20 años del país.

Uribe, expresidente de la República entre 2002 y 2010, no solo fue el primer mandatario en servir dos períodos consecutivos en el primer cargo de Colombia, sino que se encargó de poner en su remplazo a su sucesor, Juan Manuel Santos, hoy uno de sus más grandes rivales políticos, y de ser la pieza clave en el ascenso del actual presidente Iván Duque, su pupilo durante sus primeros años en el Senado, donde todavía sirve como legislador.

Precisamente su actual cargo de senador es una de las razones por las que está en problemas con la justicia, ya que, al ser elegido parlamentario en 2014, perdió su fuero presidencial y sus actos quedaron bajo la tutela de la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en Colombia.

En concreto el Supremo colombiano investiga a Uribe por dos delitos, fraude procesal y soborno, en el marco de un caso de manipulación de testigos cuyos hechos se remontan a septiembre de 2014 y paradójicamente provienen de una solicitud que el mismo Uribe hizo al alto tribunal para que abriera la investigación.

Todo sucedió después de un debate en el Senado que organizó Iván Cepeda, parlamentario del Polo Democrático, el partido de izquierda más grande de Colombia, quien es un férreo contradictor de Uribe. En dicho debate Cepeda trató de establecer un vínculo entre el expresidente y el surgimiento del paramilitarismo en Antioquia, además de afirmar que Uribe era una ficha clave para entender el auge del narcotráfico en el país.

Para eso presentó una serie de testimonios de exparamilitares, uno en especial, Juan Guillermo Monsalve, era el mayordomo de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, quien testificó que en ese lugar y con el conocimiento de Álvaro Uribe, entonces Gobernador de Antioquia, se había fundado el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la organización paramilitar más grande del país.

Uribe calificó ese testimonio como falso y le pidió a la Corte Suprema que investigara a Cepeda por manipulación de testigos. Durante ese proceso el Supremo encontró que no había razones para seguir investigando al senador de izquierda y por el contrario sí las había para hacerlo contra Uribe, quien presuntamente sí habría incurrido en prácticas que buscaban por medio de sobornos cambiar los testimonios que Cepeda había presentado en dichos debates.

En las investigaciones del caso el Supremo también investiga al abogado Diego Cadena, quien hacía parte de la defensa de Uribe, y sobre el cual se tiene una serie de interceptaciones en las que se demostrarían los presuntos sobornos a Monsalve y otros exparamilitares para que cambiaran su testimonio y exculparan al expresidente además de señalar que el senador Cepeda los había comprado para incriminar a su contradictor.

En varias de esas interceptaciones se intuye que el expresidente tenía conocimiento de las actuaciones de Cadena -algo que la defensa de Uribe ha negado categóricamente- y que este operaba como un intermediario bajo las órdenes del hoy senador.

En dicho proceso Uribe ya rindió indagatoria el pasado 8 de octubre de 2019, en un hecho sin precedentes para la historia judicial colombiana: un expresidente acudiendo ante el Supremo por presuntos delitos cometidos por fuera de su periodo de Gobierno, algo que motivó protestas a las afueras de la Corte.

El caso se encuentra en este momento en estudio por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y mantiene al país dividido y en vilo por la confirmación de su resultado.

Por parte del partido de Gobierno, el Centro Democrático, se venía señalando a todo el proceso y la posibilidad de la detención de Uribe como una “persecución política” por sus años de lucha férrea en contra de las guerrillas del país y demás grupos armados.

En su carta, publicada como portada de los principales medios del país, el Centro Democrático resaltó que en el Gobierno de Uribe se desmovilizaron más de 40 mil combatientes, entre guerrilleros y paramilitares, y que el expresidente viene siendo víctima de una persecución por parte de la Corte Suprema de Justicia desde que terminó su mandato.

Cabe destacar que uno de los más grandes escándalos del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez tiene que ver con las interceptaciones ilegales a jueces, periodistas y miembros de la oposición, las cuales se orquestaron desde el extinto organismo de inteligencia adscrito a Presidencia y que se conocen como las “chuzadas del DAS”; de las cuales fueron víctimas varios magistrados del Supremo colombiano.

En defensa de Uribe también ha salido el propio presidente Iván Duque, que en declaraciones a medios este lunes afirmó que su mentor era “una persona a la que la palabra honorabilidad le casa en todos los comportamientos de su vida”.

“Sería muy triste que en una sociedad, esta sociedad colombiana, nosotros viéramos a quienes laceraron el país, después de tantos años, sin tener una condena, posando de adalides de la moral y que veamos a las personas que lucharon por la moralidad y por la legalidad en un proceso que les limite y le cercene sus derechos”, agregó Duque sobre el caso de Uribe y refiriéndose a la laxitud de las penas a los desmovilizados de las FARC.

Por el lado de la oposición estas declaraciones del presidente y el comunicado del Centro Democrático han sido recibidas como una presión del Gobierno y su partido al Supremo para que falle a favor de Uribe, algo que parecen compartir los magistrados de todas las altas cortes que se pronunciaron en este sentido por medio de un comunicado.

“Los jueces jamás podrán estar facultados para emitir providencias motivadas por corrientes de opinión o consideraciones políticas, religiosas o de cualquier otra naturaleza”, dicen.

Fue el propio Álvaro Uribe quien informó de la decisión de la Corte Suprema por medio de su cuenta de Twitter:

Sobre la decisión procede un recurso de apelación que deberá ser estudiado en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia y que debe ser ratificada por el voto positivo de nueve magistrados. Se espera que la defensa de Uribe interponga este recurso y busque posponer la medida de detención domiciliaria.

Sin embargo, la decisión de este martes genera un terremoto sin precedentes en la política colombiana.

MÁS SOBRE ESTE TEMA