El ELN y las disidencias de FARC asesinaron a al menos nueve personas con la excusa de la cuarentena

Un reciente informe revelado por la ONG Human Rights Watch demostró que durante los meses de cuarentena los grupos armados ilegales de Colombia han implementado “brutales” medidas para mantener el confinamiento de la población en los territorios que controlan, en especial las amenazas e incluso los asesinatos.

La información fue recolectada entre marzo y junio, tiempo en el que se entrevistaron a 55 personas en 13 departamentos, entre fiscales, líderes comunitarios, residentes locales, policías o miembros de organizaciones de Derechos Humanos. El resultado fueron detalles de las medidas adoptadas por grupos armados como el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el EPL, grupos disidentes de las antiguas FARC y otras estructuras armadas organizadas.

Las disidencias de las Farc referenciadas en el informe son el Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico (Nariño); la columna móvil Jaime Martínez y la columna móvil Dagoberto Ramos (Cauca); el Frente 10 (Arauca); los Frentes 7 y 1 (Guaviare); y el Frente Carolina Ramírez (Putumayo).

Lo paradójico es que muchas medias han estado en consonancia con las adoptadas por el Gobierno Nacional para contener los contagios por Covid-19, lo que refuerza la idea de que en ciertos territorios de Colombia los grupos armados suplen el rol del Estado. Así, los grupos ilegales también han impuesto, aunque de manera arbitraria, toques de queda, multas, restricción al comercio, a la circulación de las personas según horarios, y prohibición a la entrada de personas que vengan de otras zonas del país.

“Nuestras investigaciones demuestran que los grupos armados informaron a las poblaciones locales que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación de la pandemia en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo”, afirma el informe de HRW.

En por lo menos cuatro de estos lugares dichas medidas se han reforzado a través de la violencia y de acuerdo con la ONG han dejado un saldo de nueve asesinatos con la excusa de hacer cumplir la cuarentena.

“Ocho civiles habrían sido asesinados por no cumplir con las medidas. La otra víctima era un líder comunitario que, al parecer, habría sido asesinado por oponerse a las medidas impuestas por los grupos armados. Asimismo, un total de diez personas resultaron heridas en ataques cometidos por grupos armados”, dice HRW.

Seis de estos asesinatos habrían tenido lugar en el Cauca: José Rubiel Muñoz Samboní, asesinado el 4 de abril en la comunidad La Medina después de haber llegado de una población cercana para reunirse con amigos, habría sido asesinado por el ELN; Armando Montaño, Weimar Arará y Humberto Solís fueron asesinados el 26 de abril por la columna móvil Jaime Martínez -disidencia de Farc- en un ataque que dejó otros cuatro civiles heridos; Johan José Ibáñez Hernández y Yonier Alexis Matute Solano, ambos migrantes venezolanos asesinados por la columna móvil Dagoberto Ramos -disidencia Farc- el 30 de mayo.

En el ataque a las víctimas venezolanas también fueron heridos otros dos migrantes y de acuerdo con la información de Defensoría del Pueblo y Fiscalía el hecho no solo habría sido motivado por una violación a las restricciones impuestas por el grupo armado, sino que ocasionó el desplazamiento de por lo menos 15 venezolanos que vivían en el municipio de Toribío.

“Las víctimas habían estado consumiendo bebidas alcohólicas en una tienda de reparación de celulares en el centro urbano del municipio, una actividad que los grupos armados han prohibido en la zona para prevenir la propagación del Covid-19”, resalta la ONG.

Otra de las muertes ocurrió el 8 de junio en Putumayo, la del líder comunitario Edison León Pérez, quien había recibido amenazas en el pasado en relación con su trabajo como presidente de la Junta de Acción Vecinal de la zona. El crimen se le atribuye a miembros del grupo armado La Mafia, que lo habrían asesinado porque días antes Pérez “había enviado una carta a las autoridades locales denunciado el grupo estaba exponiendo a la población al Covid-19, al obligarlos a trabajar en un puesto de control sanitario”.

Las otras dos víctimas son atribuidas al grupo de Los Contadores que delinque principalmente en el departamento de Nariño. Ellos habrían atacado a un vehículo particular que se movilizaba por la carretera que conecta Barbacoas con Tumaco, resultando en dos muertos y otros dos heridos. El vehículo llevaba insignias médicas y entre sus pasajeros había un paramédico y una persona enferma.

“Los castigos brutales y draconianos que imponen los grupos armados para impedir la propagación del COVID-19 exponen a individuos en comunidades remotas y pobres a lo largo de Colombia a ser atacados, e incluso asesinados, si salen de sus casas. El gobierno debe intensificar sus esfuerzos para proteger a estas comunidades”, resalta José Manuel Vivanco director de HRW.

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