Paradoja del coronavirus en Colombia: los grupos criminales entraron en tregua y amenazan de muerte a quien incumpla la cuarentena

En los lugares donde el conflicto armado se siente con más fuerza en Colombia son los grupos armados ilegales quienes hacen cumplir a sangre y fuego el aislamiento obligatorio que el Gobierno decretó a causa del brote del Covid-19 en el país.

Zonas como Nariño, Chocó, Cauca o el sur de Córdoba, los panfletos, cadenas de WhatsApp, grafitis en las casas, y actos violentos intimidatorios proliferan y aunque en muchos no se ha logrado confirmar su veracidad, detrás de cada uno de ellos está el nombre de un grupo armado que se adjudica la tarea de hacer cumplir la cuarentena para impedir que el virus pandémico se siga expandiendo.

Pero la situación de salubridad lo agrava todo pues presenta un riesgo muy grande para los ilegales al no tener cómo responder ante una eventual proliferación de casos. Esto ha causado una inusual tregua entre los grupos armados y un consenso en que lo mejor es reforzar las medidas del Gobierno nacional y ayudar desde la arbitraria autoridad de las armas a que las personas se mantengan aisladas en sus casas.

De acuerdo con el experto en conflicto, Luis Fernando Trejos, evidencia que en muchos lugares del país los grupos armados ilegales, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la guerrilla del ELN o las disidencias de las FARC, entre otros, no solo disputan el territorio al Estado, sino que “lo suplantan en la prestación de sus funciones duras como seguridad, administración de justicia, recaudo de tributos, pero en las funciones blandas, como educación o prestación de salud no intervienen directamente”.

Allí radica, según el experto, la gran dificultad y amenaza que para ellos plantea una eventual propagación del coronavirus en sus territorios, ya que “no cuentan con los recursos médicos para atender casos si se presentan”. Además, no pueden permitir que el Estado entre en ellos a prestarlos pues implicaría un costo de seguridad muy alto para sus miembros, aunque ante la actual situación tampoco podrían oponerse por los algos costos sociales que representaría.

“De ahí su afán en algunas subregiones por hacer cumplir el confinamiento decretado por el Gobierno Nacional a pesar del costo económico que les representa la aplicación de dicha medida”, dice Trejos.

Destaca, por ejemplo, que los panfletos usado por las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) en la zona rural de Santa Marta y por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en Tarazá (Bajo Cauca) coinciden en decretar la completa restricción de la movilidad en los territorios antes señalados.

Señala también Reynell Badillo Sarmiento, en una publicación hecha en La Silla Vacía, que la pandemia ha servido para evidenciar un cambio en la dinámica del conflicto armado en Colombia, ya que los grupos que subsisten en los territorios más que luchar contra el Estado buscan mantener el status quo, es decir “la débil presencia del Estado en sus territorios, porque así pueden realizar sus acciones armadas sin que sus ganancias económicas se vean afectadas”.

“Ayudar al Estado a mantener la cuarentena es, en realidad, impedir su fortalecimiento a nivel territorial”, afirma el experto.

Nariño y la frontera con Ecuador.

En toda la zona fronteriza con Ecuador varios grupos armados libran hace años una guerra sin cuartel por el control de los pasos y rutas entre los dos países en los que se transporta contrabando y cocaína, así como las aéreas donde se cultiva la hoja de coca, siendo Nariño uno de los departamentos con más hectáreas sembradas del país (45 mil).

A este contexto se suma el tráfico de personas hacia uno u otro país por los más de 37 pasos ilegales que existen cerca a la frontera, creando una latente amenaza para la proliferación de los contagios por coronavirus en la zona.

Ante esta situación han pesado a circular panfletos amenazantes en donde los grupos armados que operan en la región asumen la autoridad para imponer el toque de queda.

Así sucedió el pasado 2 de abril en el municipio de Mosquera, donde circuló un panfleto supuestamente firmado por la Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) -un grupo disidente de las FARC que se dedica a actividades de narcotráfico en la región- en el que pedían a sus habitantes respetar las medidas del confinamiento y la cuarentena.

“Señores habitantes del Municipio de Mosquera y sus alrededor (sic) el grupo armado Guerrillas del pacífico (sic), le informa a la comunidad en general del casco urbano y sus veredas a que acaten las medidas de prevención sobre la pandemia del COVID-19 que se está presentando en el mundo y más en nuestros pueblos del pacífico (sic) que son olvidados por el estado (sic) colombiano”, se lee en el volante.

Además, establecen siete prohibiciones que llaman “urgentes” y reiteran el mensaje de “todos en casa por su salud”. Entre las prohibiciones está la entrada y salida de lanchas provenientes o con destino a otros municipios, la entrada de embarcaciones que vengan de Ecuador así traiga personas que vivan en Mosquera y la imposición de toques de queda con horarios: “Todo hijo de puta que se mire en las calles después de las 2:00 pm se atengan a las consecuencias”.

Pero ellos no son los únicos que operan en esta región, en la cual hace presencia el Frente Oliver Sinisterra (FOS), una de las disidencias más grandes de las FARC que además está en una disputa con el grupo armado identificado como “Los Contadores”, ambas dedicadas al tráfico de drogas por el pacífico.

Esta disidencia también impuso restricciones a la movilidad y medidas de confinamiento de la población, aunque lo hizo en el marco de su guerra con “Los Contadores” y no haciendo referencia a la emergencia por el coronavirus.

Entre las restricciones que impuso por medio de un panfleto que circuló en el corregimiento de Llorente en Tumaco, están la prohibición al tránsito de vehículos por varias carreteras, la no presencia de vendedores ambulantes, motocicletas o carros que obstaculicen la vía principal del corregimiento, cierre de los hoteles y establecimientos públicos como cantinas, bares, billares y discotecas, y un toque de queda entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana.

La guerra con “Los Contadores” ya produjo sus primeras víctimas en el marco de la cuarentena. El conductor de una ambulancia, Wilson Quiñonez, y la paciente que transportaba, Lorena Quiñonez, murieron después de que el vehículo que tenía insignias médicas fue atacado con armas de fuego e incendiado cuando transitaba por la vereda El Vaquerito en su camino desde el municipio de Barbacoas hasta un centro asistencial médico de Tumaco. Dos personas más, que resultaron ilesas, iban también en la ambulancia.

Aunque las autoridades todavía no han adjudicado una clara responsabilidad del atentado, los señalamientos recaen sobre “Los Contadores”, primero porque el FOS emitió un comunicado rechazando los hechos y pidiendo a “las organizaciones de derechos humanos, defensoría del pueblo (sic) y ONU verifiquen y velen por la seguridad de las comunidades indefensas”. Segundo, porque de acuerdo con fuentes en terreno consultadas por el portal Verdad Abierta fueron miembros del grupo armado quienes prendieron fuego al vehículo.

Pero en Nariño el asedio no se detiene. La semana pasada en Samaniego, una población con amplia presencia de la etnia indígena Awa, aparecieron grafitis en las paredes de ciertas casas firmados por el ELN en los que advierten que todo el mundo debe quedarse en casa o enfrentar la muerte. Advierten además que los vehículos que transiten por el pueblo serán quedamos.

Cabe destacar que el ELN decretó un cese unilateral al fuego durante el tiempo que dure la emergencia del coronavirus.

El sur de Córdoba

En esta región de la Costa colombiana, tienen presencia dominante las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), denominadas también Clan del Golfo, cuyo líder Darío Antonio Úsuga, es uno de los hombres más buscados del país por el cual las autoridades ofrecen una recompensa de hasta tres mil millones de pesos (USD 776.266).

Pese a que ha que han sido los gaitanistas los principales causantes de cientos de muertes de líderes sociales, intimidaciones, extorsiones y demás actos delictivos; en esta región se vive una guerra entre números grupos armados, todos surgidos después de la desmovilización de los paramilitares en 2006, por lo que se les llama neo paramilitares.

Las AGC, en especial su “Bloque Córdoba” también han hecho circular un panfleto pidiendo guardar la cuarentena: “Exigimos acudan a nuestro llamado de buenas manera (sic) o nos veremos obligados a actuar en contra de los que estén desacantando (sic) esta orden”. Además, imponen un toque de queda en todo el departamento hasta el 13 de abril, la primera fecha que dio el Gobierno para terminar la cuarentena.

“Contamos con la presencia en cada uno de los municipios del departamento de Córdoba y sus fronteras para garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas en este comunicado”, agregan.

En esto coinciden con uno de sus principales enemigos, “Los Caparrapos” o “El Bloque Virgilio Peralta Arenas”, quienes tienen presencia en el sur de Córdoba, en especial en Montelíbano, donde coincidieron en exigir que nadie circule por las calles y alegan una “falta de conciencia” de sus habitantes ante el avance del coronavirus.

En sus mensajes, que circulan por cadenas de WhatsApp, declaran objetivo militar a todos los que violen la cuarentena, en especial a los negocios y almacenes que abusen de los precios aprovechando la emergencia. “Somos una organización que cuida a su pueblo no es para que la maltraten así”, dicen en su mensaje.

En la región también han circulados panfletos del Frente 18 una disidencia de las FARC.

Cauca, zona de disidencias

En el Cauca opera una de las disidencias de FARC más fuertes, la Columna Jaime Martínez, que se separó del Frente 6 de esta guerrilla después de entregadas las armas. Esta disidencia es liderada por Leider Johany Noscue, alias ‘Mayimbú’, quien se ha convertido en uno de los jefes desidentes más buscados del país, pues controla la actividad insurgente, del narcotráfico y de minería ilegal del departamento.

Su grupo también ha hecho crueles advertencias a la población, en especial a los habitantes del municipio de Buenos Aires, en donde fue ordenado que nadie podía estar en las calles después de las tres de la tarde, así como se mandó a cerrar todos los comercios. A quien incumpla el castigo es la muerte.

De acuerdo con el portal Verdad Abierta “toda aquella persona que vaya a salir de la zona hacia otros municipios caucanos, puede hacerlo si tiene un permiso firmado por las Juntas de Acción Comunal o los consejos comunitarios. Quien trate de hacerlo sin ese documento, puede perder la vida. También informaron que no se van a permitir la velación de difuntos”.

Antioquia, entre gaitanistas y disidentes.

En las regiones de Urabá, Norte y Bajo Cauca se ha podido constatar la aparición de amenazas y órdenes de los distintos grupos ilegales que operan en Antioquia llamando a las poblaciones a acatar el toque de queda decretado por el Gobierno.

Tal es el caso de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) que por un mensaje por whatsapp compartido en Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó, impusieron toque de queda desde el 2 de abril, y dicen que a partir de las 3 de la tarde “no queremos ver a nadie en la calle mientras no sea de justa causa justificadas: un herido, un enfermo o alguien que acuda a citas médicas”.

El Frente 18 de las antiguas FARC, que opera principalmente en la región del bajo cauca antioqueño, también hizo circular el siguiente mensaje: “Nos dirigimos hacia todos ustedes comunidades, veredas, corregimientos, municipios, haciéndole un llamado de antemano que por favor tener conciencia y hagan caso a lo que las autoridades sanitarias de salud y fuerza pública han dado a conocer sobre la pandemia COVID-19 ya que muchas personas están cogiendo todo lo sucedido como un juego o recocha”.

Chocó, confinados desde que empezó el año

“Quédate en tu casa o te matan”, es la frase que repiten los habitantes de la región del alto Baudó en Chocó desde que empezó el año.

Ellos están confinados mucho antes del primer reporte positivo por coronavirus en Colombia a causa de una disputa a sangre y fuego que libra el ELN contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, la cual tiene en situación de riesgo a más de 3 mil personas.

Los enfrentamientos incluso vienen desde diciembre del año pasado , cuando el fuego cruzado de los guerrilleros y neo paramilitares obligaron a más de 2.300 personas a confinarse en sus hogares.

Esta situación ha producido numerosos desplazamientos forzados, en último de ellos el 11 de marzo, pocos días antes de decretarse la cuarentena nacional, cuando 2.025 afros, campesinos e indígenas de las zonas rurales del Alto Baudó huyeron hacia la cabecera municipal de Pie de Pató. Días antes, los enfrentamientos entre ambos grupos armados habían arreciado, causando la muerte de cinco personas y de un líder indígena.

Hoy estas poblaciones viven un doble confinamiento, por un lado la amenaza de los grupos armados que ejercen su autoridad con sangre y fuego, y por el otro la cuarentena decretada por el Gobierno ante la pandemia del coronavirus, la cual la están haciendo cumplir de facto los ilegales que controlan estos territorios.