La crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus en Colombia se ha sentido especialmente en las cárceles.
Desde antes de que se declarara la emergencia ya había un grave problema de hacinamiento y salubridad por la excesiva cantidad de presos que tiene desbordado desde hace años el sistema carcelario.
Pero ahora, debido al avance de la enfermedad, el Gobierno se ha propuesto emitir un decreto que permita una excarcelación masiva de reclusos -aproximadamente 10.000- para descongestionar las prisiones y tratar de mitigar los impactos sanitarios que tal nivel de confinamiento pueda tener en la propagación del Covid-19.
El decreto ya estaría casi listo y es una prioridad para la administración de Iván Duque, que podría expedirlo en el transcurso del fin de semana. La medida, aunque necesaria, no ha estado exenta de polémica ya que varios sectores de la Rama Judicial, como las altas cortes y la Fiscalía, recibieron con críticas el primer borrador que se hizo público.
De expedirse la medida durante el fin de semana, por ejemplo, no podrían llevarse a cabo las audiencias que propuso la Fiscalía para realizar anotaciones al decreto, lo que presagia que la medida no tendrá un respaldo unánime en la opinión.
Sin embargo, el Gobierno avanza en su propósito y ha trascendido que con esta medida saldrían el libertad por lo menos 10 mil presos, en su mayoría mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años o en condiciones de vulnerabilidad manifiesta a causa de enfermedades.
Así lo manifestó Iván Duque a medios nacionales, señalando que “se pueden tomar medidas de carácter humanitario que permitan excarcelaciones, sin que se beneficie a criminales, que deben estar en un centro de reclusión hasta finalizar su pena”
Sin embargo hay líneas rojas, como los condenados por delitos sexuales, crímenes de lesa humanidad o corrupción.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la medida contemplaría otorgarle la casa por cárcel a la mayoría de los presos excarcelables, algo inicialmente tendría una duración de seis meses ,pero podría ser prorrogable dependiendo del estado de la emergencia.
Esto plantea una depuración importante de las personas beneficiadas por la excarcelación ya que según cifras del Impec -autoridad carcelaria de Colombia- hay 5.200 los adultos mayores presos pero por lo menos unos 3.000 están pagando condenas por delitos sexuales, en su gran mayoría contra menores de 14 años, por lo que no serían cobijados con el beneficio del decreto.
Aquellos presos por violencia intrafamiliar tampoco serían devueltos a sus casas pues por el confinamiento obligatorio pondrían en riesgo a su núcleo familiar.
Quienes sí podrían ser excarcelados son los que hayan incurrido en delitos como estafa, falsedad, los que han podido acceder a permisos de salida por 72 horas o quienes están en la etapa final de su condena.
Mientras que llega el decreto la situación en las prisiones del país continúa siendo preocupante. Desde que se decretó la emergencia han ocurrido motines en varias cárceles en todo el país motivados por la exigencia de los presos para que se tomen medidas urgentes en pro de frenar un brote de coronavirus en las penitenciarías.
Esas revueltas dejaron sólo en la cárcel La Modelo de Bogotá 23 muertos y 90 heridos, pero también hubo motines en las cárceles El Buen Pastor y La Picota de Bogotá; Bellavista, Pedregal, Puerto Berrío e Itagüí en Antioquia; Picaleña en Ibagué; Cómbita en Boyacá y en la cárcel de Jamundí; aunque no tuvieron reporte oficial de víctimas.
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