Embajador de Colombia en Uruguay pidió licencia por el escándalo del laboratorio de cocaína en su finca

El embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, solicitó una licencia, mientras la Fiscalía General de Colombia informó que compulsará copias para hacer una extinción de dominio a una finca de su propiedad, en la que fueron encontrados tres laboratorios de procesamiento de cocaína que, al parecer, pertenecerían a una organización de narcoparamilitares.

En medio del escándalo, el embajador solicitó la licencia para no renunciar a su cargo. La Cancillería informó que el pedido se da para “apoyar a su familia” en medio de las investigaciones de la Policía y la Fiscalía. Sanclemente había afirmado que desde el 15 de junio de 2017 arrendaron 36 fanegadas de su predio a unos paperos, y que era posible que en esa zona se hubiera ubicado los laboratorios.

En medio de una investigación entre la Fiscalía colombiana y autoridades de Estados Unidos, identificaron la ubicación exacta de un narcolaboratorio de procesamiento de coca para una red narcotraficante de Cundinamarca y Boyacá que usaba el aeropuerto El Dorado de Bogotá para enviar cocaína en maletas de doble fondo y correos humanos a mercados de Estados Unidos y Europa.

A través de seguimientos, fotos satelitales y un informante llegaron a una exclusiva zona de la Sabana de Bogotá, en a vereda Mariano Ospina, en Guasca. El pasado 12 de febrero se realizó el allanamiento a la finca, donde se encontraron 6,896 kilos de sustancias químicas para la elaboración de clorhidrato de cocaína, y 9,453 kilogramos de cocaína y pasta de base de cocaína, según informó la Fiscalía.

Durante el operativo fueron capturadas cinco personas señaladas de custodiar y trabajar en los laboratorios clandestinos, identificados como Cristian Aníbal Gómez Vanegas, Jhon Jairo Morales Zambrano, Dumer Gustavo Bohórquez, Yefer Iván Castillo y Pablo Emilio Perilla; reseña el diario El Tiempo.

Un fiscal formuló los cargos a los capturados por los delitos de tráfico de estupefacientes agravado y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Y un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

El caso se había mantenido en secreto hasta que se presentaron unas explosiones en el bosque donde estaban ubicados los laboratorios, lo que provocó un incendio forestal y llamó la atención de medios locales. Y el escándalo inició tras saberse que el predio era propiedad del embajador Fernando Sanclemente.

En un comunicado, la Cancillería explicó que la finca era propiedad de la familia Sanclemente Alzate desde hace 44 años, y que en el pasado se dedicaba a la cría de caballos de carrera, lechería y cría de ganado Angus, entre otras actividades. Y que desde 1987 constituyeron una sociedad con la familia Spiwack, propietaria de la Organización Dann, quedando cada una con el 50% del predio.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que la sociedad Las Colinas de Guasca Ltda, que lideraba el funcionario púbico antes de asumir su actual cargo diplomático, no ha tenido acceso a documentación que detalle los pormenores de la investigación.

“La familia Sanclemente y la Organización Dann se sienten sorprendidos y víctimas de los eventuales hallazgos y en consecuencia prestarán como corresponde todo el apoyo que demanden las autoridades para esclarecer esta penosa situación”, dijo la Cancillería en el comunicado.

Por su parte, el embajador afirmó que el terreno de 176 hectáreas, mayoritariamente ondulado, cuenta con un amplio bosque de pinos, donde los narcotraficantes operaban en la clandestinidad, y al parecer en complicidad con dos trabajadores de la finca.

“Ninguno de los administradores y socios de la Sociedad tuvo conocimiento o relación alguna con el ilícito, ni fue alertado de hechos relacionados con el mismo por parte de algún trabajador, vecino o habitante de la región”, señaló en el documento.

Por otro lado, la investigación adelantada por Homeland Security Investigations (HSI), filial de ICE, y la Policía estableció que los laboratorios serían propiedad de una nueva generación de narcotraficantes que se conocen como ‘narcos invisibles’, porque no pertenecen a grandes organizaciones, mantienen un perfil bajo y no llevan una vida de excentricidades; y cuyo modus operandi es arrendar lugares por pequeñas temporadas para producir los estupefacientes. Así lo reseñó el diario El Tiempo.