En Colombia hubo 36 masacres en 2019, el año más violento según la ONU

Más de 100 asesinatos de líderes sociales, 36 masacres que dejaron 133 muertos, abuso de fuerza durante protestas, crímenes de la Fuerza Pública, altos niveles de abuso sexual y falta de presencia estatal en zonas rurales hicieron del 2019 el más violento de Colombia. Así lo registra un informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (AcnuDH), según la cual existe “un nivel de violencia endémica”.

El informe de la oficina que preside Michelle Bachelet da cuenta de masacres récord en los últimos cinco años. La tasa de homicidios en 2019 fue de 25 por cada 100.000 habitantes. La cifra de masacres es la más alta registrada desde 2014. Por estas razones hablan de una “violencia endémica”. Y los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca y Norte de Santander, donde continúan graves hechos de violencia.

Estas acciones están relacionadas, en su mayoría, con actividades ilícitas realizadas -menciona el documento- por el ELN y otros grupos criminales conformados por antiguos integrantes de guerrillas y autodefensas, como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. En ese sentido, defender los territorios y los derechos humanos se ha convertido en una de las actividades más peligrosas.

La AcnuDH registró 108 asesinatos de líderes sociales en 2019, que incluyen 15 mujeres y dos miembros de la comunidad LGBTI; lo que quiere decir que estas muertes aumentaron un 50% respecto a 2018. “Aunque las cifras muestran la gravedad del problema, reducir el análisis a una consideración numérica impide entender y atender las causas estructurales de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos”, advierten.

“En septiembre se documentó un caso en Bogotá en el que un defensor que participaba en procesos judiciales relacionados con presuntas privaciones arbitrarias de la vida fue amenazado y luego sufrió un robo de información sensible relacionada con esos procesos”, se lee en el informe.

Asimismo, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) documentó 113 amenazas y 360 agresiones contra periodistas. Y la AcnuDH, 2 asesinatos de periodistas en Arauca, y agresiones a otros en Cesar, Magdalena y Bogotá. Las comunidades indígenas también han sido objeto de violencia.

“En 2019, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró un incremento de casi el 52% en los homicidios de indígenas en Cauca comparado con 2018. Entre enero y noviembre de 2019, el AcnuDH registró el asesinato de 66 miembros del pueblo indígena Nasa en el norte del Cauca, incluyendo 13 autoridades indígenas y otros líderes Nasa”, describe el texto.

Por otra parte, la violencia sexual y de género registra la tasa más alta en los últimos 10 años. De estos crímenes, el 85,6% de las víctimas son mujeres, y el promedio de edad fue de 12 años. La Oficina documentó casos de 15 mujeres, 13 de ellas niñas, ocurridos en Antioquia, Arauca, Caquetá, Guaviare, Meta y Nariño; en 10 de estos los perpetradores fueron miembros del ELN, grupos criminales y otras organizaciones al margen de ley; y en tres casos estuvieron involucrados miembros del Ejército.

Sobre el uso excesivo de la fuerza durante las jornadas de protestas realizadas el año pasado en el país, el informe destaca que se presentaron ataques contra periodistas, medios alternativos, obstrucción a la labor periodística, detenciones arbitrarias tanto de periodistas como de manifestantes y lesiones graves oculares y craneales en ciudadanos que participaban o no de las marchas debido a golpes e impactos de proyectiles disparados por las Fuerzas Policiales.

El informe afirma también que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) no cumplió en algunas ocasiones con las normas y estándares internacionales y expresa preocupación por sus procedimientos. Recordó el asesinato del estudiante Dilan Cruz a causa de una acción del Esmad.

“Algunos oficiales de policía presuntamente perpetraron actos contra los manifestantes que podrían llegar a constituir malos tratos y tortura, tales como desnudez forzada, amenazas de muerte con matices racistas y repetidas golpizas. (...) En Bogotá, se reportó el caso de una joven mujer que fue golpeada por cinco oficiales de policía mientras filmaba un documental sobre las protestas, resultando con lesiones graves en su cabeza.”, describe el informe.

Justicia y protección del Estado

Aunque la AcnuDH valoró los esfuerzos de la Fiscalía General, advierte que el acceso a la justicia y la impunidad sigue siendo insuficiente. En el caso de los líderes sociales, por ejemplo, hay problemas con la identificación de los autores intelectuales. Y en el de violencia sexual y de género, la respuesta de las autoridades no es efectiva.

En el informe se registra que las autoridades en Antioquia, Arauca, Guaviare y Nariño desconocían los protocolos de la Fiscalía General en casos de violencia sexual y desaparición forzada. Además de la excesiva carga laboral de los fiscales y de la poca presencia de la entidad en zonas rurales del país. Todo esto afecta el acceso a la justicia.

“En Arauca, la Fiscalía General de la Nación denegó el acceso a la justicia a una mujer con discapacidad, víctima de violencia sexual, específicamente por no proporcionarle un intérprete que pudiera haberle permitido dar su testimonio. En Guaviare, la policía no activó el mecanismo de búsqueda urgente de una niña indígena desaparecida quien había sido víctima de violencia sexual”, describe.

Y agrega que “esta limitada presencia se atribuyó a insuficientes recursos materiales, técnicos y humanos, y especialmente a la falta de medidas de protección adecuadas que permitan a los fiscales e investigadores realizar, de manera segura, su trabajo en zonas rurales”.

El informe destaca que existe una falta de acceso a los derechos humanos en zonas rurales, lo que está relacionado con la violencia de estos lugares. Y que la presencia del Estado es predominantemente militar, pero no de autoridades civiles e institucional.

Recomendaciones

Ante este difícil panorama, la AcnuDH hizo una serie de recomendaciones al gobierno de Iván Duque para garantizar los derechos humanos y disminuir la violencia del país. En estos incluyen mantener la implementación del Acuerdo de Paz e incrementar la presencia del Estado en áreas rurales. Y ampliar las investigaciones de los crímenes contra líderes sociales y las medidas colectivas de protección.

Asimismo, insta a que se disminuya el uso del Ejército en situaciones de seguridad ciudadana, como la protesta social. Y con ello sugiere una “profunda transformación” del Esmad, que incluya revisar los protocolos bajo los parámetros internacionales; con el fin de acabar con el uso excesivo de la fuerza por parte de esta entidad.

Y por último, pide reducir la impunidad de los crímenes, garantizando el acceso a la justicia y respetando las normas y estándares internacionales en la investigación de violaciones a derechos humanos, especialmente en los que se encuentren presuntamente vinculados miembros de la Fuerza Pública.