Más de 800 colombianos huyeron de sus hogares tras recibir amenazas de grupos armados en Antioquia

Varios centenares de personas tuvieron que abandonar sus hogares en el noroeste de Colombia tras recibir amenazas de grupos armados que se disputan el control de narcocultivos, informó este lunes Mauricio Mira, alcalde de Ituango.

Unos 820 hombres, mujeres y niños de 309 familias llegaron este domingo a la zona urbana de Ituango, departamento de Antioquia, provenientes del área rural de ese municipio, reveló a la agencia AFP el funcionario colombiano. “El desplazamiento fue por una alerta que dieron algunos grupos armados y la comunidad se replegó hacia el municipio”, indicó.

Este es el undécimo desplazamiento forzado en Ituango en lo que va del año, aunque es el primero de esta magnitud, que desbordó la capacidad de recepción de la alcaldía, según el mandatario.

Mira afirmó que los agresores no se identificaron aunque aseguró que las intimidaciones están relacionadas con el control de cultivos ilícitos.

Según el funcionario, en la zona hacen presencia la banda narcotraficante de origen paramilitar conocida como el Clan del Golfo y disidentes de la disuelta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al pacto de paz firmado en 2016.

“Desde que haya cultivos ilícitos hay grupos armados y estos ya hacen desplazamientos y tienen ataques a población, reclutamiento de menores”, agregó Mira.

Con acceso al mar Caribe y al océano Pacífico, por donde los narcotraficantes transportan cargamentos de droga hacia Estados Unidos y Europa, Antioquia es el quinto departamento con más narcocultivos del país. En 2018 registraba 13.402 hectáreas sembradas, según la última medición de la ONU.

Tras cuatro décadas de lucha contra el narcotráfico, Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína y Estados Unidos el mayor consumidor de esa droga.

Aunque la disolución de las FARC, convertidas hoy en partido político, alivió la violencia política, aún persisten grupos armados que desafían al Estado en alejados puntos del país. Esas organizaciones se financian principalmente del narcotráfico y la minería ilegal.

El conflicto armado colombiano, que durante más de medio siglo ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcos, deja un saldo de ocho millones de víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados.

Ofensiva contra el narco

Colombia anunció este lunes una ofensiva militar contra la expansión del narcotráfico en los parques naturales, donde, según el gobierno, grupos guerrilleros disidentes están “promoviendo” incendios forestales para favorecer esa actividad ilegal.

“La fuerza pública no se va a retirar de las zonas de los parques nacionales naturales donde los criminales pretenden asentarse, (…) vamos a endurecer la ofensiva militar para sacarlos de sus madrigueras”, dijo en rueda de prensa el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

El funcionario vinculó a rebeldes que se marginaron del proceso de paz de 2016 con el incendio que afectó el fin de semana el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena (sur), fortín por décadas de las FARC. La quema, que destruyó unas 700 hectáreas, ya fue controlada.

Según autoridades, los guerrilleros están “utilizando a los campesinos para cometer esta masacre contra la naturaleza”. “Lo que ocurrió en la Serranía de la Macarena es un crimen contra el medioambiente (…) Quienes hoy promueven los incendios son delincuentes que quieren destruir bosques y envenenar ríos para sembrar coca”, señaló Trujillo.

Dentro de la ofensiva anunciada por el gobierno, el ministro dijo que se creará una fuerza de tarea ambiental para defender los recursos naturales en el segundo país más megadiverso del mundo, después de Brasil, según Naciones Unidas.

El gobierno de Iván Duque lanzó el año pasado la Operación Artemisa contra la deforestación, que en 2018 destruyó más de 197.000 hectáreas de bosque en Colombia, principalmente en la Amazonía.

Además de la tala indiscriminada -asociada principalmente a la ampliación de la frontera agrícola-, la minería ilegal y el cultivo de coca acechan la riqueza natural.

Casi un 5% de las 169.000 hectáreas de narcocultivos que había en Colombia hasta 2018 estaban en áreas protegidas, según cifras oficiales. El país es el mayor proveedor mundial de la cocaína que se consume principalmente en Estados Unidos y Europa.

En entrevista con W Radio, Carlos Castaño, ex director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, reveló que los disidentes han intimidado a algunos responsables de esa organización estatal para que salgan de las reservas.

Los rebeldes de las antiguas FARC operan sin un mando unificado y se financian directamente del narcotráfico y la extracción ilegal de minerales, según autoridades, que cifran en unos 2.300 los miembros de las disidencias.

Con información de AFP