Escándalo en Colombia por el aborto de un bebé de 7 meses de gestación contra la voluntad del padre

Juan Pablo Medina, de 25 años, recurrió a la Justicia para intentar evitar que su novia, una estudiante de 22 años con un embarazo de siete meses, se sometiera a un aborto.

Medina, estudiante avanzado de Derecho, oriundo de Popayán, suroeste de Bogotá, contó a los medios que el bebé que esperaban había sido concebido de común acuerdo y que el niño no tenía “ninguna afectación, ninguna malformación”.

Dijo que con su novia llevaban 14 meses de relación y que de común acuerdo decidieron tener un hijo. En septiembre pasado supieron que ella tenía tres meses de embarazo. “Nos puso muy contentos. Pensamos bautizar al niño como Juan Sebastián”.

Las cosas cambiaron cuando el 27 de diciembre la madre de ella supo del embarazo y trató de disuadirla con el argumento de que afectaría sus estudios. La mujer empezó por separar a los jóvenes, y Juan Pablo perdió contacto con su novia, hasta que se enteró, en enero, de que ella “estaba hospitalizada voluntariamente solicitando el proceso del IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo)” .

“El 7 de enero se comunica una familiar de ella con un familiar mío -contó a la Semana.com- y le dijo que la madre estaba en un hospital en Cali y que el bebé traía malformaciones”, cosa que él niega.

El joven se declaró convencido de que la decisión no era de ella, sino fruto de la presión de su familia, en especial de su madre.

A inicios de enero se enteró de que su novia estaba hospitalizada por un supuesto “estado crítico de salud” y “malformaciones” del bebé. Pero la EPS (Entidad Prestadora de Salud) de la joven se negó a certificar que existiera una causal de “salud mental” para abortar.

Juan Pablo Medina se mostró muy extrañado ante estos argumentos “porque hasta la última ecografía del 6 de diciembre el bebé venía en óptimas condiciones”. Hasta ese momento habían realizado los controles prenatales con normalidad.

Los parientes de la muchacha le dijeron que ella alegaba no estar “preparada para acoger al bebé, que quería terminar su carrera y (que no tenía) los medios económicos”.

El hospital de Cali dio de alta a la madre en perfecto estado el 21 de enero. Entonces entró en acción una ONG llamada -irónicamente- “Profamilia”, cuya especialidad al momento de su creación (1965) era la contracepción y ahora es el aborto [está afiliada a la Federación Internacional de Planificación Familiar], desde que la Justicia colombiana aprobó un Protocolo de aborto no punible, similar al que rige en Argentina actualmente.

En mayo de 2006, y mediante sentencia C-355/06 de la Corte Constitucional, el aborto había sido despenalizado en Colombia para los casos de riesgo de vida de la madre, violación sexual y malformaciones fetales.

El tema sigue en litigio y hay demandas presentadas ante la Corte Constitucional de Colombia, para que se defiendan los derechos del niño por nacer.

“Todos los colombianos sabemos que (Profamilia) es una de las entidades que está a favor del aborto”, dijo Medina en una entrevista con Semana.com. “Ellos manifiestan que ella se encuentra afectada psicológicamente, que tiene tendencia a querer realizar un suicidio y demás”, agregó.

Medina, entretanto, insistía en que su hijo por nacer era “un niño que ya prácticamente puede vivir fuera del vientre de su madre”, y que él estaba dispuesto a criarlo solo.

“Si una madre soltera puede salir adelante, un padre soltero también puede”, decía, y pedía que no se le quitara “la vida al bebé” y que se lo entregasen a él.

“Para mí él es Juan Sebastián, ya compré todo, la cuna, el kit de aseo. Quiero que me lo entreguen a mí y no se le vulnere su vida”, dijo.

A través de sus abogados presentó una denuncia penal por tentativa de homicidio y una acción de tutela. En la impugnación a la tutela interpuesta por Juan Pablo Medina, Profamilia sostuvo que el 22 de enero se le había hecho una valoración psicológica a la madre, que confirmó la causal de “salud mental” y gestionó la realización del procedimiento como era “su obligación”.

Pero el juez había dictaminado que no bastaba con la opinión de Profamilia y pedía una nueva valoración de la causal salud mental de la madre esgrimida para realizar el aborto. El centro respondió que ese pedido de la Justicia era una traba a un “derecho” fundamental. Y que estaba “obligado a garantizar la prestación de servicios de IVE” bajo las instrucciones de la Circular 003 de la Superintendencia de Salud “de realizar el procedimiento, de ser médicamente posible, dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la consulta”. También argumentó que pedir certificados médicos adicionales era “una traba y una barrera administrativa” para el “derecho” del aborto.

Jaime López, el personero de Popayán cuyas funciones, entre otras, son la guarda y promoción de los derechos humanos y la protección del interés público, dijo que si el caso no se encuadraba en las causales fijadas por la Corte Constitucional, el procedimiento sería ilegal. Y anunció que tratarían de ponerse en contacto con las autoridades de la clínica para “tratar de establecer cuál va a ser el tratamiento que se va seguir”, y que consideraban convocar a trabajadoras sociales de la misma clínica y de la Secretaría de Salud y de la Defensoría del Pueblo para acompañar el caso, “porque lo más importante es proteger el derecho a la vida, cuando no sea una de las circunstancias que ha establecido la Corte para que se pueda proceder a practicar este tipo de procedimientos”.

Pero, sin importar nada de esto, ni atender la súplica de Juan Pablo Medina, Profamilia realizó el aborto del bebé de 7 meses de gestación el 11 de febrero pasado.

La lucha de Juan Pablo por el derecho a nacer de su hijo se había vuelto tendencia en las redes sociales y logró llegar a los medios de comunicación, pero no alcanzó. Tampoco la intervención de la Justicia.

“Los médicos de Profamilia no tienen alma, no tienen ética profesional. Para ellos es muy sencillo extraer del vientre otro bebé más en Colombia”, dijo Medina, cuando aún creía posible salvar al bebé.

El juez no había rechazado del todo el “derecho” de la madre a abortar, pero puso en duda las causales alegadas,. y en su fallo del 30 de enero le había dicho a Profamilia que no era posible “dar por cumplido el requisito establecido por la Corte Constitucional referido a la certificación médica”, teniendo en cuenta que el ginecólogo (de Profamilia) “no es el idóneo para conceptuar frente a la salud mental de una persona”. En consecuencia, pidió una nueva valoración a la EPS de la madre gestante antes de que se practicara el aborto.

La entidad no esperó que se cumpliera lo ordenado por el juez y procedió a abortar a Juan Sebastián, antes de que la Justicia hubiera resuelto el planteo de fondo.

Los términos en los que Profamilia justificó la causal de salud mental con fecha 6 de febrero son los siguientes: “(La joven) comenta que desde que se enteró de la gestación ha experimentado una serie de cambios a nivel emocional, se torna deprimida, en crisis de llanto, comenta que con frecuencia ha tenido pensamientos negativos asociados a ideación suicida (como lanzarse hacia los vehículos, lanzarse de un tercer piso, cortarse las venas o el estómago), ha presentado alteración del sueño y el apetito, se torna dispersa, con falta de concentración y aislamiento, manifiesta que se han generado cambios en la forma de relacionarse con las personas y que desearía volver a ser la joven alegre a la que le gustaba salir, bailar, recochar [sic, por divertirse] y que se sentía feliz”.

“A través de la valoración realizada -concluía la entidad- puede evidenciarse que la actual condición de la paciente a partir de una gestación no planeada está generando una afectación en la esfera mental, representando riesgos para la salud física y mental a corto y largo plazo, estando así amparada en la causal de riesgo para la salud”.

¿Resulta creíble? En todo caso, quedó la duda acerca de si la muchacha fue informada de la voluntad de su novio de criar al niño por su cuenta. O de la alternativa de darlo en adopción. La versión de la joven de que la gestación no fue planeada tampoco fue chequeada con el padre ni con el entorno.

Tras dos semanas en que el caso estuvo en los medios y en las redes, se supo que, finalmente, el 11 de febrero, se llevó a cabo el aborto. Al padre se lo notificaron las autoridades judiciales. “Lo mataron”, dijo.

De inmediato, inició otro proceso legal, ahora con el objetivo de que sean condenados los responsables. Hará la denuncia penal tanto contra su novia como contra la madre de esta, instigadora del aborto.

En un comunicado, el joven agradeció a todos los colombianos que lo habían respaldado en esta lucha y habló del dolor que sentía al perder a un hijo al que deseaba “ver nacer, ver crecer y darle” todo su amor. “¡No permitamos que haya más Juanses en Colombia!”, pidió.

“Este tipo de acciones llevadas a cabo por Profamilia son una muestra del abuso de las decisiones de la Corte Constitucional”, agregó.

La Institución Prestadora de Salud que realizó el aborto advirtió que no revelará los pormenores del procedimiento, invocando secreto profesional.

Es que resultaría extremadamente chocante que revele esos pormenores, ya que a esa altura del embarazo ni siquiera puede hablarse de aborto: se trata de un parto inducido y ciertamente es mejor para ellos que no expliquen de qué modo pusieron fin a la vida de un niño con siete meses de gestación.

Este caso expone los aspectos más polémicos de los llamados protocolos de aborto no punible; a saber, la ambigüedad en la definición de algunas causales (como el “riesgo para la salud de la madre”), la no fijación de un límite temporal en la gestación para la realización de esta práctica, la negación de los derechos del padre del niño concebido y la nula voluntad por buscar soluciones alternativas y por el contrario un verdadero empecinamiento en la vía más drástica y sin retorno por parte de quienes luego aseguran que “nadie quiere el aborto”.

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