No pueden hablar por celular porque los matan: Bojayá, el pueblo tomado por los paramilitares en Colombia

Desde el pasado 31 de diciembre de 2019, Bojayá, un municipio ubicado en la región pacífica del Chocó, vive una incursión paramilitar que tiene a sus habitantes bajo una constante amenaza, reviviendo el fantasma de una guerra de la que han sido víctimas por décadas debido a la ubicación estratégica del municipio para las rutas de la droga ilegal.

La denuncia más fuerte se presentó en plena celebración del nuevo año, el 31 de diciembre, cuando la comunidad de Pogue, zona rural del municipio de Bojayá, denunció la presencia de 300 hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -también denominados como Clan del Golfo- el principal grupo armado del país residual del paramilitarismo.

Estas denuncias tuvieron eco por parte de la Comisión de Justicia y Paz quien afirmó que no solo eran las 121 familias confinadas en Pogue, sino que había por lo menos cuatro comunidades más de la zona que estaban sufriendo el asedio paramilitar, una situación que se viene presentando desde hace más de un año, cuando los Gaitanistas empezaron a tomar más fuerza en el territorio y a disputarse el control de las economías ilegales con el ELN.

Durante el 2019 fueron 13 las alertas que la Defensoría del Pueblo emitió sobre la peligrosa situación de seguridad en Bojayá y el resto del Chocó, en donde la escalada violenta de las Autodefensas Gaitanistas causaron el desplazamiento de poblaciones enteras en diferentes momentos del año.

“La gente no puede comunicarse y están amenazando a todo el mundo. La persona que se logre comunicar vía teléfono y que denuncie lo que está pasando es asesinada (…) Ese grupo está en la comunidad y esos actores están en todo el río. Lo más crítico es Pague y Cuia donde es urgente un acompañamiento internacional”, denunció el 2 de enero a Blu Radio una mujer que vive en la zona y pidió guardar su identidad.

La desgarradora entrevista radial da cuenta de la zozobra que se vive en la región, la cual ha quedado en medio de la disputa de los actores armados por el control de esas zonas y la ausencia del Estado que no ha podido tener una presencia efectiva desde el repliegue de las FARC de estos territorios.

“Por la impotencia que siento como bojayaseña. Yo nací y me crié en Pogue y hace 17 años me tocó vivir los hechos de la masacre y es muy doloroso y preocupante que tengamos una situación tan sistemática y dolorosa. No hay palabras para describir lo que está pasando en esa región (…) lo más grave es que no se puede salir a la agricultura que es el sustento de la gente”, agregó la mujer.

Dijo además que esta situación de tensión con los grupos armados de la zona se agravó desde el pasado 11 de noviembre, cuando recibieron los cuerpos de las personas que murieron en la llamada “masacre de Bojayá”, un acto terrorista perpetrado por la guerrilla de las FARC en ese municipio hace 17 años, en el que por causa de la explosión de un cilindro bomba en la iglesia del pueblo murieron más de 100 personas.

Tras tres días de sitio y miedo, el Ejército Nacional movilizó 70 tropas a la zona, integrantes de la Fuerza Titán. Sin embargo, según declaraciones de los comandantes militares, no encontraron presencia de ilegales.

“Al parecer, los hombres ya se habían ido, porque no tuvimos ningún combate, y todo indica que no era el número que en un principio dio a conocer la población, cerca de 300”, aseguró a El Tiempo el comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez, quien hizo parte del sobrevuelo a la zona junto con el comandante del Ejército Eduardo Zapateiro y otros altos mandos militares.

Una de las principales preocupaciones de la comunidad es que estos grupos armados recluten a menores de edad que viven en la zona para engordar sus filas y entre las denuncias que hicieron desde que señalaron la presencia paramilitar fue que algunos llegaron con comida y regalos para los niños.

Las Fuerzas Militares colombianas dijeron que aumentarán el pie de fuerza en la región y que implementarán estrategias de prevención para impedir el reclutamiento forzado de menores y violaciones a la seguridad e integridad de los habitantes del sector.