La Policía colombiana anunció el sábado la apertura de una investigación para esclarecer la muerte del activista social Nilson Richard Caicedo, fallecido el pasado 22 de diciembre en Mocoa, Putumayo, en el sur de Colombia.
Caicedo había denunciado amenazas en su contra durante los últimos meses al menos en diez oportunidades. Además, según el diario colombiano El Espectador, Caicedo había sobrevivido a una serie de ataques por parte de grupos paramilitares, que ya asesinaron a tres de sus hermanos.
El 22 de diciembre, día de su muerte, Caicedo se encontraba en un sitio nocturno en Mocoa.
Caicedo era conocido por trabajar en la zona de la Cordillera de Nariño en temas relacionados con la defensa del desarrollo de comunidades negras en el municipio de Cumbitara.
Se había visto obligado a abandonar sus tierras en el Bajo Patía nariñense hace algunos meses, y le había sido asignado un esquema de seguridad.
Mario Vitery, secretario de Gobierno de Nariño, reconoció que Caicedo “había tenido amenazas y tenía medidas de protección” y señaló que fue asesinado “en hechos extraños”.
En la zona tienen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas, el Frente Stiven González o antiguo Frente 29 de la disidencia de la guerrilla de las FARC.
Esta semana, el asesinato de otra activista había reavivado el debate y despertado la indignación en Colombia. Se trata de Lucy Villarreal, una joven gestora cultural del departamento de Nariño, atacada por un sicario en la carretera que conecta a Tumaco, tras concluir un taller con niños y mientras viajaba a su casa para pasar la Navidad con su familia.
Villarreal, que tenía dos hijas, era reconocida en la región por su trabajo como integrante de la Fundación Cultural Indoamericanto, integrada por músicos y bailarines que trabajan desde 1994 para mostrar su espectáculo artístico durante el Carnaval de Negros y Blancos que se celebra en Pasto todos los años en enero.
A comienzos de este mes la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había manifestado que en lo que va de año al menos 87 defensores de derechos humanos han sido asesinados en el país.
El organismo alertó que esa cifra les ha permitido identificar causas estructurales de estos crímenes que derivan de la falta de presencia integral del Estado en las regiones, razón por la cual considera que defender los derechos humanos es una actividad de alto riesgo en Colombia.
Con información de EuropaPress
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