El alcalde colombiano que deberá pagar millonaria suma por abofetear a un concejal

Rodolfo Hernández, mandatario de Bucaramanga, fue multado con USD 37.4 millones por agredir al cabildante y seguirá suspendido de sus funciones de acuerdo a lo decidido por la Procuraduría

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Imagen del bofetón que el alcalde Rodolfo Hernández le propinó al concejal John Jairo Claro en su oficina después de que este último lo acusara de corrupción.

El alcalde de Bucaramanga, capital del departamento de Santander en Colombia, Rodolfo Hernández, es conocido por su temperamento vehemente y por su intolerancia contra todo lo que considera que propicia la corrupción. En más de una ocasión dicho temperamento le ha jugado malas pasadas, haciéndolo tener salidas en falso que lo han puesto en el centro de la polémica. La más grave hasta ahora, fue una bofetada que le propinó a un concejal en su despacho, por a que ahora deberá pagar una millonaria suma de 37.4 millones de dólares.

El hecho ocurrió el 28 de noviembre de 2018 cuando el concejal del partido ASI, John Jairo Claro Arévalo, acudió a la oficina del alcalde Hernández con una denuncia por supuestos hechos de corrupción en los que habría incurrido el mandatario. Esto desencadenó una discusión entre ambos donde los insultos fueron protagonistas, situación que escaló a tal punto que Hernández agredió al concejal con un bofetón en el cuello.

“Este fue un montaje de parte del Concejal y caí. Él me estaba pidiendo cita desde el martes pasado pero solo hasta ayer lo pude atender. Él llegó al despacho con un camarógrafo, yo no le vi nada de malo, pero en plena reunión empieza a agredir a mi esposa y a mi hijo con mentiras sobre lo de Vitalogic, pues en un momento de rabia me llené de ira y lo pegué un coscorrón. Lamento lo sucedido”, señaló el mandatario a medios locales en el momento de los hechos.

Por su parte el concejal sostuvo entonces que Hernández lo agredió “simplemente por decirle la verdad: que se posa frente a las cámaras como transparente, pero a la espalda su hijo hace negocios como el de Vitalogic o hace sociedades con Fredy Anaya en Entorno Verde”.

La defensa del alcalde siempre sostuvo la tesis de la provocación, y las acusaciones de Hernández al concejal Claro de ser respaldado por “las mafias que se robaron Bucaramanga”. Sin embargo, este hecho que quedó registrado en video, fue objeto de una investigación por parte de la Procuraduría en la que desde el año pasado se han decretado al alcalde varias suspensiones provisionales de su cargo hasta derivar en la multimillonaria multa.

En fallo de primera instancia, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, confirmó la suspensión e inhabilidad del alcalde Hernández por un periodo de ocho meses, al encontrarlo culpable de haber agredido aun servidor público como lo es el concejal Claro, incurriendo así en una falta disciplinaria grave a título de dolo.

“Así entonces, de las pruebas recopiladas hay evidencia que la conducta reviste ilicitud sustancial, ya que, causó daño y afectación en el funcionario John Jairo Claro Arévalo, en su dignidad al ser tratado por el señor Hernández Suárez en forma irrespetuosa e indigna, aunada al hecho de haber ejecutado acto de agresión física”, señaló el Ministerio Público.

Por motivo de las suspensiones provisionales, el alcalde Rodolfo Hernández decidió meses atrás renunciar a su cargo, por lo que este fallo en primera instancia que lo suspende e inhabilita por ocho meses lo encontró fuera de la Alcaldía.

Rodolfo Hernández Suárez, renunció a
Rodolfo Hernández Suárez, renunció a la Alcaldía de Bucaramanga tras ser retirado provisionalmente de su cargo por la Procuraduría. Pese a la agresión contra el concejal claro se perfila como un fuerte candidato a las presidenciales de 2022.

Por esta razón, la sanción se transformó en multa, equivalente a los ocho meses de sueldo que hubiera devengado de continuar como alcalde de Bucaramanga. La suma que deberá pagar Hernández es de $124.103.040 (USD 37.498).

En declaraciones para el periódico Vanguardia Liberal, de Bucaramanga, el concejal Claro, quien en las pasadas elecciones del 27 de octubre no alcanzó a reelegirse en su cargo, dijo que la Procuraduría había fallado en derecho y que con su decisión sienta jurisprudencia frente a las actuaciones de los mandatarios locales.

Por este caso Hernández también está siendo investigado en la Fiscalía por los posibles delitos penales derivados de la agresión, un proceso que podría amenazar su futura aspiración presidencial para las elecciones del 2022 en las que desde ya se perfila como un candidato fuerte de los sectores alternativos en Colombia.

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