A 20 años de prisión fue condenado el cabo del Ejército, Daniel Eduardo Gómez Robledo, después de que un juez confirmara la autoría material del crimen contra el excombatientes de las FARC, Dimar Torres Arévalo, a quien le disparó cuatro veces con un fusil de dotación el pasado 22 de abril.
Luego de haberse sometido a un preacuerdo y confesado el crimen, el cabo Gómez Robledo se convirtió en el primer militar condenado por este crimen, que ocurrió en la vereda Carrizal, del municipio de Convención, Norte de Santander y que fue uno de los escándalos que abonó el camino para la renuncia del ex ministro de Defensa, Guillermo Botero.
“El cabo Gómez Robledo aceptó vía preacuerdo su responsabilidad por el delito de homicidio en persona protegida, por el cual pagará una pena de 240 meses de prisión (20 años), sin ningún beneficio penal”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
El caso de Dimar Torres ha sido uno de los escándalos púbicos más polémicos en los que se ha visto envuelto el Ejército y el Gobierno este año, ya que al conocerse su muerte las primeras declaraciones del Ministerio de Defensa calificaron el hecho como un accidente producto de un forcejeo entre el excombatiente y un militar, algo que luego fue descartado por a investigación y los testimonios del caso.
Lo que dijo el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, fue que el cabo del Ejército bajó por un caño camino a encontrarse con el grupo encargado de custodiar el oleoducto que pasa por la zona cundo se cruzó con el ex guerrillero y este intentó quitarle el fusil.
El municipio de Convención, hace parte de la región del Catatumbo, uno de los lugares con más alta conflictividad y presencia de grupos armados en Colombia. Allí coexisten disidencias de FARC, el ELN, bandas criminales y un reducto del EPL.
Dijo entonces el ministro que “en la refriega se disparó el fusil, esta persona quedó herida y posteriormente falleció”.
Estas declaraciones contrastaron con las de la comunidad y demás miembros del partido FARC que denunciaron que tras la desaparición de Torres las personas de la aldea ingresaron a un campamento del Ejército encontrando una fosa que varios soldados estaban cavando para enterrar allí el cuerpo del ex guerrillero, el cual también hallaron dentro del predio.
Ese hallazgo quedó registrado en video y fue hecho público por Noticias Uno, mostrando que el cuerpo mostraba claros signos de tortura, como la mutilación de sus genitales los cuales reposaban sobre su pecho.
Según el fiscal que lleva el caso de Dimar Torres, al excombatiente de las FARC lo mataron por considerarlo responsable de la muerte del soldado Pablo Emilio Borja García, quien falleció por el accionar de una mina antipersonal el 12 de abril mientras cuidaba el oleoducto Caño Limón-Coveñas.
Esa situación “enervó los ánimos de su comandante, el coronel Pérez Amézquita, a tal punto que ordenó a sus subalternos identificar a los responsables y les dijo: ‘Yo no necesito reportar nada, lo que necesito es vengar la muerte del soldado (...) hay que matarlo”, aseveró el fiscal del caso.
Jorge Armando Pérez Amézquita, teniente coronel del Ejército, también está siendo investigado por la muerte de Dimar Torres, señalado como el responsable de dar la orden para matarlo. Al respecto la Fiscalía ha dicho que tiene suficiente material probatorio, como grabaciones e información legalmente obtenida, para imputarle cargos al militar, a quien además señaló por negar los hechos alrededor de esta muerte ante las autoridades administrativas y judiciales.
El caso contra Pérez Amézquita, sin embargo, aún está pendiente la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento, su caso lleva tres meses suspendido ya que la defensa pidió que fuera revisado para su conocimiento por la justicia penal militar.
Además del teniente coronel también hay otros tres soldados investigados: William Alarcón, Yeison Buritica y Cristian Casilima, todos miembros del Batallón de Operaciones Terrestres N11.
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