Quién es Aída Merlano, la congresista condenada por comprar votos que se fugó en la moto de un servicio puerta a puerta tras saltar por una ventana

En un insólito hecho digno de una novela de Gabriel García Márquez, la primera política colombiana condenada por compra de votos, Aída Merlano, ex senadora del Partido Conservador, se fugó de su esquema de seguridad ayer en Bogotá mientras estaba de permiso para asistir a una consulta odontológica.

La ex congresista, que fue sentenciada por la Corte Suprema de Justicia a cumplir una pena de 15 años de prisión por desarrollar un sofisticado sistema de compra y venta de votos que operó en las pasadas elecciones legislativas de 2018, escapó de los guardias que la custodiaban saltando con una cuerda por la ventana del consultorio y huyendo en una motocicleta cuyo conductor, según testigos de la inverosímil escena, tenía indumentaria de Rappi, la plataforma de domicilios más usada en Colombia.

La fuga de Merlano quedó grabada en las cámaras de seguridad del lugar, ubicado en la calle 119 con séptima, en el norte de Bogotá, al que llegó en un carro del Inpec -entidad carcelaria de Colombia- y escoltada por dos mujeres.

Las imágenes muestran como alrededor de las 3 de la tarde una soga roja es lanzada por una ventana y momentos más tarde una mujer baja por ella sin poder evitar golpearse fuertemente contra el suelo. Ante la sorpresa de los transeúntes que pasaban por el lugar y que intentan auxiliarla, la mujer se levanta rápidamente y se monta en una moto que la estaba esperando.

Para el momento de su fuga, Merlano debería haber estado comenzando su proceso de colaboración con la Fiscalía, pero su cita fue aplazada por el permiso que le concedieron para asistir a la consulta odontológica de llegó poco antes del mediodía.

La macondiana fuga fue confirmada minutos después por el Inpec -entidad carcelaria encargada del traslado de los presos- que aseguró a través de su director William Ruiz, que la ex congresista sería recapturada.

La importancia de Aída Merlano

La ex senadora es la pieza clave en una investigación que amenaza con desenmascarar la cadena de corrupción electoral que opera en la Costa Atlántica elección tras elección, pero que solo hasta el año pasado cuando la Fiscalía allanó el comando desde donde funcionaba la red de compra y venta de votos de Merlano, produjo sus primeras capturas e investigaciones formales asociadas con esta práctica de vieja data en la política colombiana.

En la sentencia condenatoria a Merlano, la Corte Suprema de Justicia ordenó compulsar copias contra poderosos políticos del departamento del Atlántico, de donde es oriunda la ex congresista, entre ellos dos actuales senadores de la república: Laureano Acuña, senador del Partido Conservador -el mismo partido político de Merlano- y Arturo Char, senador de Cambio Radical y hermano del actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, cuya casa política tiene el control de la ciudad desde hace 12 años y en las próximas elecciones del 27 de octubre apoyan al candidato puntero en las encuestas, Jaime Pumarejo.

Otros tres políticos mencionados en la sentencia están buscando la reelección en los comicios que se llevarán a cabo a fin de mes: Aissar Castro y Juan Carlos Zamora, ambos concejales de Barranquilla y miembros del Partido Conservador; y Jorge Rangel, diputado del Atlántico por el mismo partido.

También aparece mencionado el concejal más votado de Barranquilla, Carlos Rojano Llinás, aliado político de la casa Char y ex esposo de Merlano, con quien hacía política.

En Colombia, la política regional -en especial en la Costa Caribe- se suele organizar alrededor de clanes o casas políticas, formados por poderosas familias que han controlado por años el poder en las regiones. Estas familias suelen funcionar de manera hegemónica y heredan sus espacios de poder -como curules en el Congreso, en los concejos o asambleas e incluso las alcaldías de las ciudades- a otros miembros de su familia o aliados muy cercanos a esta.

Merlano hacía parte de una de esas grandes casas, los Gerlein, cuyo cacique – nombre como se le conoce al jefe político de estos clanes- era Roberto Gerlein, el senador más longevo que ha tenido Colombia en su historia, al durar más de 50 años en el Congreso de la República.

La fugada ex congresista hizo su carrera política dentro de esa casa, iniciando como “mochilera” -que es como se les conoce a los líderes barriales que compran los votos para los políticos en época electoral- hasta llegar a ser representante a la Cámara.

En las pasadas elecciones legislativas, Merlano se separó de su padrino político, Roberto Gerlein, tras intentar ser su sucesora en el Senado, pero cuando este decidió reelegirse por un periodo más y convencerla para que volviera a ser su fórmula a la cámara de Representantes, la ex congresista se reveló y se inscribió igual al Senado.

Si bien Gerlein terminó declinando de su candidatura por problemas de salud -hoy tiene 80 años-, esa separación es para algunos analistas de la política local la clave de que haya sido Merlano la primera política capturada y posteriormente condenada por comprar votos, una práctica que, aunque ilegal, ha sido usada impunemente por un sin número de políticos en la historia de Colombia.

Dentro de la sentencia condenatoria a Merlano, por ejemplo, también hay una solicitud de investigación contra Julio Gerlein, uno de los empresarios más poderosos del país.

Julio Gerlein es el hermano menor del ex senador Roberto Gerlein, y la cabeza de Valores y Contratos (Valorcon), una de las firmas contratistas más grandes de Colombia. Su empresa ha sido una de las más beneficiadas por las concesiones adelantadas por las administraciones de la familia Char en Baranquilla y del gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos.

Valorcon es, por ejemplo, socia de Odebrecht en el megaproyecto para recuperar la navegabilidad del Río Magdalena, el cual se adjudicó en 2014 durante el Gobierno de Santos y hoy está detenido por los escándalos de corrupción alrededor de la multinacional brasilera.

El menor de los Gerlein es señalado de ser el financiador de Merlano y de su empresa de compra y venta de votos. Él fue implicado por la propia ex congresista como el músculo financiero detrás de la “Casa Blanca”, como se le conocía a la sede de campaña de la fugada política y cuyo nombre ha sido adoptado para referenciar el caso.

En la “Casa Blanca” funcionaba, según la sentencia de la Corte Suprema, una organizada empresa criminal que contaba con tecnología para rastrear los votos comprados y verificar que efectivamente llegaran a las urnas. Además, se vendían paquetes de votos al por mayor a otros candidatos que adquirían sus servicios.

Las autoridades han ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos por información que pueda dar con la recaptura de Merlano y abrieron investigación contra los celadores y guardias del centro médico de donde se fugó, así como contra el odontólogo que la atendía -principal sospechoso- y unos familiares de la ex congresista que estaban en el lugar, afirmando que por la forma en que se dio la fuga tuvo que haber concurso de terceros.

De ser recapturada, Merlano sumaría a su pena de 15 años por concierto para delinquir otra de 9 años por fuga de presos.

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