Una candidata a las elecciones locales de octubre en Colombia fue asesinada junto con su madre y cuatro líderes sociales en una "masacre" perpetrada en un municipio del suroeste del país en la noche del domingo, informaron este lunes autoridades.
El vehículo blindado en el que iba la aspirante a la alcaldía del municipio de Suárez, Karina García, de 31 años, fue "objeto de un atentado con armas de largo alcance" y posteriormente fue incinerado en el convulso departamento del Cauca, dijo a la AFP Jair Rossi, Defensor del Pueblo (Ombudsman) regional.
En un tuit, la Defensoría del Pueblo condenó la "masacre", en la que también murieron la madre de García, un aspirante a concejal y tres líderes sociales que todavía no han sido identificados.
Condenamos con dolor la masacre perpetrada en el corregimiento de Betulia, municipio de Suárez (Cauca), contra la candidata a la Alcaldía Karina García y sus acompañantes. Los hechos ocurren a menos de una semana de la sesión CIPRAT de la Alerta Temprana 033 para este municipio. pic.twitter.com/v0NHL1H1nc
— Defensoría delPueblo (@DefensoriaCol) September 2, 2019
La zona en donde falleció la candidata del Partido Liberal "es un sector de comunidad indígena", afectado por violencia relacionada con el narcotráfico y la minería ilegal, agregó Rossi.
"Estamos nosotros sufriendo hoy, un padre, una hermana y queda un niño de tres años sufriendo las consecuencias de la indolencia de este país y este mundo guerrerista en que nos tienen en estos momentos", dijo a la AFP Orlando García, padre de la víctima.
García, de 60 años, también denunció que su hija había recibido amenazas de algunos seguidores de otros candidatos.
El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, responsabilizó del hecho a un jefe del grupo de disidentes de las FARC que operan en la zona, conocido por el alias Mayimbú. También denunció el secuestro de otro candidato del Partido Liberal en el Chocó (noroeste) a manos del ELN, última guerrilla reconocida de Colombia.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, ofreció una recompensa de unos 29.000 dólares por información que contribuya a la captura de Mayimbú.
El Partido Liberal lamentó en un tuit la muerte de García a manos de "terroristas" y exigió garantías al presidente Iván Duque para participar en la contienda electoral.
La Misión de Observación Electoral, compuesta por organizaciones de la sociedad civil, registró el asesinato de cinco candidatos "víctimas de violencia política" entre el 27 de julio y el 2 de septiembre.
Violencia desbocada
El número de personas asesinadas en las últimas 48 horas en la zona subió a 12 con la muerte de la candidata liberal y de sus cinco acompañantes.
Un hombre y dos mujeres murieron el sábado en el municipio de Cerro Tijera, en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas por las autoridades. El domingo, en el municipio de Corinto, aparecieron los cuerpos de tres hombres atados con alambres de púas y el rostro cubierto con bolsas negras de plástico. Todas estas muertes violentas ocurrieron en el Cauca, indicó Rossi.
Gravemente afectado por el sangriento conflicto armado colombiano, el departamento tiene una posición estratégica para la salida de cocaína a Estados Unidos a través del Pacífico y la siembra de narcocultivos.
Las comunidades indígenas de la región también han sido víctimas de ataques de disidencias de las FARC que no se acogieron al histórico pacto de paz suscrito en 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos.
De acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia, 158 líderes indígenas han sido asesinados desde la firma del acuerdo, de los cuales 94 murieron durante el mandato de Duque, que asumió hace un año.
Tras el desarme y transformación en partido de las FARC, rebeldes del ELN, disidentes de la otrora guerrilla comunista y narcos -incluidos emisarios de carteles mexicanos- se disputan el territorio.
Esos grupos son señalados por la fiscalía como responsables del asesinato de defensores de derechos humanos. Un total de 462 han muerto desde el 1 de enero de 2016 en todo el país, la mayoría en el Cauca, según la Defensoría del Pueblo.
Los disidentes de las FARC no cuentan con una estructura de mando centralizada y sumarían unos 2.300 integrantes en todo el país, dedicados en su mayoría al narcotráfico y la minería ilegal, de acuerdo con inteligencia militar.
(Con información de AFP)
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