34 años después, la fiscalía de Colombia concluye que no hubo desaparecidos en la toma del Palacio de Justicia

Tres décadas después del llamado "holocausto" del Palacio de Justicia, uno de los episodios más impactantes de la historia de Colombia, la Fiscalía General de la Nación se prepara para presentar un informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -tribunal que condenó al Estado colombiano por este caso- en el que asegura que personas consideradas desaparecidas fueron el resultado de errores técnicos que produjeron "malas identificaciones o cuerpos mezclados".

Así lo reconoció Jorge Ricardo Sarmiento, uno de los fiscales encargados de la investigación a Noticias Caracol, quien afirmó que en los últimos cinco años se ha analizado el material forense que se encuentra en poder de Medicina Legal, los cuales indican que pertenecen a restos de víctimas del holocausto del Palacio de Justicia que fueron reportadas desaparecidas en su momento. Sumado a esto, exhumaciones recientes han encontrado otros restos de desaparecidos y hasta se han rastreado casos en los que se entregaron restos no correspondientes a las familias de las victimas.

El holocausto del Palacio de Justicia sucedió entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 cuando tropas de la extinta guerrilla del M-19 se tomaron el edificio que sirve como sede del más alto tribunal de justicia del país, la Corte Suprema, con el fin de forzar un juicio político sobre el presidente Belisario Betancourt por incumplir los pactos de paz acordados con esa guerrilla.

Otras versiones indican que los guerrilleros entraron al Palacio de Justicia con la misión secreta de quemar los archivos en contra de "Los Extraditables" el gremio mafioso que lideraba Pablo Escobar y que reunía a los principales capos del Cartel de Medellín.

La respuesta del Estado colombiano fue igual o más violenta que la incursión guerrillera, buscando retomar el Palacio a sangre y fuego, en medio de un operativo militar que dejó para la historia imágenes tan impactantes como la de un carro tanque del Ejército disparando contra el edificio, mientras dentro el M-19 mantenía secuestrados a los magistrados de la Corte Suprema, junto con otros funcionarios y empleados de la cafetería.

Por la retoma del Palacio de Justicia y los hechos ocurridos después, la CIDH condenó en 2014 al Estado colombiano y afirmó que existió un modus operandi para desaparecer personas consideradas sospechosas de participar en la toma o colaborar con el M-19.

Dice la sentencia que los sospechosos fueron separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares y en algunos casos torturados y desaparecidos. En el texto de su fallo, la CIDH documenta 11 casos de personas desaparecidas, que son los que la Fiscalía está dando respuesta.

"Los hallazgos que Medicina Legal junto con la Fiscalía han alcanzado en estos últimos cinco años nos permiten afirmar que no fueron casos de desapariciones forzadas, sino que fueron casos de malas identificaciones o cuerpos mezclados. Es decir, estas once personas que supuestamente habían estado desaparecidas realmente fueron mal entregadas o mal identificadas en el año 1985", afirmó el fiscal Sarmiento.

Entre estos desaparecidos están magistrados de la Corte Suprema de Justicia que fueron tenidos como rehenes durante la toma del M-19. Jairo Humberto Aróstegui, otro de los fiscales investigadores del caso dijo que hubo muchas confusiones en el manejo de los restos y que algunos de esos desaparecidos han sido encontrados en fosas comunes o en cementerio enterrados con el nombre de otras personas.

"56 cuerpos fueron a parar a cementerios de diferentes partes del país y 38 fueron a parar a la fosa común del cementerio del sur (Bogotá). En la mayoría de los casos hemos encontrado cuerpos que fueron entregados en los cementerios, muchos de los desaparecidos del Palacio de Justicia. De esos desaparecidos algunos que se entregó como 'Pepito Pérez' terminó siendo 'Manuel Gómez'", sostuvo.

Por su parte la directora del Instituto Nacional de Medicina Legal, Adriana García, justificó los errores técnicos cometidos en la época por no contar con las herramientas adecuadas con las que se cuentan hoy para identificar los cadáveres.

"Hacíamos identificaciones con huellas dactilares, pero no todos los cuerpos tenían huellas dactilares, entonces algunas identificaciones fueron orientadas con elementos, pertenencias, objetos, que no son una identificación fehaciente. Para ese momento sí hubo deficiencias frente a la identificación, deficiencias que es lo que estamos corrigiendo en este momento 30 años después", manifestó la funcionaria.

Sobre los hechos alrededor del holocausto al Palacio de Justicia la Fiscalía maneja nueve líneas de investigación activas en contra de 14 militares de la época. El ente acusador reveló recientemente que perdió competencia para tomar decisiones frente al caso ya que desde la entrada en vigencia de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) esta asumió las investigaciones.

De los 11 desaparecidos que reconoce la sentencia de la CIDH restan por identificar seis victimas, el informe completo será presentado por la fiscalía ante el organismo internacional en los próximos días en Barranquilla, donde sesionará el alto tribunal internacional hasta el próximo 6 de septiembre.