Zunga la Perra Roja, la líder social trans que se propuso "pedagogizar la maricada" en la selva colombiana

Entre el desparpajo que la caracteriza, Zunga la Perra Roja permanece en alerta en cada paso. En diciembre pasado su vida pasó del hostigamiento a la violencia sexual. "Era de noche, iba camino a mi casa, apareció un hombre, me amarró las manos y me golpeó, no pude gritar". Así se vive cuando se es líder social y transgénero en Caquetá, uno de los departamentos que históricamente ha sido escenario de guerra en el sur de Colombia. Y en su caso -dice- desde que decidió "pedagogizar la maricada".

Zunga la Perra Roja nació como un personaje artístico en una marcha antitaurina de la Universidad de la Amazonía que reclamaba por mayor presupuesto para la educación. Nació como un acto de rebeldía contra la discriminación y el odio a la diferencia. Nació por la falta de entendimiento sobre la diversidad. Nació para "exigirse como sujeta de derechos" [sic]. Y nació de un insulto, literalmente, cuando ella seguía siendo él. Entonces, comenzó también su transformación de género.

Eran épocas convulsas en el país, de marchas estudiantiles nacionales. Fue por allá en 2011 -recuerda Zunga- cuando se formó una mesa de discusión con el gobierno de Juan Manuel Santos en distintas regiones. En la de ella fue una toma universitaria fuerte, que paró las actividades dos meses, que incluyó hasta huelga de hambre. Y Zunga se propuso ser tan osada como esa toma para llamar la atención: decidió ponerse tacones.

Así, en tacones, se convirtió en miembro de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane). "Una persona me gritó zunga de manera despectiva, me apropié de ese insulto como una estrategia de disrupción política. Nunca me imaginé el alcance que iba a tener ese personaje, pero sí buscaba transgredir, quería que voltearan a verme, no como una demanda individual sino colectiva, de una comunidad visiblemente vulnerada", cuenta. Ahí comenzó todo.

No era que hubiera buscado ser activista y líder social, pero las condiciones de su región se lo exigieron. "Estar en una de las zonas más empobrecidas de Colombia, con mucha violencia, hizo que me cuestionara, eso me llevó a la indignación y esta, a su vez, a la movilización. El discurso del odio imposibilita el desarrollo de las personas como sujetas de derechos", explicó así cómo surgió la idea de "pedagogizar la maricada", a través de la cual sueña con que un día, al llegar a la plaza de Florencia, el municipio donde vive, todos celebren con ella su diversidad.

Desde ese momento Zunga empezó a reconstruirse y a reconocerse como mujer trans. Ya a los 19 años había confesado a su familia lo evidente, pero solo fue hasta convertirse en defensora de los derechos humanos LGBTI que en su casa se habló del tema. Olvidó su nombre jurídico, que por respeto a su construcción de género omite de las entrevistas, y empezó a tocar las puertas de las administraciones locales para exigir garantías. Pronto también le tocó pedir por su seguridad.

Siendo parte del Mane, de la Asociación de Personas Transgénero de Caquetá (Asotranca), del Colectivo LGBTI Marxista León Zuleta, de Marcha Patriótica y del grupo LGBTI por la Paz (que surgió para defender los acuerdos de La Habana) ha expuesto las violencias contra las personas de su comunidad, y eso también la ha puesto en riesgo a ella misma. Ha sido objeto de múltiples amenazas. Una vez la intentaron arrollar con un carro, otra vez la persiguieron con un machete, la acechan en moto cada tanto tiempo. Son más de 10 denuncias las que ha interpuesto ante la Fiscalía.

"Salgo todos los días de mi casa y no sé si voy a regresar, es una zozobra constante", manifiesta. Y así viven cientos de líderes sociales en todo el territorio nacional. Aunque las cifras son inexactas, varían de acuerdo a la organización, todas evidencian un aumento de las amenazas contra defensores en el país.

El último informe de la ONG Somos Defensores, dedicada a la protección y prevención de la violencia contra líderes y defensores de derechos humanos, registró 245 agresiones, entre homicidios, atentados y amenazas de este tipo, en 2019. En el primer trimestre del presente año, entre enero y marzo, cuentan 25 asesinatos. Y los hechos ocurren en 25 de los 32 departamentos que componen a Colombia.

Por su parte, los registros del Instituto de Medicina Legal dan cuenta de 317 líderes asesinados entre enero de 2018 y abril de 2019. Indepaz registró 117 de estos homicidios en 2016 y 170 en 2017. Es decir; que desde 2016 -año en el que se firmó la paz- hasta lo que va de 2019 han muerto más de 600 defensores de derechos humanos. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU advierte que desde 2018 estos crímenes incrementaron tres veces el promedio de los tres años anteriores.

"Ser una mujer trans ya es un punto diferencial, a eso súmale vivir en Caquetá, ser de izquierda y ser propaz. Son muchas etiquetas que me ponen en riesgo, y eso limita el ejercicio mismo del activismo", advierte Zunga. Para ella el gobierno no trabaja de forma articulada en prevenir estas violencias, pese a contar con un sistema de alertas tempranas, que muchas veces no cobijan participaciones ciudadanas populares como las que ejerce. Ninguna de sus denuncias a surtido efecto. Alguna vez solo le propusieron tener un policía de guardaespaldas, lo que no vio como opción, dice.

Tal como sostiene Zunga en su propio caso, la ONU documentó que el 66% de los asesinatos contra líderes sociales están relacionados con denuncias y oposición contra el accionar criminal, de la violencia a niveles endémicos y del apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en el tema relacionado con la sustitución de cultivos ilícitos.

"El gobierno no quiere reconocer que el asesinato de líderes sociales es sistemático, porque reconocerían que hay un genocidio en contra de la participación social y ciudadana, lo que se vería muy mal ante la comunidad internacional. Pero es sistemático", dice Zunga. Y sí, los casos son constantes.

En los últimos cinco días fueron asesinados los líderes Luis Joaquín Trujillo en la Sierra Nevada de Santa Marta y Concepción Corredor en Casanare. Además, hubo un atentado contra Henry Chaverra, líder de Belén de Bajirá, Chocó; y circuló en redes sociales un panfleto firmado por las Águilas Negras que amenazaba de muerte a siete mujeres líderes a las que señalaban de seguidoras de la izquierda.

"El 93% de los homicidios ocurre en regiones que registran una débil o nula presencia del Estado, y son también el resultado de sustanciales retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente en lo relacionado con la reforma rural integral y la sustitución de los cultivos ilícitos", sostiene la ONU.

Esas regiones son también zonas abandonadas por las FARC tras su desmovilización, cuyos espacios se están disputando los grupos armados ilegales. Caquetá es una de esas regiones. Zunga es consciente de que pese al fin del conflicto armado, la violencia se mantiene, y ella lo sabe porque la guerra le tocó desde su infancia.  

Zunga nació en un pequeño poblado de poco más de 7.000 habitantes llamado Curillo, ahí en Caquetá. Es la menor de seis hermanos criados por una madre soltera, abandonada por un esposo cuando Zunga tenía escasos tres meses de nacida. Pero su familia llegó allá desde Antioquia, de donde salieron desplazados por primera vez durante la guerra bipartidista entre conservadores y liberales en la década de los 50.

Hace alrededor de 12 años uno de sus hermanos, Mauricio, quien trabajaba como agricultor en Nariño, fue asesinado en extrañas circunstancias por paramilitares. Meses después un tío, transportador fluvial en el río Putumayo, cayó en una masacre perpetrada por el mismo grupo armado, acusado de colaborar con la guerrilla. Pero los primeros muertos que vio fueron de las FARC, en un ataque de 1998 en su municipio natal que dejó 12 policías asesinados.

"Yo no vi la guerra por televisión como muchos privilegiados de las grandes ciudades, a mi me tocó vivirla, por eso le apuesto a la paz", comenta. No siendo suficiente, Zunga también padeció la violencia del estigma social, de la discriminación, esa que la quería encasillar toda su vida en "la loca de pueblo", pero a la que se opuso. "Sabía que lo único que me iba a sacar de allá era la educación", así que se fue a Florencia a estudiar Licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de la Amazonía.

Aunque la lucha la sigue, la sigue porque entiende que aunque ha disminuido el "control sobre los cuerpos de mujeres y personas LGBTI a través de las armas", la acción persiste en muchas zonas de su Caquetá. Las organizaciones Colombia Diversa y Caribe Afirmativo entregaron un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que describen los delitos de lesa humanidad a los que era sometida esa población por prejuicios relacionados con la orientación sexual y la identidad de género durante el conflicto armado.

Registran que tanto las FARC como los paramilitares perpetraron crímenes de persecución, como violencia sexual, feminicidios y homicidios, amenazas, desplazamientos y trabajos forzados. Estos grupos impusieron un orden social excluyente en las zonas donde hacían presencia, en la que la permanencia de la organización se mantenía en gran medida por esa legitimación. Pero Zunga asegura que las cosas no han cambiado del todo.

"En algunas zonas, como en el norte de Caquetá: San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, hay reportes de que estos grupos ilegales hacen cobros de vacunas, eso nos preocupa porque el control territorial pasa también por un control sobre las agendas de las mujeres, de los LGBT. (…) Dicen qué actividades económicas realizar, la manera de vestir, a algunas mujeres incluso las rapan si incumplen alguna norma", cuenta.

Por eso se mantiene en la lucha, pues gracias a la contundencia de los debates dados hace dos meses la gobernación de Caquetá sacó un decreto de política pública para garantizar los derechos de las personas diversas. Aunque todavía le preocupa su seguridad y la deshonrosa cifra que en 2016 dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que afirma que el 80% de las mujeres trans de Latinoamérica tienen una expectativa de vida de 35 años.

"Mi mamá y mis hermanos me llaman todos los días a preguntarme si estoy viva (…) Yo misma me pregunto cuánto más voy a vivir, ¿hasta los 35?, ¿superaré esa lamentable expectativa o me matarán antes por ser líder social o por ser marica o por ser ambas? (…) Mi única expectativa de vida en este momento es mantenerme con vida lo más que pueda". Zunga la Perra Roja tiene 27 años de edad.

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